Ahora concluyo mis reflexiones sobre “El Estado de Derecho bajo asedio, una mirada de México y la región”, tema del Seminario reunido en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, con plural participación de muchos analistas. La mirada se dirigió al ser y quehacer del Poder Ejecutivo —los Presidentes de nuestras Repúblicas—, y su intervención descollante en la práctica de ese asedio o en la resistencia democrática frente a tentaciones autoritarias. De ahí el título general de mis artículos: “¡Ay, los Presidentes!”. Pero pude decir, singularizando: “¡Ay, el Presidente!”
Mencioné algunos frenos y contrapesos que brindan equilibrio al ejercicio del Poder público. Aludí a los Congresos (garantía de pluralidad democrática) y a la Judicatura (factor de legalidad frente a quienes, por instinto o por pasión, desprecian la ley y la libertad). Pero hay otros frenos, que debieran operar con eficacia. Uno de ellos está integrado por los órganos constitucionales autónomos (INE, INAI, Banco de México, CNDH, por ejemplo). Actúan en áreas vitales que antes dependieron de la autoridad absoluta del Ejecutivo. Nos preguntamos por la situación que guardan esos órganos frente a las frecuentes arremetidas de un Ejecutivo nostálgico de sus viejos territorios y dispuesto a recuperarlos.
Entre los factores de equilibrio y resistencia se halla también (o debiera figurar) la Administración Pública. Es una suerte de “poder cotidiano e inmediato” ante el que se plantean las necesidades y expectativas de los ciudadanos. ¿Se cuenta con una Administración Pública competente, imparcial y profesional, subordinada a la ley, atenta a los requerimientos de los ciudadanos? ¿Opera, por el contrario, una Administración facciosa subordinada al mandato político? He ahí otra de las interrogantes sobre el Estado de Derecho, tanto en México como en toda la región sujeta a la mirada del Seminario al que me estoy refiriendo.
En el amplio horizonte de los temas examinados —indispensables para ponderar la vigencia real del Estado de Derecho— se consideró el papel de la sociedad civil. Anteriormente nos referíamos al pueblo; hoy aludimos a la sociedad civil que rompió el silencio para asumir un papel protagónico en la marcha de la nación, que es su propia marcha. La sociedad civil, halagada o denostada por los gobernantes, se halla sujeta a fuerte presión. Sobre ella se ejercen diversas formas de “persuasión”: atracción —clientelar o patrimonial— e intimidación. Por supuesto, la sociedad es factor decisivo en la integración y la orientación del poder político, asociada —o no— a los partidos que antaño fueron la única voz en el coro de la hegemonía presidencial. ¿Qué hay con la sociedad civil? ¿Cómo está en México?
No llevo más lejos esta revisión de temas estudiados en el foro universitario. Sólo agregaré el “dato internacional”. Gravita sobre las andanzas de la república en un mundo complejo, imperioso e inestable. Para la marcha del Estado de Derecho interesa la visión y la acción que el Ejecutivo tenga sobre la inserción del Estado en ese mundo y los puentes que los comunican. También aquí entran en juego el genio y la figura de los presidentes, conductores de las relaciones con el exterior. Ese genio y esa figura se han manifestado en México. ¿Para bien del país, o todo lo contrario?
¡Menudo tema el Estado de Derecho, que no sólo implica orden público y paz! Pero si no hay éstos, tampoco existe el Estado de Derecho. ¿Tenemos orden y paz en México?
