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El sistema podrido que no podrá regresar a los 43 estudiantes

06/09/2019
03:48
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Pareciera que el aprendizaje sobre la importancia de implementar debidos procesos en el ámbito de justicia penal desde el caso de Florence Cassez hace poco más de seis años ha sido nulo.

Recuerdo, casi como si hubiera sido ayer, cuando México entero seguía la votación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dejó libre a la mujer acusada directamente por diversas víctimas de ser una de las secuestradoras que los mantuvo en cautiverio.

Fue un caso sobre el que corrieron ríos de tinta, que incendió las redes sociales e indignó a millones. “¿Cómo era posible que se haya priorizado el debido proceso de una investigación judicial hacia una ‘criminal’ por encima de la justicia hacia las víctimas?”, era la pregunta que se repetía una y otra vez.

La liberación de Florence, con toda tristeza e indignación, la aplaudí. Recuerdo que pensé: “Ojalá este sea el mayor y último aprendizaje para que el gobierno, las autoridades de procuración de justicia y la sociedad mexicana entendamos que no podemos seguir permitiendo tantas malas prácticas —corrupción e impunidad, por decir lo menos— en nuestro sistema de justicia penal”.

Las historias detrás de las rejas en nuestro país, donde predomina la violación al debido proceso, son interminables. Se trata, más que de excepciones, de la regla.

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“Entraron a mi casa a las dos de la mañana agarraron a mi hija de 4 años y con una pistola en su cabeza me golpearon hasta firmar una declaración. No tengo ni idea que firmé”, me contó una interna en un reclusorio de un estado del norte del país.

“Entraron a mi casa buscando a mi hermano por un supuesto homicidio. Me presentaron a mí porque no lo encontraron. Mientras estaba en la delegación cambiaron las declaraciones y el expediente y me vincularon a proceso a mí”, me dijo otro hombre desde una cárcel en la CDMX.

“Iba caminando en la calle con mis dos hijas de 10 y 7 años. Llegaron tres camionetas me pusieron una bolsa en la cabeza y subieron a una camioneta. Me llevaron a una casa durante dos días donde me violaron y obligaron a practicar sexo oral a varios supuestos policías. Todo el tiempo me dijeron que a mis hijas le estaban haciendo lo mismo en el cuarto de junto. Te juro que yo escuchaba niñas llorando. Firmó un papel y me presentaron ante el ministerio público. No he vuelto a ver a mis hijas”, me narró una mujer en un penal del Estado de México.

“Se tardaron tres días en poderme presentar en el ministerio público por la golpiza que me metieron. La del MP que te toma la foto les decía a los policías ‘ahora sí se pasaron, pónganle más hielo porque así no puedo tomar la foto’”, cuenta un hombre más, desde un reclusorio en el sureste mexicano.

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Pensé que ver salir a Cassez iba a ser de los hechos más lamentables y oscuros que, como activista del sistema de justicia penal, me tocaría observar, pero esta semana, tras las declaraciones del subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, respecto a la liberación de los presuntos culpables de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, se escribe una nueva página negra. A cinco años de la noche trágica en Iguala, la justicia no está cerca. La investigación, toda, parece salpicada de los peores vicios. Las familias, hoy, cinco años después, no están más cerca de saber qué sucedió con sus seres queridos.

El acceso a la justicia, para padres y madres de los normalistas, y para todas las víctimas —que son millones— en nuestro país, radica en la capacidad de los policías de investigación, por ejemplo, de integrar una carpeta de investigación conforme a la ley y sin actos de corrupción, tortura e impunidad. Pasa por la profesionalización de los MP, un correcto manejo de las pruebas y rigor en la cadena de custodia de pruebas.

Es urgente que México empiece a hablar de la reconstrucción del tejido social, sí, pero hay que hacerlo entendiendo que la llave para hacerlo es la justicia que merecen todas las víctimas de delito. La corrupción e impunidad sistematizada y enraizada en nuestro sistema de justicia penal no solo es peligrosa para cualquier sociedad, es también el principal impedimento para lograr un país donde predomine la paz.


Presidenta de Reinserta