El sistema penal en México fue construido a lo largo de varias décadas sobre la base de prácticas autoritarias como la detención por cuota y la fabricación de delitos para cubrir las estadísticas y presentar resultados. El “caso Tlaxcala” no es una anomalía, muestra los engranajes de una maquinaria que se vale de la detención arbitraria y la tortura, prácticas documentadas como generalizadas por mecanismos internacionales de Naciones Unidas.
Actualmente, Jorge Hernández Mora, Mario Almanza Cerriteño y Sergio Rodríguez Rosas sigan en detención tras 20 años de procesos, mientras que José Ramos Tenorio murió en prisión sin sentencia, a pesar de la acreditación de tortura y de una resolución internacional. La historia se remonta dos décadas atrás, cuando la presión por la expansión del delito de secuestro llevó a las autoridades a implementar una “cruzada” que incluyó la supuesta desarticulación de bandas y la presentación de personas detenidas en conferencias de prensa, encabezadas por altas autoridades de seguridad y justicia.
Una recapitulación de las inconsistencias del caso se encuentra en la resolución del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU de 2023. Entre ellas, la detención sin orden de aprehensión y sembrando droga para justificar la flagrancia, y ser torturados para firmar confesiones o grabaran su voz en conversaciones de secuestro. Una de las personas fue involucrada por solicitar información de uno de los detenidos. Incluso, se plantea que una víctima señaló a los policías cuando se le pidió identificar a sus secuestradores.
En México la complicidad de policías y fiscalías construye acusaciones falsas, lo que se agrava con la prisión preventiva oficiosa que permite detener a inocentes por largos períodos solo con la calificación jurídica de la Fiscalía. En el “caso Tlaxcala” la justicia ha sido tardía y limitada: después de veinte años dos sentencias invalidaron los delitos contra la salud y la delincuencia organizada y un amparo directo ordenó reponer el juicio al acreditar violaciones en el momento de las detenciones y en la investigación, incluyendo la tortura, sin invalidar el proceso y la acusación por secuestro por lo que siguen en prisión.
En el sistema penal, un 62% de los personas en prisión afirma haber sido forzado a autoinculparse o a señalar a otros bajo coacción. En este escenario, las determinaciones judiciales deben replantearse para brindar un remedio a quien ha sido víctimas de los abusos del sistema, sin limitarse a reponer el caso y prolongar la prisión de inocentes. Otras acciones impostergables son el procesamiento de quienes fabrican procesos y torturan, así como la reforma de las fiscalías, convenientemente ignorada por las autoridades ya que la apariencia de funcionalidad y el número de personas en prisión es políticamente redituable.
Aunque hay sentencias que anulan un parte informativo en que la policía afirma que los detenidos confesaron crímenes, se mantienen las condenas por señalamientos dudosos que solo se dieron a partir de una falsa imputación policial. Hay flagrancias invalidadas por la siembra de droga en las que subsiste la condena de otros delitos graves, resueltos a partir de la detención fortuita, o la anulación de acusaciones como la portación de arma porque el acusado estaba en detención cuando se afirma declaró voluntariamente sobre ser secuestrador, pero extrañamente es reconocido días después por víctimas inducidas.
Las y los jueces conocen estas prácticas, pero el formalismo judicial impide tomar decisiones de mayor calado como la invalidación de procesos cuando hay evidencia clara de la manipulación de las autoridades, incluso acreditadas ante instancias internacionales. Por ejemplo, el precedente de la Suprema Corte sobre efecto corruptor solo ha sido aplicado una vez. La justicia constitucional tiene un desafío para erradicar estas prácticas y tomar acciones para anular juicios por violaciones graves. Mientras eso sucede, la liberación inmediata de los detenidos en el caso Tlaxcala es un primer paso para una justicia negada.
Coordinador de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Puebla.
@hele_simon
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