Samantha Mino Gracia
En los últimos meses, el mundo ha observado con creciente indignación las atrocidades cometidas por el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos a través de lo que ha sido señalado como un cuerpo con características paramilitares el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Los hechos ocurridos en el estado de Minnesota evidencian una serie de violaciones a los derechos humanos cometidas contra personas migrantes, refugiadas y también contra ciudadanas y ciudadanos estadounidenses, entre ellas: detenciones arbitrarias; uso excesivo de la fuerza; discriminación y perfilamiento racial; violaciones a la libertad de expresión y al derecho a la información; falta de transparencia y de rendición de cuentas; tratos crueles, inhumanos o degradantes, e incluso privación de la vida.
Estas violaciones no son nuevas ni exclusivas del gobierno de Donald Trump. Desde hace décadas, personas migrantes y refugiadas en territorio estadounidense han sido víctimas de violaciones a derechos humanos por parte de la Patrulla Fronteriza y del propio ICE. Asimismo, es importante reconocer que en Estados Unidos existe una larga historia de organización social impulsada por organizaciones, colectivos y redes defensa de los derechos humanos que han realizado valiosos esfuerzos para enfrentar políticas migratorias que vulneran derechos fundamentales.
No obstante, el contexto actual ha hecho particularmente visibles dos hechos, por un lado, las formas de organización comunitaria en distintos estados del país para impedir que ICE arrebate la libertad a personas, independientemente de su situación migratoria; y, por otro, la magnitud de las violencias que este gobierno autoritario es capaz de ejercer no solo contra personas migrantes, sino también contra la organización comunitaria y la propia ciudadanía. Todo ello ha puesto en evidencia que las violaciones a los derechos humanos cometidas contra personas migrantes generan un contexto de impunidad, normalización de las violencias y ausencia de transparencia y rendición de cuentas, cuyos efectos se extienden a otros sectores de la población, incluida la ciudadanía estadounidense, pero además erosionan el estado de derecho, las instituciones y las garantías de una sociedad democrática.
Retomo estas reflexiones sobre lo que ocurre en el país vecino para hablar de nuestra realidad en México. De este lado de la frontera, las políticas migratorias no son sustancialmente distintas; por el contrario, se encuentran intrínsecamente vinculadas a un proceso de externalización de las fronteras de Estados Unidos hacia México, Centroamérica y otros países del continente. Si bien en México existe una Ley de Migración que establece principios de respeto a los derechos humanos y de no discriminación contra las personas migrantes, además de regular el ingreso y tránsito por el territorio nacional, en la práctica opera en todo el país una política de persecución, detención, traslado forzoso y deportación, acompañada del uso de la fuerza por parte de agentes migratorios y de otras autoridades del Estado.
Esta información no es nueva. Sin embargo, resulta indispensable volver la mirada hacia México a partir de la profunda indignación que hoy genera lo que están viviendo nuestros connacionales en Estados Unidos.
El gobierno mexicano, en los hechos, ha cometido violaciones sistemáticas a los derechos humanos, incluidas graves violaciones a los derechos de las personas migrantes forzadas, tales como: detenciones arbitrarias; separación de familias; destrucción de documentos migratorios; uso excesivo de la fuerza —incluidos golpes y otras formas de violencia física—; exposición a condiciones inhumanas de detención; tratos crueles, inhumanos o degradantes; extorsiones; desaparición y privación ilegal de la libertad, y privación de la vida, entre otras violencias. Basta revisar algunos de los episodios más graves de los últimos años: la ejecución extrajudicial de 6 personas migrantes a manos del Ejercito, en los primeros días del mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum, en 2024; la muerte de 6 personas migrantes en un accidente carretero al huir del operativo de persecución por parte del Ejército, en ese mismo año; la muerte de 40 personas migrantes durante el incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, en 2023; las redadas contra personas migrantes en esa misma ciudad, en las que ocurrieron detenciones arbitrarias y separaciones familiares; o las violentas represiones contra personas haitianas en las caravanas en el sur del país en 2021, entre otros múltiples hechos.
Es preciso enfatizar que este contexto va acompañado de un fuerte hostigamiento e intimidación contra personas defensoras de los derechos de las personas migrantes, tal como lo han documentado el PRAMI, la Redodem y el Colectivo de Monitoreo de la Frontera Sur, entre otras organizaciones y redes.
Las violaciones a derechos humanos cometidas contra personas migrantes no son hechos aislados ni excepcionales, sino parte de una política trasnacional que ha normalizado la violencia, la impunidad y la negación de la dignidad humana. Guardar silencio frente a estas prácticas implica tolerar un modelo que no solo vulnera a las personas migrantes, sino que erosiona el Estado de derecho y pone en riesgo los derechos de toda la sociedad. Existen, por tanto, elementos suficientes para que la indignación que hoy recorre Estados Unidos encuentre eco y fuerza en México frente a las violaciones a derechos humanos que aquí se cometen contra personas que buscan condiciones de vida dignas para ellas y sus familias.
Programa de Asuntos Migratorios, Universidad Iberoamericana