México se encuentra en una grave crisis forense y de desaparición de personas. Para el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU existe una “situación generalizada de desapariciones” en la que la magnitud de más de 110 mil personas desaparecidas ubica al país en un rango equiparable al de un conflicto armado. Además, los patrones delincuenciales –incluyendo las redes de macrocriminalidad–, la impunidad que ronda el 99.5% de los casos de acuerdo con datos de México Evalúa e Impunidad Cero, así como el déficit de identificación forense con más 70 mil cuerpos de personas no reconocidos, son parte de esta emergencia humanitaria y colapso institucional.
En este contexto no basta solo legislar y crear instituciones para revertir la problemática. Se requiere de una actuación política sostenida para dotar de recursos a las múltiples instancias que se encargan de la atención en materia de desaparición y generar de capacidades institucionales. La designación de Martha Lidia Pérez Gumecindo como nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda realizada por la presidenta Claudia Sheinbaum y la renovación de la totalidad del Consejo Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas por parte del Senado, representan la oportunidad para reencauzar los esfuerzos de construcción de una genuina política de Estado.
El proceso de la Comisión Nacional tuvo situaciones contrarias a las prácticas recomendadas en designaciones, la máxima publicidad y el escrutinio ciudadano que, en un área tan sensible, requiere garantizar la elección de los mejores perfiles y planes de trabajo: de las 76 personas postuladas solo 27 cumplieron los requisitos de conocimientos y experiencia en derechos humanos y búsqueda de personas, además de trayectoria profesional destacada en servicio público, sociedad civil o academia relacionadas a la temática. Es decir, solo 35% de las candidaturas acreditaron estos requisitos mínimos.
La Segob presentó una terna final de 10 personas a la presidenta Sheinbaum, pero a diferencia de hace 6 años cuando se designó a Karla Quintana, o hace poco menos de 2 años, en la designación de Teresa Reyes Sahagún, no presentó o no hizo pública una exposición motivada de la consulta pública y de la idoneidad de quienes formaban parte de la terna. Aunque esta cuestión no por sí misma una garantía, ya que el proceso de 2023 generó críticas por la designación de la comisionada Reyes Sahagún; constituía al menos una evidencia valorativa relevante para el escrutinio ciudadano.
Adicionalmente, dar un plazo de solo 3 días para que las familias y colectivos presentaran observaciones resulta un plazo muy limitado para garantizar una participación nutrida y
representativa de los cerca de 200 colectivos en el país, según dato de Amnistía Internacional, así como a miles de familias que no forman parte de estos. Aunque el micrositio de Gobernación contiene un CV, los comentarios en línea y las entrevistas, no incluye los planes de trabajo como elemento de valoración para la designación por la presidenta, que además hubieran permitido verificar a través de indicadores, el cumplimiento de las propuestas y agenda de trabajo.
El gobierno de Claudia Sheimbaum tiene la oportunidad de aceptar la propuesta de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para brindar asistencia técnica y acompañamiento a la Comisión Nacional de Búsqueda y a su Consejo Ciudadano, posibilidad que coincide con el anuncio presidencial de buscar asistencia internacional para el caso de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa el cual es acompañado por organizaciones como el Centro Prodh y Tlachinollan. En el mismo sentido, la IBERO Puebla expresó recientemente la disposición para compartir el acervo de conocimiento de los últimos años en que ha trabajado esta agenda.
El país enfrenta un colapso humanitario que requiere medidas urgentes y sostenibles a largo plazo. La comisionada Pérez Gumecindo debe iniciar su gestión con la construcción de una política pública integral que condense la asistencia técnica internacional, el conocimiento y propuestas de las universidades, las organizaciones de la sociedad civil y los grupos de familiares para hacer cambios de fondo en las instituciones encargadas de la búsqueda, la investigación del delito, el sistema de víctimas y la impartición de justicia.
Simón Hernández León (@hele_simon) Coordinador de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Puebla.
