Ayer, México concretó el traslado de 37 personas privadas de la libertad hacia Estados Unidos, todas ellas requeridas por ese país por delitos de alto impacto. El operativo, coordinado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, junto con aliados estratégicos como el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho; el secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda Camarillo; y el coordinador general de Control Penitenciario y Prevención y Reinserción Social, Jacobo Olaf Rodríguez García, es un logro que merece ser reconocido. Fue un traslado serio, coordinado, con protocolos, con apego a acuerdos bilaterales y con respeto a la soberanía mexicana.
Es importante decirlo con claridad: estos traslados sí funcionan. Y funcionan porque representan un golpe directo a la operación criminal que ha logrado sostenerse desde dentro de los penales mexicanos. Muchos de los hombres trasladados ayer mantenían influencia, redes, extorsiones, órdenes y control territorial desde la cárcel. Sacarlos del entorno en el que siguen operando tiene un impacto inmediato sobre la seguridad pública. No es simbólico: es real.
Celebrar este paso es justo y necesario. México necesita estas acciones quirúrgicas que cortan de tajo la capacidad de mando de quienes, incluso privados de la libertad, continúan causando daño fuera.
Pero también es importante entender estos traslados como parte de algo más grande. Como una herramienta útil, valiosa, efectiva… pero que debe impulsarnos a seguir fortaleciendo nuestro propio sistema penitenciario federal y estatal.
Porque sí: extraditar a líderes criminales ayuda; pero construir cárceles que no permitan que los líderes criminales operen es indispensable. Y esa es la conversación que tenemos que seguir empujando.
Bajo la conducción de García Harfuch se han dado pasos importantes: más inspecciones, decomiso de objetos prohibidos, mejor coordinación operativa, avance en el bloqueo de señales ilícitas y una estrategia más clara de inteligencia penitenciaria. Todo esto suma. Todo esto importa. Y todo esto debe continuar.
El traslado de ayer es, además, un recordatorio de algo esencial: la seguridad es corresponsabilidad bilateral. El narcotráfico no es un fenómeno mexicano o estadounidense: es un fenómeno compartido. Ambos países tienen razones legítimas para colaborar, y ambos se benefician cuando lo hacen. México ayuda a Estados Unidos entregando a personas que allá enfrentan cargos; Estados Unidos ayuda a México recibiendo a criminales cuya operación sigue afectando nuestro territorio. Esa es la esencia de la cooperación.
Pero la meta —y creo que así debe verse— no es depender del país vecino, sino llegar al punto en el que las cárceles mexicanas sean tan firmes y tan seguras que los capos no puedan operar, no puedan coordinar, no puedan extorsionar ni mantener redes vivas desde dentro.
El traslado de ayer debe ser un punto de partida, no de llegada. Un acierto que inspire continuidad. Un recordatorio de que cuando las instituciones mexicanas se coordinan, avanzan y trabajan con claridad, la seguridad mejora.
Lo que sigue es profundizar esta línea: cárceles verdaderamente seguras; personal profesionalizado; tecnología que bloquee la operación criminal; protocolos reales de control; inteligencia penitenciaria consolidada; y un trabajo permanente, no ocasional.
Mover capos funciona. Lo vimos ayer.
Pero reparar, modernizar y dignificar las cárceles mexicanas —federales y estatales— es lo que garantizará que no tengamos que celebrarlo tan seguido.
Ese es el rumbo. Ese es el siguiente paso.
Y es ahí donde está la oportunidad histórica.
Presidenta de Reinserta. @saskianino