Como una “olla de presión a punto de explotar” han catalogado diversos medios de comunicación alrededor del mundo, la crisis constitucional en la que se encuentra Haití. El país más pobre del continente se enfrenta hoy a una nueva crisis política que pone en vilo la relativa estabilidad política de esta nación de poco alrededor de once millones de habitantes.
Hace unos días, el actual mandatario, el presidente Jovenel Moïse, acusó a la oposición de atentar contra su vida y de fraguar un intento de golpe de Estado en su contra. Más de 20 personas fueron arrestadas por ello justo el día en que los líderes de la oposición exigían la renuncia del Presidente.
La disputa entre la oposición y el aún Presidente tiene que ver con la fecha en que debe terminar su encargo. De acuerdo con la Constitución haitiana el mandato presidencial tiene una duración de 5 años. Periodo que inicia y termina el día 7 de febrero siguiente a la fecha de las elecciones.
La oposición asegura que el periodo culminó el pasado 7 de febrero, pero Moïse alega que su gobierno comenzó en 2017. Si nos remontamos a lo ocurrido cinco años atrás encontraremos que en octubre de 2015 se llevaron a cabo elecciones en Haití. La Constitución haitiana contempla que ganará quien obtenga la mayoría absoluta de votos en primera vuelta (50%+1) y que de no obtenerla se llevará a cabo una segunda vuelta con los dos candidatos punteros.
Pues bien, en aquel lejano octubre de 2015 ningún candidato ganó con la mayoría requerida en primera vuelta, lo que desató un sinfín de protestas y tensiones que obligaron a cancelar las elecciones de segunda vuelta que se celebrarían en enero de 2016. A pocos días de que concluyera el mandato del predecesor de Moïse, Michel Martelly, las fuerzas políticas alcanzaron un acuerdo para nombrar un gobierno interino encargado de conducir la transición política para que se celebraran las elecciones en un plazo de 120 días. Algo que no ocurrió. Las elecciones se celebraron hasta noviembre de 2016, resultando ganador Moïse, quien tomó posesión de su nuevo cargo el 7 de febrero de 2017. Un año después de lo planeado.
La Constitución haitiana contempla, en el artículo 134-2, la posibilidad de que las elecciones no se lleven a cabo en la fecha esperada (octubre del quinto año de gobierno) y. Que en caso de que no suceda, el Presidente electo entrará en funciones de manera inmediata después de la validación de los resultados pero se considerará que su mandato comenzó el 7 de febrero del año de la elección.
La interpretación del artículo anterior daría la razón a Moïse. La segunda vuelta de las elecciones se llevó a cabo hasta noviembre de 2016. Moïse no ostentó el poder entre 2016-2017. Constitucionalmente está previsto un caso así y el plazo de cinco años debió comenzar a correr en febrero de 2017 no de 2016 porque aún no se habían celebrado elecciones.
En enero Moïse declaró la “caducidad” del Parlamento. Una acción que fue interpretada como una disolución del Parlamento. Sin embargo, esto no es del todo correcto. De acuerdo con la Constitución, la legislatura culminó el pasado 10 de enero. Lamentablemente, el tema supera el análisis o interpretación constitucional, se adentra en lo político y justo ahí es donde los acuerdos llevan meses atorados. Sin haberse realizado elecciones parlamentarias en noviembre, el país cayó en una crisis constitucional que sumada a la falta de voluntad política está hundiendo al país, una vez más, en una espiral de violencia.
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