Hay omisiones que en política pesan tanto como una decisión equivocada. Y hay silencios legislativos que terminan convirtiéndose en una forma de abandono. Mientras México sigue acumulando historias de niñas, niños y adolescentes atrapados por el crimen organizado —convertidos en halcones, mensajeros, transportadores, vigilantes, sicarios o simplemente en carne de cañón de una guerra que nunca eligieron—, la Cámara de Diputados perdió la oportunidad de llamar las cosas por su nombre.
El pasado 4 de marzo se aprobó una reforma que pudo haber marcado un antes y un después en la protección de la infancia en este país: reconocer jurídicamente el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado como un delito autónomo, visible y plenamente identificado.
Pero no ocurrió. En lugar de crear una figura penal específica, se decidió agregar unas líneas al delito de “corrupción de menores”, una figura jurídica creada en 1966 para responder a otras violencias, otros contextos y otro país.
Es decir: frente a una de las expresiones más brutales de violencia contemporánea contra la infancia, el Estado optó por acomodar el problema en una categoría vieja, insuficiente y jurídicamente limitada.
Y eso importa mucho más de lo que parece. Porque cuando una ley no nombra correctamente una violencia, también la reduce. La vuelve difusa. La desdibuja. Y en un país donde tantas violencias ya viven normalizadas, no nombrar también es una forma de tolerar.
No estamos hablando solamente de menores inducidos a delinquir. Estamos hablando de niñas, niños y adolescentes captados, amenazados, desplazados, manipulados y utilizados por estructuras criminales que conocen perfectamente cómo operar donde hay abandono, pobreza, miedo y ausencia institucional.
Estamos hablando de infancias que son absorbidas por grupos criminales en territorios donde muchas veces el crimen organizado llega antes que el Estado, ofrece pertenencia antes que protección y ejerce control antes que cualquier autoridad.
Reducir esto a un simple aumento de penas es quedarse peligrosamente corto. Porque aumentar castigos no sustituye la falta de comprensión del fenómeno. No previene. No protege. No repara. Y quizá lo más grave: tampoco reconoce plenamente a esas niñas, niños y adolescentes como víctimas de una violencia extrema.
México lleva años recibiendo recomendaciones internacionales para legislar de otra manera. El Comité de los Derechos del Niño de la ONU ha insistido en ello en 2011, en 2015 y nuevamente en 2024: tipificar de manera autónoma el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes.
No por un tecnicismo jurídico, sino porque sólo así se puede medir el fenómeno, investigarlo correctamente, construir política pública seria y dejar de tratarlo como una derivación secundaria de otros delitos.
Porque lo que no existe en la ley, muchas veces tampoco existe en la prioridad del Estado.
Nombrar también es reconocer.
Y reconocer es el primer acto mínimo de justicia.
Hoy el Senado de la República todavía tiene la posibilidad de corregir el rumbo. Ya lo hizo en 2014, cuando aprobó una legislación histórica para proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes. Hoy puede volver a hacerlo.
Porque detrás de cada palabra que se aprueba o se omite en una ley hay vidas concretas esperando protección.
Y porque en un país donde el crimen organizado ya entendió el valor estratégico de reclutar infancias, el Estado no puede seguir actuando como si todavía no entendiera la gravedad de lo que está pasando.