Ángeles Hernández Alvarado
Programa de Asuntos Migratorios (www.prami.ibero.mx)
Universidad Iberoamericana Ciudad de México
A veces –solo a veces- pareciera que la indignación y la rabia nos son ya insuficientes para conocer, para acompañar y para solidarizarnos con el acumulado de violencias y violaciones de derechos humanos causadas por las omisiones y la indolencia de las autoridades mexicanas. A veces también parece imposible seguir procesando, tanto individual como colectivamente, tal dimensión de dolor, miedo y enojo.
Hace unos días se cumplieron tres años de la terrible tragedia en la estancia provisional del INM en Ciudad Juárez, tres años durante los cuales las personas sobrevivientes, las familias y las organizaciones que las acompañan, no han cejado en su exigencia de memoria, verdad y justicia. A tres años de distancia, este doloroso episodio se confirma no como una excepción, no como una irregularidad, sino como el resultado lógico del régimen de fronteras y la política global de contención. A tres años, volvemos a preguntarnos: ¿para quién es la justicia y quiénes tienen real y efectivamente garantizado su derecho a ella? Pero, sobre todo, como sociedad ¿qué otro límite de humanidad estamos dispuestos a ver rebasado?
La justicia que el Estado le debe a las víctimas, de esta y de otras tragedias provocadas, no cabe en una celda, ni se agota en una sentencia condenatoria contra un funcionario público. La justicia que buscamos, que merecemos y por la que hemos luchado, es aquella que restaura la dignidad arrebatada. Una justicia auténtica sería una que asuma la responsabilidad del Estado y de la cadena de mando en los hechos de Ciudad Juárez; una que reconozca como víctimas a las 15 mujeres migrantes que el sistema insiste en invisibilizar y omitir; una que garantice la participación de los sobrevivientes y de las familias de las víctimas, que escuche su palabra, que cumpla sus compromisos.
La justicia a la que aspiramos reconoce, de verdad y no solo en el discurso, las causas estructurales que obligan a las personas a abandonar sus hogares; reconoce los aportes sociales, económicos, políticos y culturales de las personas migrantes; y apuesta por transformar los muros en hospitalidad, la hostilidad en solidaridad, la indiferencia en cercanía. Y es que, a estas alturas de la crisis de derechos humanos que recorre nuestro país de punta a punta, es urgente mirar que, si la justicia no repara, entonces solo es administración del dolor.
Cualquiera que sea la arista desde la que miremos, las metas colectivas –que son las nuestras, pero que también son parte de los discursos oficiales- de menos impunidad, más justicia, menos violencia, más derechos, nos llevan siempre al mismo sendero: es fundamental –y urgente- abandonar el enfoque de seguridad nacional que delinea la política migratoria. Este paradigma, centrado en la criminalización, detención y deportación, no sólo incumple su supuesto objetivo de reducir los flujos migratorios, sino que genera consecuencias graves para la vida de las personas forzadas a migrar, muchas de ellas irreparables, como evidencia con cruel claridad el caso de Ciudad Juárez.
Es profundamente indignante y doloroso que la violencia sistemática nos siga convocando a la reacción urgente. Sin embargo, hoy como siempre, resulta fundamental recordar que nos sigue articulando también la resistencia y la potencia de la lucha de las personas y familias migrantes, las que están en tránsito y las que les esperan en casa. Nos sigue convocando su capacidad para sostener la vida y esa interpelación que nos hacen para no dejar de insistir, para seguir caminando junto a ellas, para seguir respondiendo a ese compromiso ético e histórico de no guardar silencio.
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