En distintas partes del mundo se ha configurado un nuevo campo de disputa jurídica por la actuación de las plataformas digitales y la afectación que generan en la vida de las personas, ya sea por el diseño de sus productos, por las omisiones para corregir sus errores, por la resistencia a asumir responsabilidad y por tratar de aplicar a su favor una extraterritorialidad para quedar fuera del alcance de las leyes.
Esta conducta que han tenido las grandes empresas tecnológicas coloca a los ciudadanos y a los gobiernos frente a un dique, el cual empieza a abrirse mediante resoluciones judiciales contundentes como el fallo del jurado de California, emitido contra Meta y Google, que confirma el daño emocional a los usuarios menores de edad y avizora cambios de fondo para dar orden y marcos legales mejor ajustados a las plataformas.
Los juicios contra estas empresas no son nuevos; de hecho, suman diversos litigios perdidos con la correspondiente sanción económica. Hasta ese extremo se ha colocado la nueva frontera de la justicia frente a las decisiones unilaterales de las bigtech y la necesidad de una actuación ética.
De hecho, a mi parecer, ese es el fondo del fallo de vanguardia del jurado en California, que consideró “negligente” el desempeño de Meta —propietaria de Instagram, Facebook, WhatsApp—, así como de YouTube propiedad del gigante Google, al inducir a la adicción de niñas, niños y adolescentes.
¿Cómo lo han hecho en estos años? Mediante el hilo infinito de videos, conocido como scroll infinito, la reproducción automática de videos cortos y la negativa a modificar sus funcionalidades en las redes sociales. Nada los ha detenido en su tarea de buscar la atención permanente de menores de edad.
El juicio en California —Estado que aloja la innovación digital en Silicon Valley— se desarrolló a partir del caso de una joven que hoy tiene 20 años, que denunció afectaciones a su salud mental, por empezar a ver YouTube a los 6 años, e Instagram a los nueve, padeciendo depresión, ansiedad y dismorfia corporal, entre otros. Ante las evidencias, TikTok y Snapchat decidieron corregir y firmar un acuerdo que se mantiene en términos secretos.
Como resultado de las pruebas y testimonios de las partes, el jurado determinó la responsabilidad y fijó una sanción de 3 millones de dólares, esto es más de 53 millones 341 mil pesos mexicanos. Una sanción que corresponde con el tamaño del daño causado y capacidad financiera de Meta y Google, ambas que cotizan en la bolsa de valores.
Queda aún pendiente la aplicación de sanción a Meta y Google (Alphabet) por los daños punitivos que determinará la justicia de Los Ángeles y una cauda de casi dos mil denuncias similares. Así que, frente a las decisiones unilaterales de las grandes empresas tecnológicas, la justicia es uno de los recursos más sólidos, más allá de intentar el necesario convencimiento de las plataformas de modificar el modelo de uso de sus productos.
Meta y Google dieron a conocer que no están de acuerdo con la resolución, y la podrán impugnar. En su resistencia, ganarán tiempo a costa de los daños a los usuarios y a la reputación de sus marcas, lo que lleva implícita una sanción social.
Desafortunadamente, los golpes de la realidad son contundentes porque ante la promesa tecnológica de tener sólo beneficios, hoy cada vez más familias, organizaciones y autoridades que consideran que la única manera de equilibrar la relación es mediante tribunales.
No se trata de censura —un argumento fácil que no tiene sustento—, sino de algo elemental: garantizar que la innovación no quede por encima del derecho de las personas. En esa tarea, ministros y jueces todos, pueden convertirse en actores decisivos para redefinir las reglas del mundo digital.
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