Dulce María Ramos

México es un país privilegiado, ya que posee una extraordinaria riqueza natural, que comprende una gran diversidad de ecosistemas y especies, extensos litorales, valiosas reservas de hidrocarburos y yacimientos minerales, entre muchos otros. A lo largo del tiempo, este patrimonio ha sido fundamental para el desarrollo de las comunidades asentadas en su territorio.

Si bien la explotación de estos recursos ha estado siempre en la base de nuestra economía, a partir de la última década del siglo xx, el extractivismo, caracterizado por la explotación a gran escala de bienes naturales, escasamente procesados y con fines de exportación, se ha extendido y profundizado en nuestro país como un modelo económico y político. Hoy, éste no se limita a las actividades consideradas como tales, como la minería y los hidrocarburos, sino que comprende, asimismo, los agronegocios, las energías renovables y la construcción de grandes proyectos de infraestructura, turísticos y de comunicaciones, debido a que operan bajo la misma lógica capitalista.

Este modelo, que se legitima a través de un discurso desarrollista que promete crecimiento económico y progreso, emplea la violencia y el despojo, degrada los ecosistemas y aumenta la desigualdad y la pobreza.

En las últimas décadas, los diferentes gobiernos han flexibilizado la legislación, a la vez que han reducido estándares ambientales y creado diferentes herramientas para atraer la inversión privada extranjera en diversos sectores, colocando los intereses económicos por encima del bienestar de la población y el ambiente.

El actual gobierno ha conservado el modelo extractivo. Sus proyectos insignia, tales como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, se han promovido con la narrativa de impulsar el “desarrollo” del sureste mexicano, sin embargo, han provocado el despojo de muchas comunidades y causado una severa degradación ambiental en el territorio, lo que está impactando de manera negativa las formas de vida de las poblaciones.

El extractivismo en México está causando un grave deterioro ambiental. Además, la imposición de los proyectos afecta la salud y la calidad de vida de la población, altera los medios de vida y destruye el tejido social.

Por otro lado, este modelo privatiza el patrimonio natural y debilita la soberanía del país, ya que cede el control de grandes extensiones de territorio a las empresas, principalmente extranjeras.

Ante la imposición de los proyectos extractivos, los pueblos y las comunidades se organizan para defender sus territorios, su derecho a gozar de un ambiente sano y decidir su futuro. Sin embargo, se enfrentan a situaciones de gran asimetría de poder, que los colocan en condiciones de desventaja frente a las grandes empresas.

El rechazo a los proyectos, se califica como oposición al “desarrollo y al progreso”; más aún, las personas que defienden su territorio a menudo son criminalizadas, estigmatizadas, e incluso privadas de la vida. De acuerdo con la organización Global Witness, 31 personas defensoras ambientales fueron asesinadas en México en 2022.

Frente a esta compleja realidad, la Universidad Iberoamericana, congruente con su Misión, busca contribuir a la justicia social y al cuidado de la Casa Común. Por ello, creó el Observatorio de Conflictos Socioambientales (OCSA), un proyecto de investigación de corte hemerográfico que coordina la Dirección de Incidencia a través de los programas de Interculturalidad y Asuntos Indígenas, Asuntos Migratorios y Universitario para la Sustentabilidad.

El OCSA documenta la conflictividad socioambiental detonada por el extractivismo, con el propósito de contribuir a la defensa del territorio, el medio ambiente sano y la vida digna de las personas y las colectividades en México. Consta de una base de datos, un mapa interactivo y un archivo hemerográfico de acceso libre.

El modelo extractivista se extiende en nuestro país a gran velocidad, arrasando con la vida. Se trata, sin duda, de un modelo económico que es ambiental y socialmente insustentable. Si queremos garantizar una vida digna para todos y todas en el futuro, es urgente cuestionar este modelo y buscar alternativas al desarrollo que permitan combatir la pobreza y la desigualdad y conservar nuestro valioso patrimonio natural.

Si desea saber más sobre el ocsa, consulte la página

Observatorio de Conflictos Socioambientales (OCSA)
Universidad Iberoamericana

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