Hay ideas que parecen muy elevadas, solo como ideales, pero que en realidad han comenzado a tocar la vida cotidiana de nuestro país desde años recientes. Me refiero al humanismo mexicano aplicado al quehacer de nuestras instituciones. Un planteamiento que ha recuperado las mejores lecciones de nuestra historia como pueblo mexicano, para transformar la mirada de nuestra planeación del Estado, aportando con ello una forma integral, profunda y sistemática de comprender, para el caso de la justicia, los delitos que más nos perjudican, más allá del hecho inmediato, para orientar la capacidad del Estado hacia la verdad, la reparación y la paz.
Durante mucho tiempo, una parte de la procuración de justicia trabajó con realidades fragmentadas. El delito se reducía a una clasificación jurídica, la víctima era vista solo como una declaración por escrito, y el contexto representaba un conjunto de líneas para completar una carpeta de investigación. Los resultados fueron cientos, si no miles, de expedientes capaces de describir conductas, pero insuficientes para explicar el daño en toda su complejidad. Hoy una carpeta pretende reflejar una historia humana, una trama de decisiones con consecuencias, el reconocimiento de relaciones de poder explícitas y ocultas, y consecuencias en el nivel individual, colectivo e incluso nacional.
Por eso tiene significado, en el contexto de este nuevo humanismo que —gracias a una determinación jurídica histórica— se haya decidido que continúe el proceso relacionado con la muerte de niñas y niños en una estancia infantil, aun después de tantos años. El tiempo transcurrido, por supuesto, forma parte del daño vivido por sus familias y aumenta la responsabilidad de las instituciones para ofrecer una respuesta integral.
El servicio público crea responsabilidades muy importantes frente a la sociedad. Cuando una investigación alcanza a quien tuvo autoridad, el debido proceso, la independencia ministerial y la solidez de las pruebas adquieren mayor relevancia. Desde esta mirada, el humanismo mexicano remarca la importancia de recuperar la legitimidad institucional, a través de una revisión detallada del ejercicio del poder, para establecer las responsabilidades que correspondan, conforme a un estricto apego a derecho.
Esta perspectiva, reflejada por ejemplo en el más reciente Plan Estratégico de Procuración de Justicia, también está pensada para reconocer aquellos daños que pueden esconderse detrás de cifras administrativas. Al respecto, las sanciones impuestas por el uso irregular de recursos destinados a un programa alimentario hablan de presupuesto, controles y atribuciones; pero hablan, sobre todo, de personas que dependen de la acción pública. Los recursos del Estado representan alimentos, medicinas, escuelas, cuidados y oportunidades. Por ello, protegerlos es una forma concreta de defender derechos y soberanía.
Procurar justicia desde el humanismo requiere mejores ministerios públicos, peritajes confiables, inteligencia financiera, análisis de contexto, coordinación entre instituciones y tecnologías puestas al servicio de las personas. Requiere además una justicia cercana, capaz de llegar a comunidades y territorios donde la distancia ha funcionado como una barrera. Es así que el conocimiento jurídico adquiere sentido público cuando protege la vida y se traduce en respuestas oportunas.
El humanismo mexicano ofrece así una brújula para el futuro de la justicia, pues coloca a la persona en el centro, somete el poder a la Constitución y fortalece al Estado para proteger al pueblo; y su medida se encuentra en resultados profundamente humanos: una familia que conoce la verdad, una víctima que recibe reparación, una autoridad que rinde cuentas y una comunidad que recupera la confianza en sus representantes y servidores públicos.