El ministro Zaldíva r tiene muy claro que, aunque su actuación fue histórica y pionera, queda mucho por hacer a nivel nacional. El Reclusorio Femenil de Santa Martha es un penal que ha sido prioridad para la jefa de Gobierno de la CDMX Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad, Omar Harfuch. Hoy los esfuerzos y el compromiso mencionado por el ministro están acotados al ámbito federal, pero con la coordinación local que existe, se podrán impactar a mujeres de ambos fueros.
México tiene una deuda pendiente con las mujeres, eso no es ninguna novedad. En México nos matan, nos violan, nos desaparecen y nos encarcelan. Aunque autoridades nacionales busquen disminuir la tragedia en materia de género que atraviesa México, las paredes pintadas de morado toman un efecto.
En estos últimos días he tenido reuniones a puerta cerrada con el presidente de la Suprema Corte de Justicia así como con el secretario de Seguridad de la CDMX. Muchas de las mujeres que están privadas de la libertad son víctimas del sistema y del machismo cultural sistematizado y es algo que necesitamos atender de manera urgente. Lo saben y lo reconocen. Harfuch no solo por convicción propia, pero por instrucciones de la jefa de Gobierno, ha creado acciones puntuales con la subsecretaria para que las mujeres tengan más acceso a la justicia.
Mujeres que mataron a un hombre en defensa propia o mujeres que fueron usadas y amenazadas para mover drogas. Mujeres que están en prisión por nacer en familias criminales o mujeres que fueron implicadas en delitos sin tener conocimiento. Mujeres que incurrieron en un delito porque, literalmente, era su única opción para sobrevivir. Desde el ámbito federal y el ámbito local Sheinbaum y Zaldívar están poniendo un antecedente que deja la vara alta en otros estados, especialmente esos estados gobernados por mujeres.
Más del 60% de las mujeres en México siguen en penales mal llamados mixtos. Una mujer en este país tiene, en promedio, 6 años de sentencia más que un hombre por cometer el mismo delito. Las medidas alternas a la pena son una utopía para quienes afrontan un proceso penal.
Es momento de que entendamos que urge cambiar el discurso de la justicia, atreverse a hablar de lo que hemos silenciado y acercar la justicia a quienes la justicia ha olvidado.
Honor a quien honor merece. Lo que se hizo en la Ciudad de México es de aplaudirse, sin embargo, no puede quedarse en el discurso. Los compromisos son claros. Hoy la responsabilidad está en que los jueces apliquen lo ya estipulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal y humanicen los expedientes.
En este país, en mi país y en el país de mi hija, ya no hay espacio para seguir vulnerando a las mujeres. Ya no hay espacio para la política barata y punitiva que últimamente ha agarrado popularidad en el poder legislativo y en las urnas.
Es momento de redefinir la justicia.
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