En días pasados el Presidente presentó una iniciativa para modificar el artículo 21 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH). La iniciativa de AMLO busca modificar la Ley con un objetivo muy transparente, hacer legal lo que a todas luces se ha hecho por años pero que ha sido claramente violatorio de la Constitución. Dotarlo a él en su calidad de presidente de atribuciones que le corresponden a la Cámara de Diputados en un rubro muy sensible cuando de elecciones se trata: el manejo del presupuesto.
La Constitución es clara en establecer la facultad presidencial para presentar el proyecto de presupuesto y será la Cámara de Diputados la responsable de su aprobación (artículo 74 fracción IV Constitucional). Hoy el partido del Presidente, Morena tiene mayoría suficiente para no tener que acordar con la oposición dicha aprobación.
De acuerdo con la Ley de Responsabilidad Hacendaria, en el escenario de una crisis económica y la consecuente caída en los ingresos fiscales del Estado, el Ejecutivo debe notificar a la Cámara de Diputados con respecto a los planes de reducción de gasto que pretende llevar a cabo.
En el contexto actual, el Presidente no sólo no ha hecho esa notificación a la Cámara a pesar de que ya hoy, de acuerdo a los Precriterios de Política Económica presentados a principios de este mes, sino que ya ha presentado un decreto con un plan de reajuste y recortes que no fue notificado y por ende tampoco analizado ni autorizado por la Cámara de Diputados en los 15 días establecidos.
La iniciativa de AMLO busca eliminar precisamente esa obligación del Presidente ante la Cámara de Diputados y permitir que sea el Ejecutivo únicamente el responsable de modificar a su antojo las modificaciones y ajustes al Presupuesto que se esté ejerciendo. En un afán por concentrar el poder el Presidente estaría violando la constitución, en un sistema democrático donde se busque privilegiar el control del poder y por ende evitar su concentración en pocas manos, esta iniciativa no puede tener cabida. Un Presidente no puede autorizarse a sí mismo el presupuesto que va a ejercer, así de sencillo. Don Porfirio Muñoz Ledo está en lo correcto al señalar que eso implicaría que el presidente concentrara facultades que no le corresponden.
Políticamente, es una reforma que dejaría a la Cámara de Diputados sin una facultad de control muy importante, porque si el Ejecutivo puede cambiar a su antojo lo aprobado por ellos anualmente, las discusiones legislativas se volverán estériles. El Presidente podrá cambiar todo lo que no le haya parecido desde el inicio y aquí entran los proyectos presidenciales favoritos (Dos Bocas, Tren Maya, Santa Lucía) que no pierden recursos aún en épocas de crisis como la actual.
El Presidente busca silenciar al Congreso y todos los ciudadanos debemos tener muy claro que dejar sin voz al Poder Legislativo es un gravísimo error, especialmente en épocas de crisis. La principal tarea de los Parlamentos en el mundo es controlar el poder y, en regímenes presidenciales como el nuestro, es también evitar que el Ejecutivo concentre facultades. Celebro que haya voces en el Congreso que se han pronunciado ya en contra de llevar a cabo un periodo extraordinario sólo para aprobar esta propuesta que es, sin lugar a dudas anticonstitucional.
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