Enfundado en un abrigo negro, con las calles vacías de Kyiv como telón de fondo y la mirada fija en la cámara, Volodymyr Zelenskyy declaró esta semana que Ucrania podría celebrar elecciones “si los socios garantizan la seguridad”. La frase, pronunciada con tono calmado y reflexivo, llega en un momento especialmente complicado: cuando Estados Unidos y varios aliados europeos han intensificado la presión para que el país acuda a las urnas, en parte empujados por el reciente escándalo de corrupción que golpeó al círculo cercano del presidente y erosionó su credibilidad.
Pero al exigir elecciones en medio de una invasión se dejan fuera dos realidades esenciales: la Constitución ucraniana prohíbe votar bajo ley marcial y la sociedad rechaza abrumadoramente un proceso electoral sin garantías de seguridad.
Esta discusión no surge en el vacío. Coincide con la respuesta de Kyiv al plan de paz estadounidense, reducido de 28 a 20 puntos e incluyendo concesiones como reconocer territorios ocupados por Rusia,, lo que ha generado tensiones con Washington. Donald Trump ha insistido en que Zelensky debe ser “realista” en su búsqueda de un acuerdo.
Los ucranianos, sin embargo, no comparten ese diagnóstico. De acuerdo con encuestas recientes del Kyiv International Institute of Sociology y el Razumkov Centre, solo 12% considera que deberían realizarse elecciones mientras continúa la invasión; 22% las apoyaría únicamente tras un cese al fuego con garantías de seguridad. Esas garantías, como recuerda Kyiv, no existen ni han sido comprometidas. Y sin ellas, cualquier elección sería una oportunidad extraordinaria para la interferencia rusa: sabotaje cibernético, ataques a la infraestructura electoral, operaciones de desinformación y el riesgo constante de violencia contra candidatos y votantes. Ningún país occidental aceptaría votar bajo semejantes condiciones.
La crisis de credibilidad generada por la revelación de que allegados al presidente presuntamente intentaron desviar alrededor de 100 millones de dólares del sector energético no cambia la ecuación constitucional. Ucrania puede investigar, depurar y sancionar sin violar su Carta Magna. El artículo 83 de la Constitución prolonga automáticamente el mandato parlamentario durante la ley marcial y prohíbe realizar elecciones. A esto se suma que la Ley Marcial establece expresamente que ninguna elección nacional o local puede celebrarse mientras ésta siga vigente.
Modificar la Constitución durante la guerra es jurídicamente inviable. Se requieren mayorías calificadas y un proceso deliberativo abierto que, por definición, no puede llevarse a cabo bajo los misiles de un invasor. Plantearlo siquiera equivale a pedirle a un país en llamas que reconstruya su casa mientras el incendio sigue extendiéndose.
Paradójicamente, las encuestas muestran que Zelensky podría ganar nuevamente si se celebraran elecciones, aunque su apoyo ha caído desde los picos de 80% en 2022 y 2023. El propio presidente ha dicho que no buscará la reelección una vez que termine la guerra; su objetivo declarado es concluir el conflicto, no perpetuarse en el poder.
Las elecciones son el corazón de la democracia, pero solo cuando se celebran en libertad, con garantías, sin balas sobrevolando las urnas. Insistir en ellas hoy no es un acto de solidaridad democrática, sino un riesgo que puede desestabilizar al país. En el mejor de los casos, Ucrania podrá votar cuando logre un cese al fuego real, respaldado por garantías internacionales robustas -no promesas vacías- que blinden sus instituciones contra la injerencia rusa. Obligarla a votar ahora, bajo presión externa, no fortalecería su democracia; la erosionaría. Convertiría el ritual democrático por excelencia -la elección libre- en un ejercicio condicionado por el chantaje del Kremlin.
X: @solange_