La reciente decisión de la Unión Europea de designar a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán como organización terrorista ha sido presentada como un acto firme en defensa de los derechos humanos y la seguridad internacional. Sin embargo, más allá del gesto político, la medida abre un debate mucho más profundo y abstracto: qué es el terrorismo, quién tiene la autoridad para definirlo y con qué fines se utiliza ese concepto en la política internacional.
El problema de fondo es que no existe una definición universalmente aceptada de terrorismo. Desde hace más de cincuenta años, organismos internacionales, juristas y académicos han intentado consensuar una definición sin éxito. Algunas descripciones se centran en el uso deliberado de la violencia contra civiles con fines políticos; otras incorporan la intimidación sistemática, el miedo como herramienta y la coerción de gobiernos. Todas fallan en algo: o excluyen la violencia ejercida por los Estados o entran en contradicción con prácticas históricamente toleradas por la comunidad internacional.
Esta ambigüedad no es accidental, es funcional. A lo largo del siglo XX y lo que va del XXI, el término terrorismo ha sido aplicado de forma selectiva. Movimientos que fueron catalogados como terroristas terminaron convertidos en gobiernos reconocidos o interlocutores diplomáticos, mientras que Estados han ejercido violencias masivas sin recibir la misma etiqueta. El concepto se adapta al contexto político, no al revés.
En ese marco, calificar a una fuerza armada estatal como organización terrorista no es solo una sanción jurídica: es una operación de deslegitimación política. La principal ventaja de este tipo de decisiones no es militar ni operativa, sino simbólica. Al etiquetar a una institución estatal como terrorista, se erosiona la legitimidad internacional del gobierno al que pertenece, se limita su margen diplomático, se justifican sanciones más duras y se construye un relato donde cualquier acción futura queda asociada al extremismo.
La Unión Europea argumenta que la designación responde a la represión interna en Irán, donde miles de personas han sido detenidas, encarceladas o asesinadas en protestas recientes, y al papel regional de la Guardia Revolucionaria en conflictos como Siria, Líbano o Yemen. Sin embargo, esta postura convive con una tolerancia histórica hacia prácticas represivas de otros aliados estratégicos, lo que expone un doble estándar difícil de ignorar. La sensibilidad moral aparece de forma selectiva y estratégicamente localizada.
No es casual que países como Alemania, Francia, Países Bajos y los Estados bálticos hayan apoyado activamente la decisión, alineándose con Estados Unidos y Canadá, mientras que actores clave como China, Rusia, Türkiye y varios países del Sur Global la han criticado o rechazado. Para estos últimos, la medida representa una politización del concepto de terrorismo y un precedente peligroso: la normalización de la criminalización de instituciones estatales según conveniencia geopolítica.
En Medio Oriente, la reacción ha sido aún más polarizada. Israel y algunos Estados del Golfo han celebrado la decisión como un paso necesario para contener a Irán, mientras que otros gobiernos la observan con cautela, conscientes de que este tipo de etiquetas podrían utilizarse mañana contra ellos mismos. La historia demuestra que la deslegitimación externa rara vez debilita a los gobiernos señalados; con frecuencia, refuerza narrativas internas de victimización y resistencia, consolidando a las élites en el poder en lugar de erosionarlas.
En ese sentido, la ganancia real para la Unión Europea no parece ser la transformación del comportamiento iraní, sino su reposicionamiento discursivo como actor normativo en un contexto de pérdida de influencia global. La etiqueta de terrorismo funciona como una herramienta de poder blando duro: moraliza el conflicto, simplifica realidades complejas y desplaza el debate desde las causas estructurales de la violencia hacia categorías absolutas de bien y mal.
El riesgo es evidente. Cuando el concepto de terrorismo se vacía de precisión analítica y se convierte en una etiqueta flexible, pierde su capacidad explicativa y se transforma en un instrumento de la guerra política. Cuando todo puede ser terrorismo, nada se entiende realmente como tal. ¿Estamos ante una defensa genuina de los derechos humanos o frente a una estrategia de deslegitimación selectiva? ¿Quién decide, en última instancia, qué violencias son condenables y cuáles siguen siendo tolerables en el orden internacional actual?