La denominada “nueva” Suprema Corte presentó un informe de actividades a seis meses de su conformación y aunque mantiene la narrativa de cercanía al pueblo, comienza a adoptar una actuación que antepone la afinidad al proyecto gobernante sobre los derechos.
La tentación por abrir vías de revisión de sentencias definitivas sigue latente. El tema inició con la ministra Lenia Batres quien expresó que la Corte debía contar con un mecanismo de “absoluta excepcionalidad” para anular sentencias definitivas. Cuando la presidenta Sheinbaum tomó postura en el sentido de respetar la seguridad jurídica, las y los ministros manifestaron su respeto a la figura de cosa juzgada.
Posteriormente, la Corte emitió un comunicado en el que sostuvo que la “acción de nulidad de juicio concluido” está prevista en el sistema interamericano. Esta afirmación confunde una categoría jurisprudencial internacional –la “cosa juzgada fraudulenta”– que exige la responsabilidad estatal y violación de derechos humanos, con una figura de derecho común, propia de controversias entre particulares. Claramente, la Suprema Corte intenta legitimar su actuación ante la opinión pública utilizando el discurso de derechos humanos.
El riesgo se presenta también en la forma de abordar los temas: al revisar el incumplimiento de un amparo ya concedido al Centro Prodh por la eliminación de un presupuesto mínimo legal para las víctimas, una parte de las y los ministros se enfocó en justificar que el legislativo ha dado un monto mayor cada año a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, exonerando de responsabilidad a la Cámara de Diputados. La deliberación sobre el desacato ignoró la técnica constitucional y se convirtió en una justificación de la voluntad de las y los diputados, abriendo la puerta a escenarios en que se revierta el sentido de una sentencia con una votación mayoritaria y argumentos de naturaleza política.
Por otra parte, a pesar del discurso de la justicia intercultural, en el caso de la comunidad de San Sebastián Tutla y que la mayoría de las y los ministros reconoció un mayor umbral de derechos en la Constitución a las comunidades indígenas, en la votación se adoptó un enfoque restrictivo para resolver el amparo de una mujer indígena por falta de consulta al señalar que este derecho pertenece a las comunidades, por lo que solamente pueden ser defendidas judicialmente por autoridades o representantes indígenas. Esto constituye una regresión a criterios previos del Máximo Tribunal sobre el interés legítimo y la defensa de derechos colectivos a través del amparo por algunos de sus integrantes.
También resulta preocupante la pérdida de imparcialidad de quienes integran la Corte. En este supuesto se ubica la ministra Estela Ríos, a quién le corresponde proyectar el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana sobre prisión preventiva oficiosa: en 2022, siendo Consejera Jurídica de la Presidencia, solicitó a la Corte de la que hoy es parte, mantener esta figura. Lo mismo sucede con la ministra Yasmín Esquivel quien afirmó públicamente que Daniel García y Reyes Alpízar –las víctimas del caso ante la Corte Interamericana– eran culpables de homicidio, y hoy es responsable de proyectar el amparo directo del caso. La organización Pena Sin Culpa ha cuestionado a dichas ministras por no excusarse y anteponer su posición personal y alineación al gobierno en el tema.
Finalmente, en contra de la promesa de transparencia como eje de su actuación, las solicitudes para realizar audiencias públicas sobre el interés legítimo en amparo de organizaciones ambientales, así como la relacionada a prisión preventiva, fueron acordadas en sesiones privadas, negando la primera y dejando en suspenso la relacionada a la sentencia de la Corte Interamericana. Dichas sesiones fueron motivo de críticas de la “nueva” Suprema Corte a la “Corte neoliberal” y ahora son empleadas para gestionar decisiones en opacidad. Este recuento evidencia nuevos vicios y una manera de proceder del Máximo Tribunal en que se coloca la política sobre el derecho.
Coordinador de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Puebla.
@hele_simon