Se ha publicado la versión más reciente de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); y los hallazgos son especialmente valiosos para perfilar la actuación del Estado en materia de inteligencia, justicia y combate al crimen.
La percepción de inseguridad se encuentra en un 63.8%, lo que representa un reto de presión social sobre el sistema de justicia y seguridad. Para las fiscalías, este nivel de percepción permite reconocer la persistencia de territorios donde la denuncia tiende a reducirse, la cifra negra aumenta y la cooperación ciudadana se debilita, lo que impacta directamente sobre la capacidad de investigación. Al mismo tiempo, para los poderes judiciales, este dato se traduce en una mayor conflictividad social, un incremento de los delitos patrimoniales y mayor presión sobre los sistemas procesales; mientras que, para los gobiernos locales, el dato podría ser evidencia de debilidad de control territorial y deterioro de gobernanza urbana. Para las dependencias de seguridad pública, el dato bien podría funcionar como un valioso indicador de estabilidad social en áreas urbanas y para la seguridad nacional, representa una señal de vulnerabilidad estructural en entornos urbanos de alta concentración poblacional y económica.
Pero vamos más allá de lo estadístico, recordemos que esta encuesta, por su desagregación y diseño, permite también realizar análisis de sus datos a nivel de territorio, espacio, conducta, instituciones y tipos de delitos.
Por ejemplo, al hablar de desagregación física, el instrumento nos permite construir rutas tácticas de intervención. En este sentido, al hablar de sitios donde la gente percibe mayor riesgo, como cajeros automáticos y transporte público, sirve de ayuda a las policías preventivas para definir patrullajes focalizados, vigilancia por puntos críticos, control situacional y despliegue territorial inteligente; mientras que, a las autoridades municipales, esta información ayuda a realizar la priorización de obras relacionadas con la mejora en la iluminación y la infraestructura urbana. A su vez, fiscalías locales pueden considerar estos espacios como zonas prioritarias de investigación; y a las áreas de movilidad, estos datos les ayudan a orientar el rediseño de rutas, paradas seguras y regulación operativa, tanto del transporte público como del transporte particular.
Con relación a las conductas delictivas y antisociales, la ENSU permite construir mapas de criminalidad ambiental, gracias a los datos sobre consumo de alcohol en vía pública, puntos de venta de drogas, vandalismo, pandillerismo, disparos frecuentes, robos reiterados y economías ilícitas. Información de muy alto valor también para las policías, pues les permite distinguir territorios de deterioro comunitario, zonas de expansión delictiva y áreas de control informal del espacio, mientras que a las fiscalías les permite estructurar medidas de inteligencia territorial, investigación por redes, persecución penal focalizada y priorización de objetivos.
Los datos de victimización de hogares por robo, extorsión y fraude, permiten ajustar la política criminal para volverla más diferenciada; por ejemplo, los datos sobre extorsión orientan el trabajo de inteligencia financiera, análisis patrimonial, seguimiento de flujos económicos ilícitos, fortalecimiento de capacidades ministeriales especializadas y coordinación interinstitucional; mientras que los datos sobre fraudes, permiten abrir líneas de investigación económica, control de redes, cooperación con el sistema financiero y persecución penal estratégica. El robo patrimonial permite la focalización territorial, investigación por patrones, reconstrucción de estructuras delictivas locales y prevención situacional. Entonces, estos datos definen prioridades de persecución penal, al tiempo que, para las unidades de inteligencia financiera, ayuda a redefinir líneas de investigación y para el sistema judicial, tipologías procesales dominantes.
La ENSU, gracias al equipo técnico especializado que dirige Adrián Franco en el INEGI, permite articular una arquitectura de actuación que aporta insumos de alto valor para policías preventivas, inteligencia criminal, persecución penal, política de prevención, planeación urbana, seguridad interna y seguridad nacional; ya que su valor central es responder a preguntas centrales del Estado: dónde intervenir, con qué capacidades, bajo qué modelo institucional y con qué combinación de prevención, inteligencia, investigación, control territorial y fortalecimiento local. Por ello, la ENSU permite alimentar el diseño de las políticas criminales, a partir de evidencia objetiva y actual.
Enhorabuena entonces por un esfuerzo como la encuesta, un insumo para la estrategia territorial basado en información pública, capaz de transformarse en política institucional, ésta en control territorial, reducción del delito y fortalecimiento del Estado en su función esencial: garantizar orden, legalidad y seguridad pública para las y los mexicanos.
Académico