El 20 de agosto de 2020 una cámara del C5 de la Ciudad de México registró cómo una carroza fúnebre y una camioneta tipo Van llegaron al Bar Quito, en la alcaldía Azcapotzalco , y se llevaron dos cuerpos. Los vehículos se fueron primero al panteón de Santa Lucía, cerca de ahí, donde permanecieron unos 15 minutos, y después arribaron al de San Isidro, en Tlalnepantla, Estado de México, donde existe infraestructura para cremación.
Minutos antes de que los cadáveres fueran extraídos del centro nocturno, vecinos reportaron una balacera en el lugar. Pero en los registros del ministerio público no hay asesinatos en ese sitio, ese día. Lo que sí hay en los escritorios de las autoridades son las fichas de desaparición de Karla Ramírez y Cristopher Aguilar , quienes acudieron al Bar Quito sin que se supiera más de ellos.
Las indagatorias, basadas en videos y llamadas interceptadas, apuntan a que una funeraria, en contubernio con los criminales y autoridades, se encargó de llevarse los cuerpos que habrían quedado tras el enfrentamiento para luego incinerarlos de manera ilícita.
Este horror que ocurre en pleno Valle de México fue revelado por el periodista Antonio Nieto en el programa Despierta de Televisa .
En su reportaje descubre algo peor: al parecer este caso no es aislado y desde hace tiempo policías investigadores —de esos que realmente hacen su trabajo– están intentando dar con el hilo de este modo de desaparecer cadáveres que han utilizado miembros de la Unión de Tepito, Cártel de Tláhuac, Banda del Pegaso y Néstor, “El 20”.
Según los avances, hay más de una decena de servidores públicos, incluidos ministerios públicos, que están siendo indagados, la mayoría de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, entre ellas las especializadas en Desapariciones y en Asuntos Relevantes.
Algunos de ellos son: Laura Yazmín Hernández, Guillermo Gonzalo Dorantes, Alejandro Flores, Héctor Neftali Alarcón, Gustavo Gutiérrez, Ignacio Quintana, Junior José Rodolfo Perera, Jorge Jacuide, Jennifer Madrigal, Daniel Alberto Cerón, Ramón Alejandro Pérez, Vadik Xocoyotl Huerta, Alejandro López, Iliana Ramos, Magda Aleida García y Daniel Morales.
La hipótesis es que tanto el personal de las funerarias como los servidores públicos que en teoría deberían velar por la justicia de los ciudadanos han participado en estos hechos, sea por colusión u omisión, y que incluyen no solo la cremación clandestina, sino entierros en fosas comunes –en complicidad con personal de panteones– donde las autoridades difícilmente irían a exhumar con el fin de continuar una pesquisa.
La pregunta es si el gobierno de la Ciudad de México y la fiscal Ernestina Godoy realmente pondrán interés y seriedad en esta atrocidad que ocurre aquí, o la dejarán sin resolver, como ha ocurrido en otros casos.
La implicación del crimen organizado en este modo de desaparecer personas demuestra que su estructura penetró vasos sanguíneos muy profundos en el cuerpo policiaco y de procuración de justicia, algo que probablemente será complicado y tardado desterrar.
¿Qué tiene que pasar para que se dé una verdadera depuración de agentes, ministerios públicos y demás funcionarios coludidos por años con los delincuentes? ¿Hasta cuándo continuaremos conociendo de estas historias de terror?
