Dice Calderón que “desconocía por completo los hechos que se le imputan” a García Luna.
La ignorancia puede ser culpable cuando pudiendo y debiendo saber algo, se desconoce. No puede ser de otro tipo la ignorancia de Calderón en este caso. Aunque, de acuerdo con las opiniones que he leído o escuchado en días recientes, la inmensa mayoría de la gente cree que Calderón miente.
La pregunta más pertinente sería, no si Calderón sabía de las conductas delictivas del hombre en el que depositó su confianza, sino ¿qué le sabía García Luna a Calderón? Solamente así me explico que no lo hubiera removido de su cargo tan pronto empezaron a aparecer las evidencias sobre su patrimonio inexplicable y sobre el montaje de la aprehensión de Florence Cassez, por mencionar dos puntos. No sólo no lo corrió, sino que en el caso Cassez lo defendió con una vehemencia desproporcionada y desmedida, cuando el episodio ni siquiera ocurrió en su administración, provocando con ello un diferendo diplomático con Francia verdaderamente vergonzoso. La SCJN luego confirmó el cochinero y declaró que no era posible comprobar la responsabilidad de la imputada. Por cierto, para quienes se llenan de rabia por la liberación de Cassez porque “no demostró su inocencia”, deben recordar que la inocencia se presume. Pero al artífice del batidillo lo dejó en su puesto.
Es penoso que sea la justicia de otro país la que ahora lo vaya a someter a proceso. Durante el mismo saldrán muchos trapitos puercos y el nombre de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa se pronunciará muchas veces y se sabrá qué sabía y qué, debiendo saber, no sabía. Muchas de esas evidencias podrían ser aprovechadas en otras instancias judiciales internacionales.
La administración de Calderón ya fue objeto de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Alvarado Espinosa y otros vs. México. En esa sentencia se aborda la cuestión relativa a la militarización como estrategia de seguridad pública y la “guerra contra el narcotráfico” y el incremento de la violencia criminal y las violaciones de derechos humanos asociadas a la implementación de los “operativos conjuntos” del gobierno de Calderón.
Independientemente de las justificaciones que Calderón se deleita en repetir, haiga sido como haiga sido, es incuestionable que en su sexenio se incrementó 290% el número de ejecuciones o muertes violentas según datos de la ONU contenidos en el portal del Banco Mundial. Según dichos datos, al comienzo de su sexenio el índice de muertes violentas por cada 100 mil habitantes era de 7.9 y en 2011 llegó a 22.9, dejando el país con 21.5 muertos por cada 100 mil habitantes. Además, de no presentarse desapariciones forzadas al principio de su sexenio, dejó el país con una lista de más de 26,000 personas desparecidas, que sus subalternos en la PGR escondieron y que se filtró a un periódico estadounidense que la dio a conocer. A pesar de ello, la lista la mantuvieron oculta y fue hasta que llegó el nuevo gobierno que “apareció”.
Esas cosas las sabía Calderón; sabía que fue su estrategia de utilización de las fuerzas armadas para labores que no le corresponden, lo que inició la tragedia que nos mantiene todavía revolcados en un tsunami de sangre.
Es una luz de esperanza que García Luna haya sido detenido y que vaya hablar. Seguramente las causas en instancias internacionales, como la Corte Penal Internacional, que aún no se abren, prosperarán; avanzarán, poco a poco, despacito, pero avanzarán, pues acciones de violencia estatal como las del operativo conjunto Chihuahua, que dio lugar a la desaparición de Nitza Paola Alvarado Espinoza, Rocío Irene Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Herrera, son botones de muestra de una “estrategia”, de una “política de estado” digna de escrutinio judicial internacional. Al tiempo.
Expresidente del Grupo de Trabajo y del Comité sobre Desapariciones Forzadas de la ONU.
@CORCUERAS
