La crisis global originada por la Covid-19 no sólo ha puesto a prueba los sistemas de salud, sino también a las instituciones que garantizan los derechos a la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales. La disponibilidad de información amplia y oportuna sobre las medidas de prevención y atención de la pandemia puede salvar vidas y, al mismo tiempo, la gestión responsable de datos personales relacionados con pruebas y diagnósticos, así como tratamientos y su eficacia es imprescindible para la democracia.
Se ha hecho evidente la necesidad de contar de manera permanente con mecanismos de rendición de cuentas que, en tiempo real, permitan fortalecer la transparencia y proteger la privacidad de los ciudadanos. Por eso, México necesita un Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) fuerte y cercano a la ciudadanía.
Como aspirante a comisionada del Inai, estoy convencida de que el instituto debe elevar su impacto positivo sobre la vida de las y los mexicanos, trascendiendo su alcance más allá de los grupos que históricamente han interactuado con él, como periodistas y académicos. Se debe democratizar el acceso a la información promoviendo una mayor interacción con las y los ciudadanos.
El Inai debe ser un faro que apunte a la protección más amplia de los derechos que tutela y se convierta en una guía para que los ciudadanos los ejerzan y defiendan. Por eso, el instituto debe avanzar de manera decidida en al menos tres ejes:
1. Consolidar el derecho de acceso a la información para el bienestar de la población. El Inai necesita construir nuevas herramientas jurídicas y tecnológicas para interactuar con todos los ciudadanos, especialmente con quienes no conocen o no se han acercado al instituto.
2. Afianzar el derecho de protección de datos personales como base de un sistema democrático que respete la privacidad. El mal uso de la información privada vulnera a las personas, las instituciones y la sociedad, minando la confianza en la democracia, que es nuestro activo social más valioso.
3. Garantizar que el acceso a la información sea inclusivo y al mismo tiempo contribuya a construir una sociedad más incluyente. El Inai debe aportar a la lucha contra las desigualdades y violencias, por ejemplo, para promover el empoderamiento de las mujeres y otros sectores vulnerables: grupos étnicos, personas en situación de discapacidad, víctimas de la violencia y adultos mayores. Esto significa ampliar el alcance geográfico y social en comunidades con acceso limitado a medios electrónicos, o aquellas donde las lenguas indígenas sean de uso común.
El Inai debe consolidarse como una institución autónoma capaz de promover el fortalecimiento de la democracia transparentando el ejercicio del servicio público. Hoy, tiene el reto de ampliar la eficacia de esa tarea, incorporando de manera más amplia a los ciudadanos y promoviendo de manera más activa una sociedad realmente informada e incluyente.