El pobre futuro de Bolivia

Solange Márquez

Jeanine Áñez ha decidido hacer lo que hacen todos los que llegan el poder: engolosinarse y buscar los medios para perpetuarse en él

Sin altura política, sin visión estratégica ni, por supuesto, visión de Estado. Con la mira puesta solamente en el poder, en quitárselo al otro; en ejercerlo para implementar “su” particular idea de “moral” cuando lo que se requiere es cumplir con la promesa de democracia, respeto a los derechos humanos y hacer efectiva la garantía de los derechos económico y sociales que reconoce la Constitución del país a todos los ciudadanos.

La otrora oposición, ahora encabezada por la Presidente en funciones, Jeanine Áñez, cuya presidencia, como he acusado antes en este espacio, es anticonstitucional, ha decidido hacer lo que hacen todos los que llegan el poder: engolosinarse y buscar los medios para perpetuarse en él.

El día de ayer, Áñez anunció su intención de presentarse como candidata para las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en mayo. Como Presidente de un país la primera obligación siempre es cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Difícilmente Áñez podrá llevar a cabo tal promesa. Desde que asumió la Presidencia de Bolivia, la exsegunda vicepresidente del Senado ha ejercido el poder en abierta violación constitucional. La explicación, como señalé en noviembre pasado (http://eluni.mx/afqj4e), tiene que ver con un asunto que pareciera técnico, pero no lo es.

El artículo 169 de la Constitución Boliviana determina un claro orden de prelación en caso de falta absoluta del Presidente Constitucional, en este caso, Evo Morales. El orden señala en primer lugar al Vicepresidente del país, en segundo lugar a quien Presida el Senado y en tercer lugar a quien presida la Cámara de Diputados. En este sentido hay que recordar que todas las personas que ocupaban esos cargos renunciaron en su momento. Sin embargo, en el caso de la entonces Presidente del Senado, Adriana Salvatierra, nunca se presentó la renuncia formal sino que esta fue únicamente mediática. Sin el documento formal no existe propiamente una renuncia legalmente hablando, a pesar de que esta renuncia fue planeada como estrategia política de Salvatierra con Evo Morales.

El día en que la actual Presidente en funciones tomó protesta, primero como Presidente del Senado y luego (siguiendo la prelación constitucional) como Presidente del país, la aún senadora Salvatierra (Presidenta oficial del Senado) se encontraba afuera del recinto legislativo buscando ingresar, cosa que no le fue permitida. Así, la toma de protesta y el mandato completo de Áñez ha sido anticonstitucional desde un inicio.

La segunda violación constitucional en la que han incurrido Áñez y la oposición desde que se apropiaron del poder en Bolivia ha sido la convocatoria a elecciones. La Constitución Boliviana establece en el mismo artículo 169, que quien asuma la Presidencia deberá convocar a elecciones en un plazo máximo de 90 días, mismos que se cumplirán el próximo 11 de febrero. Sin embargo, violando la Constitución, Áñez ha convocado a elecciones hasta el 3 de m||||||ayo, es decir 82 días después.

En una encuesta difundida días atrás, resaltó que más del 45% de los bolivianos considera que su deber era convocar a elecciones y no presentarse como candidata. Su candidatura es vista como poco legítima y muchos, incluso de quienes la apoyaron al inicio, exigen su renuncia para que no haga campaña desde el poder.

Lamentablemente, a pesar de ser una decisión que carece de toda legitimidad, no existen vicios de inconstitucionalidad, pues el texto supremo del país nada dice respecto a una prohibición explícita para que un presidente interino pueda presentarse en las mismas elecciones que organiza. Su decisión polariza más al país y a la percepción de un futuro nebuloso y poco prometedor en los meses por venir.
 

Analista internacional. @solange_

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