Por Paola Lilí García Alanís
Observatorio de Conflictos Socioambientales (OCSA)
Los reiterados procesos de despojo que se suman a la indiferencia frente a la violencia ejercida contra quienes defienden la vida en las comunidades, obliga a preguntarnos por el rumbo del llamado “desarrollo” en México. El avance de megaproyectos turísticos, mineros, energéticos y de infraestructura continúa reproduciendo una lógica de lo que David Harvey ha llamado acumulación por desposesión, que se impone sobre las comunidades, ecosistemas y derechos bajo narrativas de progreso que nunca se sostienen en la realidad.
En el año 2024 la empresa estadounidense Royal Caribbean anunció la construcción del parque acuático A perfect Day México en Mahahual, Quinta Roo. El proyecto abarca un desarrollo turístico de 90 hectáreas destinado al entretenimiento de turistas provenientes de cruceros dirigidos por la empresa, quién ha manejado el discurso de que esta inversión generará más de 4000 empleos y dinamizará la economía local, presentando el proyecto como una oportunidad de crecimiento para la región. No obstante, las experiencias con otros megaproyectos nos han demostrado que estos discursos han servido para encubrir procesos de despojo territorial, degradación ambiental y precarización de la vida comunitaria.
Partamos del hecho de que Mahahual no es un espacio vacío ni disponible para cualquier tipo de intervención. Es una zona estratégica para la biodiversidad global que se encuentra dentro del Sistema Arrecifal Mesoamericano, el segundo sistema de arrecifes más grande del mundo. De acuerdo con World Wildlife Fund (WWF) el sistema se extiende a lo largo de cuatro países y más de 1,000 km de costas, y constituye un lugar clave para la protección de la biodiversidad, incluyendo las tortugas marinas, más de 60 tipos de corales y más de 500 especies de peces que se encuentran en peligro de extinción.
Además de la importancia ecológica, el ecosistema impulsa formas de vida, economías locales y relaciones comunitarias que han permitido sostener la vida social durante generaciones, por lo que la transformación radical del territorio para adaptarlo al turismo masivo pone en riesgo estos equilibrios y profundiza la vulnerabilidad de las comunidades locales.
Resulta particularmente preocupante que, pese a los anuncios públicos de Royal Caribbean Group sobre el cumplimiento de la normatividad ambiental, no exista claridad institucional sobre la autorización del proyecto. En respuesta a la solicitud de información 340026700175425, dirigida a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) no fue localizada ninguna Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), ni trámite promovido por la empresa estadounidense para el proyecto A Perfect Day México en Mahahual, Quintana Roo. Esta omisión no es un detalle menor: revela la forma en que grandes corporaciones avanzan en los hechos, mientras las instituciones responsables de regular y proteger el interés público permanecen ausentes, rebasadas o deliberadamente omisas.
Desde el Observatorio de Conflictos Socioambientales (OCSA) hemos identificado al menos 27 proyectos extractivos que operan actualmente en el estado de Quintana Roo. Este dato no es aislado, sino parte de un patrón más amplio de intensificación del extractivismo turístico, energético e inmobiliario en la región. La acumulación de estos proyectos genera presiones crecientes sobre el territorio, fragmenta el tejido social y normaliza la idea de que el sacrificio ambiental es el costo inevitable del desarrollo.
Frente a este escenario, el Colectivo #SalvemosMahahual ha documentado de manera rigurosa los impactos sociales y ambientales que podrían derivarse de la continuidad de este proyecto. Sus alertas apuntan a la destrucción de arrecifes, la alteración de corrientes marinas, la pérdida de biodiversidad, así como al desplazamiento simbólico y material de las comunidades locales. Las experiencias en otras latitudes han demostrado que, una vez consolidados estos megaproyectos, las posibilidades de reparación son mínimas y los daños, en muchos casos, irreversibles.
El caso de Mahahual no es una excepción, es el síntoma de un modelo de desarrollo que privilegia la rentabilidad de corporaciones transnacionales por encima de la vida, los territorios y los derechos colectivos. Nombrar este proceso como despojo no constituye una exageración retórica, es un acto político necesario para visibilizar la violencia estructural que lo hace posible. La pregunta no es únicamente qué se construye en Mahahual, sino con qué se arrasa en el proceso y quiénes cargan con los costos de un desarrollo impuesto, no consultado y profundamente desigual. Reconocerlo implica asumir que el futuro no es un destino inevitable, sino un campo de disputa que hoy se define, de manera urgente, en los territorios.