Esta es la segunda versión de este artículo. La primera, sugerida por una expectativa que naufragó en la mañana del 1º de octubre, consideraba un escenario diferente del que prevaleció en la tarde. Al cabo de una jornada histórica, la Suprema Corte consideró constitucional la extravagante solicitud del presidente de la República para enjuiciar (se dijo finalmente: investigar) a diversos actores políticos (la solicitud se refería a “expresidentes”). Hubo cambios relevantes en la fórmula finalmente acogida por el Tribunal con respecto a la sometida por el supremo gobierno. Aun así, disiento de la decisión. Los motivos de mi discrepancia van más allá de la redacción de una fórmula. Tienen que ver con el fondo, que es abismal. Creo que la decisión que acoge las pretensiones del solicitante abre la puerta al abuso del poder. A mi juicio, no ampara al Estado de Derecho, sujeto a insólitas y flagrantes presiones.
En un tiempo se opinó que el Poder Judicial, uno de los actores en la doctrina de Montesquieu, carecía de la pujanza de los otros poderes, majestuosos e irresistibles. Pero ha pasado mucha agua bajo el puente. Hoy día, los tribunales constitucionales se han elevado como custodios del Estado de Derecho, garantes de la Constitución y los derechos humanos, contrapeso de los otros poderes cuando éstos militan contra los derechos y las libertades. En México hemos observado esa militancia. Muchos tribunales han resistido el asedio. Les ha costado invectivas y reconvenciones. La resolución que es materia de este artículo parece iniciar un nuevo camino, con inquietante destino.
Recuerdo una anécdota sobre la misión del juez frente al poderoso. El rey de Prusia, Federico II, pretendía apoderarse de las tierras de un molinero. El monarca previno al ciudadano sobre las consecuencias que habría si se oponía a sus designios. “Eso ocurriría —repuso el molinero— si no hubiera jueces en Berlín”. Los hubo. Pusieron a salvo el derecho del molinero. En mis artículos periodísticos y en otros foros me he referido a la solicitud de consulta que sometería el imperio de la ley a la votación de la muchedumbre, arrollando derechos humanos, instituciones civiles y progresos democráticos. El solicitante dijo que el más alto tribunal debía atender el “sentimiento del pueblo”. Esta expresión nos traslada un siglo atrás, cuando el nazismo se valió del “sano sentimiento popular”, inscrito en el código penal del Tercer Reich, para perseguir a sus “adversarios”. Además, el promotor de la consulta advirtió que si la Corte no atendía su petición promovería una reforma a la Constitución —que prometió cumplir cuando inició su mandato— para eliminar las fronteras opuestas a sus pretensiones; es decir, si lo que pretendo es inconstitucional, modificaré la Constitución. Esta prevención fue indebida y amenazadora.
Me atengo a la decisión de la Suprema Corte, pero disiento de ella. Reconozco que en el curso de la deliberación se alivió la redacción inaceptable que proponía el Ejecutivo. Aún así, difiero. Lo hago con respeto y convicción. Además, con profunda preocupación. Para ello invoco las razones jurídicas que he manifestado en diversas ocasiones y que tienen que ver con la incolumidad de los derechos humanos y el respeto a las instancias constitucionales. Pero también menciono la circunstancia en la que se planteó el exabrupto presidencial: una circunstancia política de frecuente agravio al Estado de Derecho, acosado por la demagogia: la justicia es ella y su circunstancia. El poder político marchará sin obstáculos. Leviatán sigue navegando.
Profesor emérito de la UNAM
