El lunes, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) llevó a cabo un cateo en Mar-a-Lago, propiedad del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Florida.
El registro forma parte de una investigación en curso del Departamento de Justicia sobre el manejo que dio Trump a documentos clasificados, los cuales deben ser entregados por cada administración saliente a la Oficina de Archivos Nacionales.
En febrero pasado, la mencionada oficina de Archivos Nacionales, responsable de mantener bajo resguardo todos los documentos existentes en cada administración, denunció la ausencia de 15 cajas pertenecientes al archivo de la Casa Blanca, entre las cuales se encontrarían documentos clasificados.
Luego del asalto al Capitolio, ocurrido el 6 de enero de 2021, la investigación ha llevado a simpatizantes de Trump a la cárcel, acusados de sedición, uno de los delitos más graves que conlleva buscar el derrocamiento de un gobierno democráticamente electo en Estados Unidos.
El papel del entonces presidente Trump en la toma violenta del Capitolio y en los hechos de aquel oscuro día aún son investigados. Las cajas de documentos faltantes podrían contener información valiosa para desenredar esos hechos.
El registro en sí mismo fue un hecho sin precedentes. Nunca en la historia de Estados Unidos un expresidente había sido sometido a un cateo en su residencia particular. Por supuesto no hablamos de cualquier presidente. En ese sentido, la sustracción de documentos pertenecientes a la nación, y particularmente aquellos considerados como “información clasificada”, tampoco tiene precedentes.
La investigación contra Trump comprende diversos delitos, algunos que serán difíciles de comprobar y otros cuya sanción podría incluso llevar al expresidente a prisión con todas las implicaciones judiciales y políticas que ello pudiera tener, pero resalto principalmente una: la elección presidencial en 2024. En ese sentido, el equipo de Trump emitió, un día después del registro, un video de campaña aludiendo a los fallos en la administración de su sucesor, Joe Biden, y subrayando el uso político de las instituciones de investigación.
Con el 50% de apoyo republicano en las encuestas, Trump sigue siendo un adversario de peso para el resto de contrincantes en su propio partido que no pueden simplemente dar un paso a un lado públicamente en un asunto tan espinoso y políticamente complejo como este. Por ello, los dos días anteriores vimos a figuras como el exvicepresidente Mike Pence; el gobernador de Florida, Ron DeSantis; el senador Marco Rubio y otros republicanos denunciando las motivaciones políticas del cateo y exigiendo explicaciones.
Es claro que no todos los republicanos son pro-Trump, incluso, muchos de ellos son abiertamente antagonistas (como el propio Pence, cuya vida estuvo amenazada en los hechos del 6 de enero). Pero tienen claro que no pueden dar la espalda a quien hoy por hoy sigue teniendo el respaldo de una buena parte de la base electoral del partido. Lo apoyan también, con la esperanza algunos de ellos, de que las investigaciones continúen y terminen por declararlo culpable de los delitos que se le imputan y con ello descalificarlo para competir por la Presidencia.
Defender al expresidente en las circunstancias actuales es conveniente. Sin embargo, no lo será por mucho tiempo.
El cateo puede significar un bote salvavidas para los aspirantes republicanos y el fin del sueño Trumpista de volver a la Casa Blanca.
