La reforma judicial prometió devolver la justicia al pueblo, acabar con los privilegios, y terminar con la corrupción mediante una renovación democrática. Un año después de la elección que cambió la conformación del Poder Judicial de la Federación, la realidad de cientos de personas que se desempeñaron como titulares en Juzgados y Tribunales Colegiados ha sido la de tener que manifestarse ante instituciones como el Senado y la Secretaría de Gobernación para exigir que el Órgano de Administración Judicial realice el pago de las indemnizaciones constitucionales y pensiones complementarias.
La erosión al Estado de Derecho es evidente: Si hay un mandato constitucional desatendido, la legalidad se extravía y la arbitrariedad emerge. Esto representa un abuso de poder y una infracción constitucional. Esto se torna preocupante si quien ignora la norma es una institución dedicada a la administración y organización de la justicia.
El daño colateral es también significativo: la pretendida legitimidad del Órgano de Administración Judicial se diluye cuando actúa en contra de la Constitución. Todo esto es un signo de retroceso democrático si, como en los tiempos del partido de Estado, la garantía de los derechos humanos y el respeto a la Constitución requiere transitar por la vía política para asegurar que las autoridades, aquellas que juraron “guardar y hacer guardar la Constitución” actúen con un mínimo de decoro y observancia de la legalidad.
Por décadas, la garantía de los derechos en el país requirió la anuencia del poder en turno y los buenos oficios de las autoridades. Por años, la protesta representó un mecanismo de garantía no institucional en que, por vías directas, y mediante el uso del espacio público se movían las estructuras institucionales y los espacios de poder. La clase política entendió que podía someter a negociación aspectos de la vida pública y el cumplimiento de las leyes.
El cuestionamiento hacia la 4T es por qué a pesar de la narrativa de cercanía con la gente y la pretendida democratización de las instituciones de justicia, actúa selectivamente en la aplicación de la ley, maltratando a quienes dedicaron parte de su vida y vocación profesional a la impartición de justicia. No puede haber una expresión de mayor autoritarismo que politizar la vigencia del Estado de Derecho y obligar a que las y los jueces y magistrados en retiro tengan que acudir a instancias políticas para que la Constitución sea respetada.
Por su conducción y la abierta militancia de sus integrantes a la 4T el Órgano de Administración Judicial se viene conformando como una extensión del Poder Ejecutivo. El Poder Judicial debe ser el primer interesado en garantizar seguridad jurídica, en el respeto a los derechos laborales y en observar la Constitución. Por ello, es un signo de preocupación que en la Suprema Corte empiece a emerger un discurso que limita derechos con el argumento de la insuficiencia de recursos públicos. Con ello, los derechos humanos comienzan a depender cada vez más de la voluntad de los actores políticos. El Poder Ejecutivo, por su parte, debe dejar de politizar la justicia y la negociación. Honrar al Estado de Derecho implica superar el clientelismo y la aplicación discrecional de la ley.
En los tiempos que corren la protesta seguirá siendo un mecanismo para interpelar a las autoridades, colocar temas en la agenda pública y exigir el cumplimiento de derechos. Para ello basta mirar la movilización de personas buscadoras en el contexto del Mundial de Futbol y el empeño gubernamental en la apariencia cosmética con la que se presenta a México ante los ojos del mundo y en opacar las protestas.
Simón Hernández León (@hele_simon)
Coordinador de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Puebla.
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