La discusión del paquete fiscal, la desaparición de los fideicomisos y en general el trato que ha dado el Presidente de México a los Gobiernos Estatales está provocando grandes tensiones.
Y es que no es únicamente el tema fiscal, también tiene que ver con el desdén con que López Obrador trata a aquellos gobernadores emanados de las filas de la oposición a quienes acusa desde su púlpito mañanero ya bien de uso político de los temas, de lucrar con los problemas ciudadanos y hasta de ofender “la investidura presidencial”.
Sin embargo, la primera pregunta que habría que responder es ¿pueden las Entidades Federativas decidir (ya sea por decisión de su gobierno o por medio de una consulta ciudadana) abandonar el Pacto Federal?
El artículo 40 Constitucional es la base de la integración federal del Estado Mexicano “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.”
Dicho artículo se complementa con lo señalado por el artículo 43 de la Constitución que enumera las entidades integrantes de la Federación, entre las cuales se encuentran, por supuesto, los 10 estados de la Alianza Federalista.
¿Qué significa esto? Que para que una o más entidades federativas pudieran abandonar el Pacto Federal sería necesaria una reforma constitucional a los artículos mencionados. Dicha reforma tendría que presentarse en cualquiera de las dos Cámaras del Congreso Federal (Diputados o Senado) para luego continuar su trámite de aprobación con el 50% + 1 de las entidades federativas y finalmente ser publicada por el Presidente en el Diario Oficial de la Federación.
Hay quienes afirman que este trámite podría iniciarse a través de una Consulta Ciudadana. El artículo 35, fracción VIII numeral 3o de la Constitución, expresamente señala que no podrán ser objeto de consulta “los principios consagrados en el artículo 40” del propio texto constitucional, así como tampoco “el sistema financiero, ingresos, gastos y el Presupuesto de Egresos de la Federación”.
El desdén del presidente a los gobiernos locales contribuye al deterioro institucional auspiciado desde Palacio Nacional. El voluntarismo presidencial de volver a centralizar todos los programas, los medios, los recursos, está cimentado en un interés de concentración del poder en la figura del Presidente.
Las consultas informales organizadas por los gobiernos locales en los últimos días, sirven para mostrar que los gobernadores estatales cuentan con apoyo social y eso el Presidente no lo puede seguir desdeñando. Por supuesto la opción separatista debería estar fuera de la mesa de negociación pues lejos de contribuir a la unidad nacional que se requiere, puede abonar a la polarización social que vivimos hoy en día. La tensión actual puede atraer un resultado mucho peor, el pretexto perfecto para que el gobierno federal radicalice sus posicionamientos.
Si bien es cierto que el Pacto fiscal no podría ser materia de consulta, ni tampoco los principios del artículo 40, en una interpretación forzada podría intentarse para reformar el artículo 43. Sin embargo, serían pocas las posibilidades de que la Corte autorizara una pregunta en ese sentido, a pesar del apoyo social que pudiera llegar a encontrar.
