En México, cada vez que ocurre un hecho atroz se activa el mismo reflejo: pedir más castigo. Como si la violencia se resolviera endureciendo penas. Como si el dolor social pudiera atenderse con discursos punitivos. Como si castigar más fuera sinónimo de justicia.
Tras el feminicidio de dos maestras en Michoacán, no tardaron en aparecer voces políticas proponiendo lo de siempre: pena de muerte, juzgar a adolescentes como adultos, ampliar sanciones. El diputado Carlos Bautista Tafolla incluso lo dijo sin rodeos: que el caso amerita la pena de muerte. Otros legisladores han planteado endurecer el sistema de justicia para adolescentes, e incluso abrir la puerta a que menores sean tratados como adultos frente a la ley.
Hay que decirlo con claridad: estas propuestas no solo son inviables, son inconstitucionales y contrarias a los compromisos internacionales del Estado mexicano. No son soluciones. Son atajos discursivos.
La pena de muerte no existe en México. No es una omisión, es una decisión jurídica, ética y civilizatoria. Proponerla no es valentía política, es ignorancia del marco constitucional o, peor aún, un intento deliberado de capitalizar el enojo social con propuestas que saben que no pueden materializarse.
Más grave aún es insistir en juzgar a adolescentes como adultos. Eso implica desmantelar el sistema especializado de justicia para adolescentes, construido precisamente para reconocer que no son lo mismo. No lo son en términos de desarrollo, ni de responsabilidad, ni de capacidad de reintegración. Tratarles como adultos no fortalece la justicia: la distorsiona. Pero el problema de fondo no es solo lo que dicen. Es lo que revelan.
Cada vez que un político propone castigos más severos como respuesta central a la violencia, está reconociendo —aunque no lo diga— que no tiene herramientas para prevenirla. Está aceptando que el Estado falló antes: en la escuela, en la familia, en la comunidad, en la protección. Y en lugar de corregir esas fallas, decide endurecer el castigo cuando ya es demasiado tarde.
Ese es el corazón del punitivismo: reaccionar en lugar de prevenir. Porque es más fácil prometer penas más largas que construir sistemas de protección efectivos. Es más rentable políticamente hablar de castigo que invertir en primera infancia. Es más sencillo señalar al adolescente que llegó al sistema que preguntarse por qué nadie intervino antes.
Pero la evidencia es clara: endurecer penas no previene delitos, no reduce la violencia y no garantiza justicia para las víctimas. Lo único que produce es una ilusión de control.
Mientras tanto, el Estado sigue teniendo enormes dificultades para investigar y sancionar a personas adultas que generan y sostienen contextos de violencia. La impunidad estructural no se resuelve bajando la edad penal. Se resuelve fortaleciendo instituciones, capacidades de investigación y mecanismos de prevención. Lo que estamos viendo no es una política de seguridad. Es una narrativa.
Una narrativa que le dice a la sociedad que el problema se resuelve castigando más, cuando en realidad el problema es que no supimos —o no quisimos— prevenir. Una narrativa que usa el dolor legítimo para justificar propuestas regresivas que debilitan el Estado de derecho. Y eso sí es peligroso.
Porque hoy son adolescentes a quienes se quiere juzgar como adultos. Mañana serán otros derechos los que parecerán prescindibles. Así empiezan las regresiones: normalizando que, frente a la indignación, la ley estorba.
México no necesita más castigo. Necesita más Estado. Más prevención. Más intervención temprana. Más capacidad institucional para detectar, contener y transformar la violencia antes de que escale. Necesita, sobre todo, dejar de confundir justicia con venganza.
Porque la seguridad no se construye ampliando el castigo, sino reduciendo las violencias que lo hacen necesario. Y cada vez que elegimos lo primero, estamos renunciando —consciente o inconscientemente— a lo segundo.
Presidenta de Reinserta