“Les quitamos el show”, dijo soberbio el líder morenista del Senado, Ignacio Mier, el pasado jueves, cuando escondió y encubrió al narcosenador de su partido, Enrique Inzunza, mientras le procesaba a escondidas una licencia temporal para ausentarse de la discusión de las reformas electorales. Lo que no sabía el senador Mier —quien por cierto fue el operador de la campaña del gobernador Rubén Rocha Moya, otro narcopolítico señalado por el gobierno de Trump—, es que, “el show”, en realidad, apenas empieza y no depende de ellos, sino del Departamento de Justicia que ya inició los interrogatorios y audiencias de los políticos sinaloenses acusados de narcoterrorismo.
Justo ayer, un tercer extraditable, el coordinador de la Policía de Investigación de Sinaloa, Marco Antonio Almanza, se entregó al gobierno de los Estados Unidos para responder a los cargos que se le imputan sobre su presunta alianza con Los Chapitos, con lo que ya sólo quedan 7 de los 10 acusados bajo la protección y el cobijo de la presidenta Sheinbaum y del partido Morena, que se niega a aceptar la petición de extradición estadounidense y argumenta que no existen “pruebas contundentes” de la acusación que le formula Washington sobre su alianza con “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.
Y para que no queden dudas de que “el show debe continuar”, le guste o no al gobierno mexicano y a su partido, también ayer la jueza federal de Estados Unidos, Katherine Polk Failla, anunció que el próximo lunes 1 de junio se llevará a cabo la primera vista del caso contra el general mexicano Gerardo Merida Sánchez, quien tendrá un “juicio rápido” en la Corte Sur de Nueva York, luego de haberse entregado voluntariamente a la justicia estadounidense y de negociar un acuerdo para convertirse en testigo, tras declararse “no culpable” de los cargos que se le imputan, y entregar información clave sobre la narcopolítica mexicana y sinaloense.
El otro extraditable que también se entregó al Departamento de Justicia, Enrique Díaz, exsecretario de Finanzas del gobierno de Rocha Moya, llegó ayer al territorio estadounidense, procedente de Irlanda, donde realizó su entrega, y se dispone también a declarar y negociar ser “testigo protegido” a cambio de entregar información que compromete a su exjefe el gobernador y a otros personajes del grupo sinaloense, pues él era el financiero del estado y conoce a detalle los negocios y manejos financieros del hoy gobernador con licencia y de sus hijos, además de tener también información sobre el senador Enrique Inzunza.
Es decir, que mientras acá la presidenta y su partido juegan a proteger, esconder y solapar a los narcopolíticos reclamados por la administración Trump, por el miedo al daño político que eso les causa y argumentando falta de “pruebas contundentes”, los propios acusados reconocen la validez de las acusaciones en su contra y, hasta ahora, tres de ellos han decidido voluntariamente responder ante la justicia estadounidense, y renegar de la protección que les ofrecía el gobierno de Claudia Sheinbaum.
Es como si, en el fondo, los mismos morenistas reconocieran que no se van a poder escapar ni evitarán pisar los tribunales estadounidenses, por más que aquí les ofrezcan una protección gubernamental que no resistirá, con todo y el maniqueo discurso de la soberanía, la presión y el embate del gobierno de Donald Trump en contra de los cárteles de la droga mexicanos y de los políticos que se aliaron con ellos. Claramente, en la disyuntiva de quedarse en México y resistirse a la detención, los acusados sinaloenses, al menos tres de ellos hasta ahora, han decidido que confían más en la justicia estadounidense, con la que negociarán a cambio de información y evidencias, que en el gobierno y la justicia mexicanas.
Porque al final hoy ya no quedan dudas de que el caso de los 10 extraditables de Sinaloa es apenas el primero de una muy larga lista de políticos mexicanos, en su mayoría de Morena, que empezarán a ser acusados de vínculos o asociación con los cárteles del narcotráfico. La única duda hoy es cuáles serán los siguientes, si el gobernador de Sonora, el de Tamaulipas o la de Baja California. Porque en la “guerra contra los cárteles” que ya ha declarado de todas las formas posibles el presidente Trump y sus secretarios y agencias, está claro que no van solo contra los capos y sicarios mexicanos, sino contra los políticos que, según Washington se coludieron, protegieron y apoyaron a las organizaciones narcoterroristas.
El tiempo se le está agotando a la presidenta Sheinbaum y si no llega pronto a un acuerdo o negociación con Trump para ceder y entregar a los narcopolíticos de su partido –hay quienes piensan que ya lo negoció en privado pero nunca lo aceptará en público por temor a las represalias de quien controla a su movimiento—, los drones estadounidenses, encabezando ataques y acciones militares contra objetivos del narco en territorio mexicano, no tardarán en aparecer en los cielos de las regiones dominadas por los cárteles mexicanos.
Así que no, senador Mier, no nos quitó “el show” de la narcopolítica que se anidó en su partido, si acaso pudo usted alargar la agonía de sus amigos sinaloenses que tarde o temprano —y estamos a escasos 10 días de que se venza el plazo de los 40 días que marca el Tratado de Extradición entre los dos países— terminarán sentados en el banquillo de los acusados en la Corte Sur de Nueva York, si no es que se convertirán también en testigos protegidos o colaboradores para acusar a otros políticos, de nivel más alto que ellos, de haber sido parte de la narcopolítica que auspició y anido el partido Morena y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
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