El Presidente de la República, jefe de una facción política, cumple la amenaza que hizo a la nación. Inicia con una primera andanada, a la que seguirán otras que forman un amplio programa de demolición. Hoy se trata de la iniciativa de reforma constitucional sobre generación de energía. Los ojos de la República se dirigen a la Cámara de Diputados. También, por supuesto, a cada uno de sus integrantes.
La iniciativa de marras ha levantado una ola de comentarios adversos. Hay muchas razones para rechazarla. Una de ellas atañe a los principios constitucionales que contraviene: incumplimiento de reglas adoptadas, alteración del orden establecido para la concurrencia entre los sectores público y privado, retroactividad que entraña despojo y supresión de los mecanismos autónomos de control, que se entrega a los mismos sujetos que deben someterse a él.
Un segundo argumento para rechazar la propuesta del Ejecutivo concierne al rumbo de la política energética en el mundo entero, que es condición para nuestro desarrollo. La iniciativa marcha contra la tendencia mundial recogida en instrumentos internacionales que México suscribió, promueve la contaminación del ambiente y genera condiciones desfavorables para millones de usuarios del servicio de energía. La tendencia monopólica de la propuesta presidencial favorece la generación de energía por medios contaminantes que afectan la salud y encarecen el suministro.
Pero hay otro punto a considerar en este debate sobre la propuesta de de reforma constitucional. Para que prospere es preciso que a los votos de los diputados que militan al servicio del Ejecutivo se sumen los de otros legisladores, que forman parte —todavía— de una oposición que resolvió contener la oleada antidemocrática que se abate sobre la nación. El autor de la iniciativa ha puesto la mirada en los legisladores del PRI, ejerciendo máxima presión para atraerlos al redil de sus partidarios.
Han quedado en riesgo la firmeza y la eficacia de las fuerzas democráticas —coincidentes con amplios sectores de la sociedad civil— comprometidas en una alianza estratégica. El PAN y el PRD manifestaron sin ambages su oposición a una propuesta que daña a México. No ocurrió lo mismo con el PRI, que se reservó la decisión final para consulta en mesas de análisis que pudieran descarrilar el pacto entre aquellas fuerzas.
Pende sobre México la posibilidad de que el Ejecutivo, aspirante a concentrar mayor poder, saque adelante su propuesta devastadora, aunque el precio sea la ruina del país. Es preciso que el PRI sacuda sus cavilaciones y rechace cualquier acuerdo con el caudillo que pudiera menoscabar el compromiso de ese partido con México. ¿Acaso no acabamos de recordar, a voz en cuello, que “la patria es primero”?
No se trata de cumplir la palabra empeñada con otros partidos, sino de honrar el deber contraído con la nación y ratificado en las recientes elecciones. Hay rumores —que me niego a aceptar— en el sentido de que el PRI pactaría su adhesión a cambio de impunidad en favor de algunas personas. No quiero suponer que exista semejante trato, que sería humillante y vergonzoso. No hay plato de lentejas que justifique el sacrificio del deber y del honor.
Espero que el Partido Revolucionario Institucional rechace la iniciativa que ronda al Congreso. No para bien de la alianza entre partidos, sino para bien de México. Pesa una enorme responsabilidad sobre los hombros del PRI, cuyo voto será decisivo para definir el futuro de la nación.
