Por Karime Aguilera Paredes
La seguridad resulta un tema muy discutido en nuestro país, pero desafortunadamente se aprende poco de lo que han desencadenado las acciones implementadas. Sexenio tras sexenio, diversas autoridades prometen “resultados” aplicando (en esencia) las mismas fórmulas, mientras los delitos evolucionan y siguen ocurriendo con altos niveles de impunidad. Así, la falta de evaluación ha facilitado que las políticas en seguridad se repitan sin modificaciones, ni rendición de cuentas, aun cuando evaluar debería ser una obligación política y no una “opción” técnica o presupuestal.
Ante este vacío, el Programa de Seguridad Ciudadana (PSC) de la Universidad Iberoamericana impulsó Aula en Acción, un ejercicio de diálogo estructurado que parte de una premisa sencilla pero retadora: la seguridad no puede concebirse desde un solo lugar. Necesita un intercambio entre academia, sociedad civil, instituciones públicas y otros actores que experimentan las violencias desde distintas trincheras.
Aula en Acción no es un foro masivo, su formato cerrado impulsa la profundidad sobre la cantidad, facilitando que los resultados no se queden en el aula. Cada sesión se sistematiza en cuadernillos públicos que aterrizan la discusión especializada en materiales accesibles para todas y todos.
En 2025 se realizaron tres sesiones. La primera identificó que, sin evaluación, las políticas de seguridad se repiten sin saber si funcionan, a quién benefician o qué daños colaterales ocasionan. La segunda evidenció que medir las violencias es una condición democrática, pues sin registros confiables de homicidios y desapariciones resulta complejo obtener diagnósticos, justicia y rendición de cuentas. Finalmente, la tercera confirmó que existen experiencias locales que reducen la violencia homicida, pero siguen siendo excepciones difíciles de sostener y escalar.
En conjunto, estas sesiones dejaron una lección en común: sin evaluación, sin registros confiables y sin aprendizaje institucional, la política de seguridad queda atrapada en un ciclo de repetición e improvisación. Bajo este escenario, la extorsión resulta uno de los elementos más evidentes de estas fallas estructurales.
En 2025, la extorsión alcanzó su máximo histórico: entre enero y noviembre se registraron 10,322 víctimas, la cifra más alta para ese periodo desde 2015, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Sin embargo, estas cifras muestran solamente una parte del problema. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025, identifica que el 97.0% de los casos en 2024 no se denunciaron.
Este subregistro masivo no es un fenómeno marginal, se alimenta del miedo a denunciar, de la ausencia de diagnósticos sólidos y de respuestas institucionales incompletas. Daña directamente a pequeños comercios, empresas y hogares, debilitando así economías locales y originando costos sociales que difícilmente se atienden.
Es por ello que la cuarta sesión de Aula en Acción abordará la extorsión en México. Una problemática que integra los obstáculos que las sesiones previas han señalado: registros incompletos, diagnósticos débiles, estrategias poco evaluadas y una capacidad estatal fragmentada.
Como en las sesiones anteriores, los insumos de este encuentro serán sistematizados en un cuadernillo, para brindar material útil para el debate público, la toma de decisiones y la exigencia de políticas de seguridad mejor informadas.
Entender la extorsión es entender cómo las violencias trastocan la posibilidad de trabajar, producir y sobre todo…vivir sin miedo.
Consulta los cuadernillos en: https://seguridadviacivil.ibero.mx/
Programa de Seguridad Ciudadana