El Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU es el órgano encargado de la vigilancia del cumplimiento de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, por los Estados partes, entre ellos, México.
México compareció en febrero de 2015 y en noviembre de 2018 ante dicho Comité, a sustentar su informe y la información de seguimiento sobre el nivel de cumplimiento de la Convención a nivel doméstico.
Desde la primera comparecencia de México en 2015, el Comité, en sus observaciones finales, señaló que había solicitado al Estado mexicano la posibilidad de visitar al país. Se fue el sexenio de Peña Nieto sin que el gobierno hiciera la invitación. Por ello, en las observaciones de seguimiento derivadas de la segunda comparecencia de México en noviembre de 2018, el Comité manifestó su molestia: “6. El Comité deplora que su decisión de realizar una visita al Estado parte en virtud del artículo 33, comunicada y reiterada desde 2013, sigue bajo consideración por el Estado parte.”
Finalmente fue la administración del actual gobierno del presidente López Obrador quien tomó la afortunada decisión de extender la invitación al Comité para la realización de la visita, misma que ocurrirá durante las dos siguientes semanas.
El Comité está integrado por 10 personas. La Delegación del Comité estará compuesta por los cuatro integrantes de habla hispana, entre ellos, su Presidenta, y visitará presencialmente doce estados de la República, y se entrevistará con colectivos de familiares de desaparecidos de prácticamente todas partes del país. Además, se entrevistará con las autoridades relevantes, tanto federales como locales.
El Comité solamente puede solicitar a un Estado parte la realización de una visita “si el Comité recibe información fidedigna que revele violaciones graves de las disposiciones de la presente Convención por un Estado parte.”
Hoy hay cerca de cien mil personas desaparecidas oficialmente reconocidas. La anterior situación implica claramente la gravísima violación por parte de México al artículo 1º de la Convención que establece que “nadie será sometido a una desaparición forzada”, además de muchas otras obligaciones contenidas en la Convención que México está muy lejos de cumplir cabalmente.
El Comité, en las observaciones de seguimiento emitidas a raíz de la comparecencia de México en 2018, señala las principales causas de preocupación, es decir que implican incumplimiento de México a las obligaciones previstas en la Convención, y “observa con preocupación el rol otorgado a las fuerzas militares para las tareas de seguridad pública en la mayoría del territorio del Estado parte, la creciente militarización de las autoridades civiles encargadas de hacer cumplir la ley, y el impacto que esta tendencia podría tener en el aumento de la desaparición forzada y en la impunidad”.
Por ello, “el Comité insta al Estado parte a fortalecer a las fuerzas civiles del orden y a establecer un plan de retiro gradual, ordenado y verificable de las fuerzas militares de las tareas de seguridad pública”.
Si esto dijo a finales del sexenio de Peña Nieto, es previsible, dado el incremento de la participación de las fuerzas armadas que se ha dado durante el gobierno actual, no sólo en las tareas de seguridad pública, sino en otras áreas, que el Comité reitere esa preocupación y esas recomendaciones.
Su visita despierta grandes esperanzas, entre ellas que el informe derivado de ésta contenga recomendaciones que sean acatadas por el gobierno y que con ello comience a superarse la tremenda crisis humanitaria en la que está sumido el país, se mejoren los resultados en cuanto a búsqueda y hallazgo de personas desaparecidas, y en cuanto a los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a la no repetición. ¡Porque vivos se los llevaron, vivos les queremos!
@CORCUERAS
