Injusta “justicia”

Saskia Niño de Rivera Cover

Ayer, tras un fallo condenatorio por el homicidio doloso de 17 menores y siete adultos en el colapso del Colegio Enrique Rébsamen, durante el sismo del 19 de septiembre de 2017, Juan Mario Velarde Gámez, acompañado de su esposa y su abogado, Ricardo Cajal Díaz, perdieron la batalla en un caso cuya sentencia fue dictada por los medios de comunicación hace más de tres años, cuando la entonces jefa delegacional de Tlalpan, y hoy Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, mencionó su nombre, para salir de una crisis que amenazaba con descarrilar su aspiración política. 
 
“Soy un chivo expiatorio y quieren que pague por la necesidad que existe de encontrar un responsable de la tragedia”, me dijo Velarde tras ser detenido en el verano de 2018, luego de recoger a sus hijas en un campamento religioso en el que participaban.
 
Ayer, un solo juez —cuando en casos como este, por la relevancia social, suelen ser tres— leyó las pruebas que había presentado el Ministerio Público y dictó culpabilidad al imputado. Juan Mario, de 55 años de edad, tres de los cuales los lleva en proceso desde el Reclusorio Preventivo Sur, se sentó a escuchar cómo lo acusaban de un delito del que no es responsable. 
 
“Firmé un papel que no debí haber firmado en 2014. Yo participé como externo en el trámite de constancia de seguridad estructural a petición de la entonces delegada de Tlalpan. Pero el único profesional con la facultad para otorgar la responsiva de la constancia de seguridad es el Corresponsable de Seguridad Estructural, de acuerdo con el Articulo 71 de Reglamento de Construcciones de la CDMX”, me cuenta. 
 
En todo caso, abunda, la evaluación del inmueble de 2014 ya no tenía validez, pues en junio de 2017, tres meses antes del sismo, la escuela fue evaluada nuevamente por otras personas que revisaron el inmueble en materia de seguridad y autorizaron su funcionamiento.
 
“La responsabilidad sobre las condiciones de un inmueble caen primero sobre la propietaria, en segundo lugar sobre el corresponsable de seguridad estructural cuya vigencia tiene cinco años y después el DRO, cuya vigencia dura tres años”, continúa. Él no es ninguna de las tres personas. 
 
Los padres de 19 niños y niñas, y siete adultos, buscan justicia. Su dolor no puede ser descrito, merecen toda la solidaridad y acompañamiento. Merecen que la sociedad e instituciones caminen a su lado en la búsqueda de la verdad, para alcanzar la justicia. El fallo de ayer está lejos de aproximarnos a eso. El DRO responsable no ha sido detenido; la orden de aprehensión en su contra está aún pendiente de cumplimentarse.
 
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Ayer dos niñas se quedaron sin su papá, que fue hallado culpable.
 
“Pareció que todo fue un show y que el juez nunca se detuvo a escuchar las pruebas a favor de mi papá. Los argumentos por los cuales, según él, mi papá es culpable son los mismos que se han manejado desde el principio en los medios. 
 
“Mi papá es inocente porque él no fue DRO ni construyó. Los verdaderos responsables son las personas que lo nombraron culpable días después de la tragedia y con eso violaron su presunción de inocencia. Fue gracias a ellos y sus intereses políticos, que nadie en el sistema se ha detenido a escuchar las pruebas que lo exoneran”, me cuenta Andrea, una de las hijas de Juan Mario, terminando la audiencia.
 
Velarde Gámez no tuvo nada que ver con el Rébsamen desde 2014. ¿Dónde están las autoridades y los responsables de las revisiones y verificaciones que avalaron el funcionamiento de la escuela en 2017? ¿Por qué se le responsabiliza a él, que no tenía la facultad jurídica de firmar un documento?
 
El colapso del Colegio indignó a toda la sociedad y generó un movimiento de padres exigiendo justicia. Y eso es lo que merecen: justicia. Ni chivos expiatorios, ni manejo político del caso. Los responsables, todos, deben pagar. De la dueña, ya detenida, al DRO, y desde luego, las autoridades de Tlalpan y el Invea. A Juan Mario lo acusan de ser DRO de la obra, lo que es falso. El fallo de ayer significa impunidad para el verdadero responsable. Las familias de las 26 personas fallecidas no lo merecen. 
 
Lo dictado no nos aproxima a la verdad, tampoco a la justicia, aunque era previsible que, en medio de otra crisis, derivada de la tragedia en la Línea 12, que cobró la vida de 26 personas, el resultado fuera el que atestiguamos. 
 
El fallo del juez estaba cantado, pero no por ello es menos injusto. 

 
Presidenta y cofundadora de Reinserta

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