Yo lo viví en carne propia. Enfrenté el Covid-19 en el penal de Cuautitlán el año pasado sin que nadie quisiera atenderme, sin medicinas, y con la clara consigna de que no se registraran los casos. Fue un 9 de abril; me sentía adolorido, cansado, con fiebre. “Yo también estoy caliente”, me dijo mi comandante en tono de burla.

Hasta que caí ahí con la población de las celdas. No fui el único caso. Luego que pude recuperarme vi cómo otros compañeros se enfermaban, morían ; los presos fallecieron dentro de los penales, en Barrientos, en Ecatepec, sin que se les hicieran pruebas. Nunca hubo ni cercos sanitarios, ni control de temperatura, ni monitoreo, ni nada. Así cayeron muchos.

El relato anterior sale de la voz del celador Alejandro Jiménez , quien en los últimos 27 años ha laborado en diversas prisiones del Estado de México. El desdén de varias autoridades para cuidar a los internos y dar seguimiento en esta pandemia fue evidente, asegura.

Según el testimonio de varios custodios con los que pude conversar, el descontrol en las prisiones del Estado de México y de Ciudad de México fue tal que no existen estadísticas fiables sobre lo que ocurrió ahí a casi un año y medio del inicio de la pandemia .

“Se soltó la epidemia en Cuauti, ya somos diez compañeros contagiados y ya llevan cinco muertitos; nadie dice nada; la directora sigue dejando pasar a sus especiales, ellos haciendo negocio y no les preocupa nuestra salud”, denunció un interno de manera anónima, quien con “especiales” se refiere a externos a quienes dejan entrar cuando supuestamente no deberían tener acceso.

En el penal de Chiconautla, en Ecatepec, los reos deben dormir casi unos sobre otros, algunos en un piso lleno de agua de drenaje, otros colgados en las rejas –los llamados “vampiritos”- por falta de espacio. Ahí los protocolos sanitarios nunca existieron, como tampoco las pruebas y registros oportunos de enfermos y decesos.

Eso explicaría por qué a solicitud expresa vía transparencia por parte de esta periodista, al menos 24 gobiernos estatales respondieron con un evidente subregistro de casos en los penales de sus estados.

Por ejemplo, en un documento firmado por Larissa León Arce , titular de la Unidad de Transparencia del Estado de México, se menciona que desde 2020 al primer bimestre de 2021, sólo se registraron 12 enfermos por Covid-19, algo totalmente fuera de la realidad.

En el caso de Michoacán las autoridades estatales respondieron que sólo tenían registro de 6 positivos en todos sus penales en el mismo periodo. En el caso de Veracruz la cifra reportada fue de 45 casos diagnosticados como positivos.

Sin embargo, en un reciente reporte del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ( CNDH ), los números no coinciden. Señalan que en total se contagiaron 4 mil 451 y fallecieron 357, aunque con datos más recientes.

Aun así, por mencionar un caso, se especifica que en el Estado de México fallecieron 33 internos, cuando los números oficiales de ese gobierno entregados vía transparencia únicamente dan cuenta de 12 casos positivos, al menos hasta marzo. En Veracruz este reporte señala 30 muertos cuando según el registro previo solo había 45 confirmados.

Las cifras no cuadran, algo que no debería quizás –tristemente– sorprendernos.

Este jueves el Inegi dio a conocer los datos de fallecidos por la pandemia que resultaron 35% mayores al número reportado por la Secretaría de Salud . Y un exceso de mortandad en general en la población mexicana de 45%, con respecto a lo esperado por las tendencias estadísticas, lo que sugiere que quizás muchos de los muertos se mantuvieron en el subregistro. Como ocurrió en los penales mexicanos.

Uno siempre responde con su vida entera a las preguntas más importantes, decía el escritor húngaro Sandor Marai .

¿Qué quedará para el libro de la Historia cuando todo esto pase? ¿Quién se hará responsable del desastroso manejo de la pandemia en el que ni la verdad supo imponerse?