Hay una frase que se ha convertido en bandera de las madres buscadoras en México: “Todos tienen derecho a ser buscados”. La repetimos tanto que corremos el riesgo de dejar de escuchar lo que realmente significa. Porque esa frase no nació por casualidad. Nació de miles de familias que han sentido que el Estado decide, consciente o inconscientemente, quién merece ser buscado con urgencia y quién no. México atraviesa una de las crisis de desaparición más dolorosas de su historia. Detrás de cada cifra hay una familia detenida en el tiempo, una silla vacía en la mesa y una pregunta que nunca encuentra respuesta: ¿dónde está?
Sin embargo, hay un dato del que se habla poco. La mayoría de las personas desaparecidas en México son hombres. Muchos de ellos son jóvenes. Y es precisamente ahí donde aparece uno de los prejuicios más peligrosos de nuestro sistema. Cuando desaparece una mujer, una niña o un niño, existe una comprensión inmediata de la gravedad de los hechos. Y así debe ser. Pero cuando desaparece un hombre joven, muchas familias se enfrentan a una sospecha silenciosa que parece acompañar la investigación desde el primer día. “Seguramente andaba en algo.” “Tal vez se fue por su cuenta.” “Espérese unos días”. “Ya regresará”.
No siempre se dice de forma explícita. A veces se insinúa. A veces se traduce en indiferencia. A veces en falta de urgencia. Pero el mensaje es el mismo: antes de buscar, hay que averiguar si la víctima merece ser buscada. Y ahí comienza una segunda tragedia. Porque mientras las instituciones dudan, las familias buscan.
Las madres buscadoras recorren desiertos, cerros y brechas. Entran a fosas clandestinas. Tocan puertas en reclusorios. Hablan con personas privadas de la libertad. Conversan con quienes conocen las dinámicas de la violencia criminal. Hacen preguntas que ninguna madre debería verse obligada a hacer. Buscan donde las autoridades no llegaron. Preguntan lo que nadie más preguntó. Y terminan recorriendo caminos que jamás imaginaron recorrer.
Lo más preocupante no es quién era la persona desaparecida. Lo más preocupante es el prejuicio de quienes tienen la responsabilidad de buscarla.
Cuando una investigación arranca con sospechas sobre la víctima en lugar de preguntas sobre los responsables, el riesgo es enorme. Porque el prejuicio puede convertirse en indiferencia; la indiferencia, en omisión; y la omisión, en impunidad.
El derecho a ser buscado no debería depender de los prejuicios de quien recibe una denuncia. No debería depender de la edad de la víctima. No debería depender de su género. No debería depender de dónde vive, cómo se viste o con quién se relaciona. Y mucho menos de una sospecha no comprobada sobre quién era o qué hacía.
El derecho a ser buscado depende únicamente de una cosa: su condición humana.
Porque incluso si una persona hubiera cometido delitos, eso no le arrebata su humanidad. Tampoco le quita a su madre el derecho a saber dónde está. Tampoco le quita a sus hijos, a sus hermanos o a quienes la aman el derecho a la verdad.
En México hemos normalizado clasificar a las víctimas antes de buscarlas. Hemos permitido que los prejuicios ocupen el lugar que debería ocupar la investigación. Hemos construido categorías de víctimas que parecen merecer más atención que otras.
Y cuando eso ocurre, dejamos de buscar personas para empezar a juzgarlas. Las madres buscadoras nos han dado una lección que las instituciones todavía no terminan de aprender. Ellas no preguntan primero quién era su hijo. Preguntan dónde está.
Porque entienden algo que como sociedad parecemos haber olvidado: ninguna desaparición debería investigarse desde la sospecha sobre la víctima, sino desde la obligación del Estado de encontrarla.
Quizá la verdadera pregunta no es por qué las madres buscadoras han tenido que aprender a buscar en fosas, cárceles, hospitales o brechas. La verdadera pregunta es por qué tantas veces han tenido que hacerlo solas.
Porque cuando una madre toma una pala para buscar a su hijo, no sólo está buscando a una persona desaparecida. Está ocupando el lugar que las instituciones dejaron vacío. Y ningún país debería acostumbrarse a eso. Todos tienen derecho a ser buscados.
Pero también todas las familias tienen derecho a saber. A encontrar. A despedirse. A tener un lugar donde llorar. A dejar de vivir atrapadas entre la esperanza y la incertidumbre.
Mientras sigamos permitiendo que los prejuicios decidan qué casos importan más que otros, seguiremos fallando en lo más básico: reconocer la humanidad de quienes faltan y el dolor de quienes siguen buscándolos.
Porque el día que decidimos que una persona merece menos ser buscada por quién creemos que era, dejamos de hablar de justicia y empezamos a hablar de castigo.
Y un país que castiga antes de buscar es un país que renuncia a la empatía. Sin empatía no hay comunidad. Sin comunidad no hay confianza. Y sin confianza es imposible reconstruir el tejido social que hoy necesitamos para construir un México más seguro, más justo y más humano.
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