México se podría estar jugando las próximas horas y días un paso a favor de la transparencia o un paso hacia atrás para retroceder a la época marcada por la opacidad.
Después de que este miércoles el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ( Inai ) votara a favor de interponer una demanda de controversia constitucional contra el “ Decretazo ” del Presidente que declara las grandes obras públicas como de seguridad nacional, el balón pasa a la cancha de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ( SCJN ).
Lo frágil, y a la vez determinante del asunto, es que dependerá de una sola persona si lo enviado por el Inai logra su objetivo que, desde luego, no es irse al último punto del camino y buscar un fallo a favor que se daría en dos años, sino lograr una suspensión del decreto emitido desde Presidencia.
Recordemos que fue el pasado 22 de noviembre cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que declaró de “interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura” y en el que se instruyó a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar autorizaciones provisionales a los proyectos, en máximo cinco días hábiles, para “garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados”.
Esto, sin lugar a dudas, da pie a que al ser de “seguridad nacional” no se abran los datos sobre costos, empresas involucradas, contratos y demás detalles de su ejecución.
Los senadores previeron proceder a una acción de inconstitucionalidad, pero resultó imposible debido a que el decreto no va contra actos o competencia del Poder Legislativo . Pero al incluirse el concepto de seguridad nacional, y dentro de él la información reservada, sí afecta directamente al instituto que vela por la transparencia. Es por ello la relevancia del papel que toma en este juego el Inai; probablemente es el ente que lograría frenar la entrada a ese túnel de opacidad al que el Presidente nos está llevando a ingresar como país.
El primer reto para el instituto al presentar la demanda –que se espera sea emitida en estos días– es demostrar que el acto que impugna genera una afectación en su competencia. Esto se fundamenta en la existencia del artículo 108 de la Ley General de Transparencia que prohibe las declaraciones o reservas de información anticipadas y generales. Las leyes generales son un parámetro para la revisión de ciertos asuntos, según ya determinó previamente la SCJN.
El documento que se presentará ante los ministros –y que pudo consultar esta columnista– cuenta con nueve conceptos de invalidez, y entre ellos hay dos que son clave. Uno, el que establece que el decreto, o acuerdo –como se quiere hacer ver–, vulnera una serie de tratados internacionales que tienen que ver con los procesos de contratación y licitaciones públicas. Quienes trabajaron en el aspecto jurídico del documento a presentar ante la SCJN buscan hacer énfasis especial en este punto, dado que se transgredirían normas que tienen que ver con procedimientos administrativos de transparencia establecidos en acuerdos entre países en materia de anticorrupción y transparencia. Habría que ver si eventualmente alguna corporación trasnacional no levanta la mano al señalar que no se les puede aplicar esta determinación presidencial.
Y dos, el punto en el que se solicita la suspensión del acuerdo por considerar que dejar transcurrir el tiempo natural para el desahogo de estos casos ante la Corte, es decir, en dos años o más, ya se habría incurrido en los actos de opacidad que generan un daño a la nación.
La suspensión estaría entonces en manos de una sola persona. De ser presentada la demanda en las próximas horas, podría saberse el próximo lunes o martes a qué ponencia se fue. Una posibilidad es que caiga en manos de la Comisión de Receso –algo probable en este mes de días libres– y en ese caso en el escritorio de la ministra Margarita Ríos Farjat o de Yasmín Esquivel Mossa . Ante ese escenario las probabilidades de que se conceda la suspensión son mínimas.
Hay una costumbre en la Corte cuando un ministro se va –en este caso José Franco González – que consiste en que los nuevos expedientes se turnan a la o el entrante, que sería a Loretta Ortiz , de quien tampoco se esperaría que hubiera una suspensión.
Otra posibilidad es que quede en manos de otro ministro, o que el Presidente finalmente opte por dar pasos atrás ante la polémica de su decisión.
Por ello las próximas horas y días son clave para lo que resta de la administración actual en cuanto a transparencia y rendición de cuentas. Un panorama pinta a un México que seguirá velando por que el dinero público y la toma de decisiones en las grandes obras sean fiscalizadas y abiertas a los ciudadanos; y el otro dibuja un país que regresaría a los niveles más oscuros del pasado, cuando aspirar a obtener respuestas del gobierno sobre qué hacen con nuestros recursos era un sueño guajiro.