A propuesta de Acción Nacional, el Presidente López Obrador aceptó abrir el diálogo político con la oposición. Instruyó textualmente: “que fuera con todos y sin cerrazón”. Esto indicaba que después de tres años el mutismo con la oposición iba a terminar.
Para instrumentar el diálogo se llevaron a cabo un par de reuniones preparatorias con el objeto de convenir, términos, condiciones y los calendarios de las reuniones. Finalmente, se ordenó el diálogo a través de la instalación de siete mesas temáticas: Tolerancia, pluralidad democrática y Estado de derecho; Económica para la generación de empleo; Seguridad; Reforma eléctrica; Salud y bienestar; Reforma electoral; Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Además, el gobierno determinó que acudieran a cada una de las mesas los titulares de las respectivas dependencias. Por su parte, Acción Nacional decidió integrar las mesas con 7 coordinadores, que se harían acompañar de una delegación representativa del partido.
Adicionalmente, Acción Nacional preparó una propuesta de agenda por cada una de las mesas temáticas, que incluía un diagnóstico puntual y diversos planteamientos alternativos a la actual política gubernamental.
Han pasado más de dos meses desde que el presidente estuvo de acuerdo en iniciar el diálogo con la oposición. Sin embargo, por razones aún no explicadas por el gobierno, el inicio del diálogo se ha pausado.
Los problemas en el país continúan: la violencia y la inseguridad no cesan, la economía empeora, la pobreza crece, las inversiones se frenan, el empleo se precariza, la trasparencia y la rendición de cuentas se obstruyen, la militarización aumenta, los golpes a las instituciones y órganos constitucionales persisten, la persecución política se intensifica, las relaciones internacionales innecesariamente se enredan, la libertad de expresión se pone en vilo y la calidad democrática de México se demerita. Todo esto, en medio de una polarización alentada desde el gobierno que ha dividido al país. A la oposición se le da trato de enemigo, inclusive de traidor, no de adversario político, en tanto que el Presidente se personifica como el mismo bien de la patria.
Ante este apretado y crudo diagnóstico, el diálogo político parecería inútil, más cuando los tambores de la competencia política empiezan a tocar sus más altas notas. No es así. Es cuando más se necesita. El diálogo sirve para resolver problemas. Es la única forma pacífica, civilizada y democrática de que los adversarios acuerden hasta sus desacuerdos.
Acción Nacional, al convocar al diálogo político ratifica su condición democrática y su inherente responsabilidad como el principal partido de oposición del país. Lo hace, a pesar de los incesantes agravios gubernamentales —al punto de endilgar a la oposición todos los males que ocurren en el país— y de las críticas de propios y extraños. Lo hace porque simple y sencillamente es su deber. Exigir un diálogo político es un derecho que Acción Nacional tiene y otorgarlo, constituye una obligación constitucional del gobierno.
Pausar el diálogo es abrir la puerta equivocada de la historia, es ir contra la esencia de la democracia. También significa que las propuestas legislativas del gobierno serán rechazadas si no se considera la visión de quienes pensamos distinto y que las reformas a la Constitución, propuestas por el Presidente, tendrán como destino el museo de la historia, porque quedarán sólo como iniciativas frustradas.
Lo más grave de pausar el diálogo es que se impide el desarrollo y el bienestar de México. Significa que nada va a cambiar, que la polarización va a continuar y que los malos resultados gubernamentales persistirán.
