Apenas tres meses después del impacto de Otis, el General Sergio Ángel Sánchez García fue nombrado Comandante del Mando Especial de la Guardia Nacional Acapulco, unidad operativa creada específicamente para atender la crisis en el puerto y en Coyuca de Benítez.
Era enero de 2024 cuando el mando militar centró su estrategia en privilegiar la seguridad ciudadana, el patrimonio y bienestar para la reapertura de los negocios sin temor a saqueos y facilitar la reactivación del turismo.
Esa experiencia demuestra las habilidades del General Sánchez García en la gestión de crisis, sensibilidad social e interoperabilidad con autoridades civiles. Un rostro que hace match con la estrategia de Territorios de Paz de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, y las necesidades operativas y estratégicas a 68 días del Mundial de Futbol.
Su nombramiento como Comandante de la Primera Zona Militar representa la consolidación de un modelo donde convergen el despliegue de fuerza y la construcción de paz social.
El General Roger David Rodríguez Arozamena entrega una zona militar con indicadores de coordinación institucional que hacen del Ejército pieza orgánica del Gabinete de Seguridad capitalino al participar en la planeación diaria y en operativos conjuntos con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justica. Tan solo en el primer bimestre del año condujeron al decomiso de más de 1.3 toneladas de droga.
Esa integración se materializó el miércoles pasado durante la ceremonia por la Toma de Posesión del Cargo y Protesta de Bandera del General Sánchez García con la presencia de la Consejera Jurídica, Eréndira Cruzvillegas; la Fiscal Bertha Alcalde, y el Secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez.
Si la colaboración interinstitucional representa la creación de valor público mediante el aprovechamiento de recursos compartidos, en la Ciudad de México este activo se traduce en la integración operativa entre mandos civiles y militares.
La percepción ciudadana respalda este modelo. Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, el Ejército mantiene niveles de confianza superiores al 80 por ciento. Esta legitimidad social es el capital político que Sánchez García hereda frente al reto de la Copa del Mundo, donde la seguridad requiere una infraestructura de vigilancia que borre las fronteras entre lo civil y militar.
El convenio entre el C5 y la Defensa para el monitoreo de más de 113 mil cámaras es prueba técnica de este match y revela la capacidad de las instituciones de mantener su integridad profesional mientras están profundamente conectadas con estructuras sociales y políticas.
Una lógica aplicable a los Territorios de Paz.
@guerrerochipres