Por Diana Sandoval Perevochtchikova
Diego Fernando Bonilla es una persona indígena originaria de El Pericón, una comunidad ubicada en la Sierra Norte de Veracruz. Su idioma materno es el ñuhú, y no domina plenamente el español. En mayo de 2023, Diego fue testigo del asesinato de su amigo Adán. Un día después, fue trasladado por la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGEV) para rendir testimonio. Antes de que pudiera declarar, fue torturado por elementos de la Policía Ministerial que intentaban forzarlo a incriminar a alguien, aunque él había dicho que no reconoció a la persona agresora.
Cuando pudo declarar, lo hizo ante un fiscal itinerante en compañía de una intérprete. Diego narró la tortura en su idioma, pero ambos agentes redactaron una versión en español totalmente distorsionada. Le pidieron que primero firmara el documento en blanco sin explicarle nada. Esa declaración fue utilizada para justificar la prisión preventiva de Silverio Reyes, una persona hñähñu que Diego nunca nombró.
El pasado julio, tras casi dos años privado de la libertad en el centro penitenciario de Huayacocotla, Silverio fue liberado, luego de demostrarse que las pruebas en su contra fueron obtenidas bajo coerción. Sin duda, esta es una resolución positiva, resultado del acompañamiento del Centro Prodh, La Voz Campesina de Huayacocotla, y otras organizaciones de la sociedad civil, que han sido clave para revertir una injusticia profunda. No obstante, su absolución sigue siendo un hecho extraordinario en un contexto donde el aparato judicial no garantiza reparación del daño ni condiciones de protección para las víctimas, en cambio, perpetúa un sistema de justicia selectivo, excluyente y racista.
El caso de Diego no es aislado: revela un patrón de criminalización hacia personas indígenas en espacios burocráticos: legales, médicos, de servicios públicos, y más. Entre 2018 y 2024, en Veracruz se abrieron 3,331 carpetas de investigación por tortura. Según el Registro Nacional del Delito de Tortura (RENADET) es la entidad con mayor número de víctimas registradas en el país, siendo la Policía Ministerial la autoridad más denunciada.
En junio de 2023, Diego presentó una denuncia formal por tortura, acompañado por el Centro Prodh y el Comité de Derechos Humanos de la Sierra Norte de Veracruz. La Fiscalía Especializada abrió una carpeta, pero no realizó ningún tipo de procedimiento durante meses. Bajo estas circunstancias, fue necesario promover un juicio de amparo para que el caso avanzara. A pesar de las pruebas (testigos y peritajes) en mayo de 2025 la FGEV decidió cerrar la investigación, aun habiendo alternativas para su resolución. Actualmente, se interpuso un recurso de apelación en contra de la decisión del juez de control al declararse incompetente para la resolución del caso.
La liberación de Silverio no es una excepción que pueda confirmar un avance nacional en materia de justicia, sino todo lo contrario, corrobora que los contados “logros” para pueblos indígenas dependen de apoyos extraordinarios, y no de garantías institucionales regulares.
Desde el Programa de Interculturalidad y Asuntos Indígenas (PIAI) de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, hemos impulsado el Repositorio de Notas sobre Pueblos y Comunidades Indígenas, una plataforma que documenta casos como el anterior. No se trata solo de informar, sino de evidenciar cómo la falta de reconocimiento de los idiomas indígenas son expresiones claras de una discriminación estructural que refleja el abuso que la Fiscalía de Veracruz —como tantas otras instituciones— ejerce hacia los pueblos originarios dentro del orden del Estado Mexicano.
Consúltalo en: https://piai-web.vercel.app/
Programa de Interculturalidad y Asuntos Indígenas
