El pasado 12 de abril, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU (CED, por sus siglas en inglés) publicó su informe derivado de la visita que realizó a México durante noviembre de 2021.
Dedica el informe más de dos páginas a la crisis forense que prevalece en México pues hay decenas de miles de cuerpos sin vida, apilados en instituciones de medicina forense y enterrados en fosas comunes, sin identificar. Además, el día de ayer el Registro Nacional de Personas Desaparecidas de la Segob, reflejaba la espeluznante cifra de 99,565 personas clasificadas como desaparecidas.
El informe del CED, al referirse a la crisis forense, indica que es una prioridad que debe atender el Estado. “Las causas estructurales que se atribuyen a la crisis forense, incluyen, por una parte, el incremento de los niveles de violencia a partir de la militarización de la seguridad pública, y que se refleja en el número de homicidios (27.8 por cada 100 habitantes en 2020), y en el gran número de personas desaparecidas. Por otra parte, resultan de la ineficiencia de los servicios forenses a causa, entre otros factores, del inadecuado diseño institucional, las carencias en infraestructura, equipamiento, presupuesto y recursos humanos especializados…”.
Es importante destacar que el Comité, en otra parte de su informe, recomienda diseñar una política nacional eficaz para prevenir y erradicar las desapariciones. Es decir, lo primordial es que no haya más desapariciones, para que la crisis forense, ya de por sí descomunal, no aumente. El Comité atribuye la crisis a la militarización de la seguridad pública, y por ello, como parte de las condiciones mínimas para la política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones, recomienda abandonar el enfoque militarizado de la seguridad pública; “por lo tanto, el Comité reitera su recomendación de fortalecer a las fuerzas civiles del orden y requiere al Estado parte establecer un plan de retiro ordenado, inmediato y verificable de las fuerzas militares de las tareas de seguridad pública”. Primero lo primero. —Por cierto, SCJN: ¿y la controversia constitucional 90/2020, ‘apá?
Pero lo inmediato es atender la crisis forense y por ello insta a México a: “…b) avanzar con la mayor celeridad en el proceso de creación del Centro Nacional de Identificación Humana”.
El 31 de marzo de 2022, el Presidente de la República presentó la iniciativa de reforma a la Ley General sobre Desapariciones Forzadas con la propuesta de creación de dicho centro, y, afortunadamente, esta misma semana dichas reformas fueron aprobadas por unanimidad de ambas Cámaras del Congreso de la Unión y enviadas al Ejecutivo Federal para su promulgación y publicación. Así pues, la recomendación del Comité en este sentido ha sido atendida en sus términos, es decir, con la mayor celeridad, lo cual debe aplaudirse, y además se debe elogiar la voluntad del Ejecutivo, incluyendo a la Comisión Nacional de Búsqueda, por la elaboración y presentación de la iniciativa, como al Congreso de la Unión por su celeridad en su aprobación.
Pero, preocupa profundamente que en el artículo sexto transitorio de la reforma se haya establecido que no se asignará presupuesto para la dotación de recursos del Centro de Identificación Humana, sino que la misma Comisión Nacional de Búsqueda deberá usar sus propios recursos, de por sí limitados, para tal fin. No basta con el establecimiento legal del Centro, sino que, como lo señaló el CED, es vital superar “las carencias en infraestructura, equipamiento, presupuesto y recursos humanos especializados”.
Esperamos que el trecho entre lo dicho por la ley y el hecho, no sea mucho. Sin recursos, se corre el riesgo de que se quede en dichos y se quede lejos de los hechos y de la satisfacción de los derechos y reclamos de las familias de las personas desaparecidas.
Expresidente del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU
