Se acerca la hora

Sergio García Ramírez

Como en el título de un antiguo western, hoy se acerca la hora señalada para consumar un disparate. Me refiero a la consulta prohijada por el Ejecutivo para perseguir penalmente a los expresidentes de México. La consulta se someterá a los ciudadanos el 1º de agosto de 2021. En consecuencia, tenemos una hora señalada en los fastos de la Cuarta Transformación, que así se aleja nuevamente de la ley y de la razón.

Hablo de persecución penal de expresidentes, porque este fue y sigue siendo el tema real de la consulta, que su promotor ha sembrado en el ánimo público. La Suprema Corte, al analizar la constitucionalidad de la propuesta presidencial, reformuló la pregunta. No lo hizo solamente en lo que atañe a los términos del planteamiento presidencial, sino en lo que toca al tema mismo de la consulta. Según nuestro máximo tribunal, ésta se referirá a los actores políticos del pasado, quienes sean. Manifesté mi disentimiento con respecto a la decisión de la Suprema Corte (EL UNIVERSAL, 3 de octubre de 2020), con el mayor respeto a este tribunal.

En sus expresiones sobre este tema, el presidente de la República ha insistido en el sentido original de la pregunta que quiere someter a la nación, flagrantemente inconstitucional. Se trata de juzgar a sus antecesores, de Salinas de Gortari para acá, por delitos cometidos en el desempeño de sus mandatos. Dicho de quienes se trata, el promotor menciona de qué se trata. En esta relación de culpas indica cuáles han sido los ilícitos por los que se debe juzgar a sus antecesores. Lo hace con detalle y con fruición. Y suscita la inmediata condena. ¡Nomás faltaba!

El 1o. de agosto, el Instituto Nacional Electoral deberá practicar la consulta. No ha recibido recursos para hacerla, a pesar de las solicitudes que formuló a las autoridades hacendarias. Pero el Instituto cumplirá. Nuevamente acreditará su competencia. Para ello montará decenas de millares de urnas dispuestas a recibir la opinión de los ciudadanos y convocará a funcionarios de casilla para que lleven a cabo una función similar a la que cumplieron el 6 de junio, cuando recibieron los sufragios en una gran elección.

Reitero mi opinión: esta consulta es inconstitucional e improcedente. En sus nuevos términos implica indagatorias generales acerca de millares de funcionarios, cuya identidad no se ha precisado. En una época remota esas indagatorias se denominaban “inquisición general”: búsqueda afanosa de culpas para instalar procesos, emitir condenas y ejecutar a los condenados. Algo así se está procurando en México, en pleno siglo XXI, a despecho del sistema constitucional y penal y a contrapelo de las reglas de una sociedad democrática.

Los generadores de la consulta y sus allegados han movido los hilos para inducir la concurrencia a las urnas y la emisión anticipada de condenas. De pronto hemos retrocedido muchos años y mucho camino en el desarrollo del Estado de Derecho, la democracia, los derechos y las garantías de los mexicanos. No podemos ser cómplices de semejante retroceso. Muchos ciudadanos han manifestado que no participarán en la consulta. Así como expresé mi convicción sobre la necesidad de sufragar en la elección del 6 de junio, hoy abrigo el deseo de que naufrague esta consulta arbitraria. Lo merece.

 

NB. Por hallarme fuera del país no tuve conocimiento de la carta de colaboradores de este diario publicada el 28 de julio. La comparto plenamente.

Profesor emérito de la UNAM.
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