“Venia caminando con mis tres hijas. La más grande tenía ocho años, la que le sigue cinco y tres la más chiquita. Íbamos rumbo a la tienda cuando se me cerraron tres camionetas, ni cuenta me di cuando ya me habían puesto una bolsa en la cabeza y me habían metido a la camioneta.
“Te va a cargar la chingada, ahora sí ya valiste verga”, me acuerdo que me decían. En algún punto uno de los hombres acomodó mi cabeza entre sus piernas poniendo su pene en mi cara. No entendía qué estaba pasando. “Esto le vamos a hacer a tus hijas, yo creo que les va a gustar”, escuchaba mientras ponía su pene en mi cara.
“Me llevaron a una casa donde me amarraron en una cama golpeándome. Puedo jurar que escuchaba a mis hijas en el cuarto de al lado. Entraban a decirme que si no confesaba unos secuestros a mis hijas las iban a seguir torturando, escuchaba gritos de niñas muy cerca.
“Terminé firmando unas hojas en blanco y unas que traían algo escrito que no pude leer. No fue hasta cinco días después que llegué al reclusorio que pude hablar con mi mamá y ella me dijo que mis hijas estaban bien y que habían llegado corriendo a su casa. Pensaban que me habían secuestrado”.
A Rosario la detuvieron sin orden de aprehensión, la acusaron y la sentenciaron a 60 años de prisión por el delito de secuestro. Dice no haber participado de ninguna manera en el mismo.
Hace unos días, la publicación de la Encuesta Nacional de Población Privada de la libertad arrojó datos escalofriantes que ponen en entredicho el muy endeble Estado de Derecho en nuestro país. A nivel nacional 64% de las mujeres privadas de la libertad menciona haber sufrido algún acto de violencia de las autoridades antes de ser presentadas en el Ministerio Público. Casi el 50% señaló que se le incomunicó o aisló después de su detención. Solo un 40% fue informada del motivo de la detención. Una de cada cuatro personas detenidas fue informada sobre dónde los iban a llevar y solo 25% recibió información de sus derechos. Casi 4 de cada diez personas que hoy están privadas de la libertad fueron presionadas por las autoridades a dar otra versión de los hechos.
Casi la mitad de las personas, hombres y mujeres, hoy privadas de la libertad, mencionaron haber sufrido algún tipo de agresión física después de la detención. Estas agresiones físicas incluyen patadas, asfixia, ataduras, golpes con objetos, descargas eléctricas y lesiones en órganos sexuales.
Quien crea que estas cifras no atentan directamente con el Estado de Derecho de un país, o que están exentos de la corrupción e impunidad de nuestro sistema de justicia penal, está muy equivocado. Garantizar el debido proceso es la base de un sistema de justicia penal que castigue a quienes cometieron un delito, proteja a las víctimas y genere las condiciones de seguridad para las y los ciudadanos. No hay punto medio, no nos confundamos, hoy México atraviesa por una crisis que atenta con la paz y el bien estar de todas y todos los mexicanos. La ausencia de justicia genera la existencia de la venganza.
Presidenta y cofundadora de Reinserta.