Como parte de los trabajos de enlace penitenciario, desde la Coordinación Nacional Antisecuestro, se me pidió investigar por qué las llamadas de los plagiarios en un secuestro que estaba ocurriendo, tenía geolocalización dentro de un reclusorio de Tamaulipas. Era 2015.
“Aquí no hay celulares, no en mi penal”, me contestó el director de la cárcel. Parecía muy seguro. Quizá fue su manera de no asumir responsabilidad o reflejo del autogobierno que se vivía. La realidad no ha cambiado,
Las llamadas de extorsión y la negociación de secuestros desde cárceles son cosa cotidiana. Por si alguien lo dudaba, lo que ocurre tras las rejas impacta en las calles.
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Si alguna vez les han llamado para extorsionarlos —esto asegura que a no pocos les han llamado en más de una ocasión—, es muy probable que esa llamada salió de un reclusorio.
En 2017, durante tres semanas, el Instituto Federal de Telecomunicaciones siguió la actividad de teléfonos móviles dentro de dos penales federales y cinco estatales. El resultado: se detectaron unos mil celulares de los que salieron 219 mil 700 llamadas semanales.
El dato es apenas un botón de muestra si consideramos que en México hay, entre cárceles federales, estatales y hasta municipales, casi 400 reclusorios. La cantidad de llamadas de extorsión, negociación de secuestros y coordinación de actos delictivos, se estiman en decenas de millones.
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Podría pensarse que las llamadas para extorsionar se realizan desde las celdas y lejos de las autoridades, pero la realidad es que la industria de la extorsión en los centros penitenciarios está sistematizada. Los precios están fijados y a menos que quien las ejecute goce de algún “privilegio”, las cuotas mensuales para meter un celular y, como vulgarmente se le conoce en los reclusorios “pegarle al teléfono”, ronda entre 2 mil 500 y 10 mil pesos.
Algunas autoridades hacen lo posible por llevar a cabo estrategias preventivas en los reclusorios. Se refuerza la seguridad o se realizan operativos sorpresa para decomisar teléfonos móviles. Ha ocurrido en la CDMX, donde llegaron a asegurar hasta mil celulares; en Nuevo León los decomisos han sido de 400 unidades. Sin embargo, estos esfuerzos son prácticamente inútiles, ya que la corrupción dentro de las cárceles subasta chips y teléfonos nuevos de manera casi inmediata.
Expertos en temas penitenciarios como Eduardo Guerrero Durán define de forma clara las estrategias a tomar para realmente frenar las extorsiones: identificar los reclusorios que tienen estas prácticas e incluso los módulos donde es más común, tomar control de los centros en su totalidad y no de manera aislada, pasar a los internos ya sentenciados a las cabinas de voz para tener un registro universal y en caso de ser necesario judicializarlo, y trabajar de la mano de las compañías telefónicas para bajar las señales e interrumpir las llamadas que salen de estos espacios preventivos.
Al mismo tiempo, en un carril paralelo, es necesario legislar para que se sancione penalmente el ingreso de celulares a reclusorios, así como a quienes interfieran o desvíen los bloqueadores de señal dentro de prisión. Por último, es importante generar una estrategia de inteligencia al interior de las cárceles para dar con los responsables de las extorsiones o de algún otro delito que se pueda estar ejecutando dentro.
Prácticamente a diario leemos y escuchamos sobre motines, asesinato de custodios, extorsiones al interior de los centros, prostitución forzada en cárceles mixtas, venta de armas y drogas, así como cogobierno o autogobierno a manos del crimen organizado. Las noticias no nos sorprenden. El sistema penitenciario no es prioridad de autoridades y gobernantes que lo último que quieren es acercarse al tema.
En aquel viaje a Tamaulipas, el director del penal prometió absoluto control y seguridad al interior. Las llamadas no dejaron de fluir desde la cárcel. La decisión en aquel momento fue entrar y tomar control del reclusorio. Se encontró a quien estaba negociando el secuestro, pero la sorpresa fue mayor: también, tras las rejas, se localizó a la víctima de ese secuestro. La cárcel, además de centro de operaciones y call-center criminal, era casa de seguridad de secuestradores.
Presidenta de Reinserta
