Para Agustín, Erick, Pana, Mariate y Marcel, mis amigos. Por los días lejos de casa, por las ausencias que pesan y por la esperanza de volver libres al país que aman.
Bajo ninguna circunstancia me reconozco como experta en política internacional. Pero no hace falta serlo para identificar una omisión grave cuando ocurre frente a nuestros ojos. He seguido de cerca la detención de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, una de las figuras más poderosas del régimen venezolano, y entre análisis geopolíticos, llamados a la soberanía y posicionamientos automáticos, hay una pregunta que no deja de incomodarme: ¿dónde quedan las víctimas?
Se habla de imperialismo como si fuera un reflejo condicionado. Se manosea la palabra soberanía hasta vaciarla de contenido humano. Y pareciera que, para algunos, condenar a Estados Unidos se volvió más importante que mirar lo que ha pasado —durante años— dentro de Venezuela. Pero mientras escucho discursos y leo comunicados, yo no puedo dejar de pensar en otra cosa: en quienes fueron torturados, en los desaparecidos, en los presos políticos, en los millones de venezolanos que llevan años sin abrazar a sus madres, a sus hijos, a sus hermanos.
Porque detrás de cada cifra hay una vida suspendida. Una familia rota. Una historia que no entra en los pronunciamientos oficiales.
Hoy, más de la mitad de la población venezolana vive en pobreza multidimensional. No es un concepto técnico: es no tener agua potable, es pasar días enteros sin electricidad, es no saber si mañana habrá transporte para llegar al trabajo o comida para poner en la mesa. La Encuesta de Condiciones de Vida documenta que 51.9 % de los hogares enfrenta carencias severas, y que los servicios básicos —agua y electricidad— son la principal fuente de vulnerabilidad. Hay familias que pasan hasta 92 horas consecutivas sin luz ni agua. Hacer fila para gasolina, para alimentos o para cargar un teléfono dejó de ser excepcional. Sobrevivir se volvió rutina.
Todo esto ocurre en un país con las mayores reservas de petróleo del planeta. Y ahí está la herida que no se puede ocultar con retórica. La contradicción brutal que solo se explica hablando de poder, corrupción y captura del Estado. Durante años se intentó construir la figura de Nicolás Maduro como la de un heredero legítimo de una revolución que prometía justicia social. Pero la realidad fue otra: mientras la gente hacía filas para comer o para huir del país, la riqueza petrolera —la que debía sostener hospitales, escuelas y futuro— se diluía en redes de opacidad y privilegio, concentradas en una élite política que ha gobernado y legislado para sí misma.
No es casualidad que hoy se hable de activos congelados en el extranjero, incluso en países como Suiza. Cuando un país inmensamente rico tiene a su población empobrecida, el problema no es la falta de recursos. Es quien se los quedó.
Por eso resulta tan inquietante escuchar a gobiernos y líderes que hoy se rasgan las vestiduras por la detención de Maduro y de Cilia Flores, pero guardaron silencio durante años mientras la población venezolana era reprimida, empobrecida y forzada al exilio. ¿Dónde estaban cuando se documentaban ejecuciones extrajudiciales? ¿Dónde estaban cuando las cárceles se llenaban de presos políticos? ¿Dónde estaban cuando millones de personas cruzaban fronteras a pie?
Claro que es legítimo hablar de soberanía. Claro que es necesario cuestionar abusos de poder en el escenario internacional. Pero hay momentos —y este es uno de ellos— en los que no todo es blanco o negro. Defender consignas sin mirar el dolor real es otra forma de abandono.
Si de verdad nos importan los pueblos, la pregunta incómoda no es quién gana en el tablero geopolítico. La pregunta es quién paga el costo humano. Porque mientras discutimos ideologías, hay millones de personas viviendo en la oscuridad. Y esas víctimas —aunque no aparezcan en los discursos ni en los hashtags— también merecen ser el centro de la conversación.
Presidenta de Reinserta