Anoche, en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum operaba con los coordinadores nacionales de su partido para “planchar” la propuesta de reforma a las leyes electorales y a la Constitución con la que el régimen morenista consumará un nuevo modelo electoral para regir la competencia política y democrática en el país. Hasta la sede presidencial se vio llegar ayer a los dos coordinadores parlamentarios de Morena, Ricardo Monreal y Adán Augusto López, además de la dirigente del partido oficial, Luisa María Alcalde, para coordinar la estrategia por la cual el régimen aprobará e impondrá, con sus mayorías, su reforma electoral.
Con la disminución de costos presupuestales del sistema electoral, un argumento popular pero al mismo tiempo peligroso, la doctora presentará la propuesta redactada por la Comisión que ella misma integró con personajes ligados todos a su movimiento político, sin tomar en cuenta a la oposición ni a expertos y especialistas en derecho electoral, por lo que la iniciativa que llegará al Congreso en los próximos días bien puede definirse como unilateral, con la única visión del régimen y del oficialismo sobre cómo deben integrarse y funcionar las instituciones y los procedimientos políticos y electorales.
Y aunque hubo consultas organizadas por la comisión que preside el morenista Pablo Gómez y se hicieron reuniones por todo el país “para escuchar propuestas de la ciudadanía”, la realidad es que el documento que anoche revisaban la presidenta y los líderes de su partido será la primera propuesta de reforma política que se lleve a cabo en México desde el gobierno, pero sin consultar a todas las expresiones políticas, a las minorías y sin tomar en cuenta la pluralidad política y democrática que caracteriza a este país.
De hecho, la reunión que ayer sostuvo la presidenta con sus líderes en el Congreso y de su partido, lo que buscaba era evitar las diferencias y choques que han surgido entre morenistas por el contenido de dicha reforma electoral, con la idea de que en el momento del análisis, debate y votación no afloren rupturas o disensos entre las bancadas del oficialismo y que se presente como una propuesta uniforme del oficialismo, a la que buscaría sumar votos de algunas bancadas de oposición, como la de Movimiento Ciudadano, para alcanzar la mayoría calificada que no tienen en el Senado.
Todo apunta, pues, a que la presidenta y su partido se aprestan a imponer su visión y su voluntad en el diseño de las nuevas reglas para la competencia política y para la democracia, sin escuchar ni tomar en cuenta otras propuestas como las que ya se han presentado en la Cámara de Diputados, como la iniciativa ciudadana de la agrupación civil “Salvemos la Democracia”, que reunió mucho más de las 130 mil firmas que le exigía la ley para poder presentar una propuesta legislativa a nombre de ciudadanos que proponen 5 cambios específicos a las leyes electorales y la Constitución para garantizar que la competencia política y electoral en México siga siendo equitativa, que haya “cancha pareja” para todos los partidos, y que no se beneficie sólo al partido hegemónico del gobierno que hoy es Morena.
Además de la iniciativa ciudadana que se presentó el pasado 9 de diciembre con la propuesta de reforma a 5 artículos constitucionales clave para garantizar un “árbitro justo y piso parejo”, además de “terminar con las trampas” en las elecciones y prevenir la sobrerrepresentación y el “chapulineo” en los partidos, hay otra propuesta legislativa presentada por la agrupación política “Somos México” y entregada la semana pasada a la presidencia de la Cámara de Diputados por expresidentes del IFE y del INE como Leonardo Valdés y Lorenzo Córdova Vianello.
Y también se suman las 241 propuestas que entregaron ayer la mayoría de consejeros del INE (9 los 11 consejeros) a la Comisión de la Reforma Electoral y en la que los integrantes del órgano electoral piden, entre otras cosas, mantener la representación plurinominal para el Congreso de la Unión –algo que plantea eliminar la propuesta presidencial–, aumentar las facultades de fiscalización del dinero en los partidos, mantener intacta la autonomía del instituto electoral y garantizar un presupuesto suficiente para los organismos comiciales, mediante una fórmula basada en el PIB y en el crecimiento del padrón electoral.
Pero una prueba de que no se escucharán ni se tomarán en cuenta más propuestas que las de la Comisión Presidencial, fue la respuesta dura y tajante que les dio Pablo Gómez anoche a los 11 consejeros del INE que acudieron a presentarle sus planteamientos para la reforma. “No será una reforma de consensos, porque ninguna lo ha sido”, les dijo, al tiempo que rechazaba la fórmula para asignar el presupuesto al INE y les comentaba que “ningún órgano administrativo puede ser del todo autónomo”, en respuesta a los comentarios de consejeros que pedían respetar la autonomía del instituto.
Es decir, que lo que se viene en la discusión de la Reforma Electoral, más que un cambio positivo o una mejoría del sistema electoral, será la imposición de la visión gubernamental y del régimen, sobre cómo deben ser las elecciones y cómo debe regirse la competencia política. Y cuando esa visión es sólo una, sin tomar en cuenta a todos los grupos políticos, lo que se augura es que más que un modelo electoral mejorado, más económico y más confiable, tendremos la apropiación final de los órganos e instituciones electorales por parte de un régimen, que más que democracia, lo que quiere y le interesa, es perpetuarse en el poder.
Si no fuera ese el objetivo ¿por qué no convocaron a los partidos de oposición, a los expertos electorales y a todo aquel que pudiera sumar algo para mejorar nuestra joven e imperfecta democracia y por qué optaron por conducir esta reforma sólo con militantes, funcionarios y dirigentes de Morena?
La mejor definición de lo que viene en el Congreso la hacía anoche el escritor Héctor Aguilar Camín, al referirse a Pablo Gómez, el flamante coordinador de la reforma presidencial electoral, que anoche afirmaba que el INE “no puede ser autónomo”. “Con estas acciones Pablo Gómez está quitando la escalera por la que él mismo trepó”, publicó en redes sociales el escritor. Y sí, Gómez fue uno de los primeros 100 diputados plurinominales que hubo en México en los años 70, gracias a la reforma electoral y política impulsada por Reyes Heroles, y hoy el militante comunista que se benefició de la apertura del régimen y la pluralidad, busca cerrar la puerta al pluralismo para imponer sólo la visión de su movimiento político.
NOTAS INDISCRETAS… En vísperas de la reunión que sostendrá esta semana el Grupo de Implementación de Seguridad Bilateral de alto nivel entre México y Estados Unidos, según lo que acordaron ayer en su llamada telefónica la presidenta Sheinbaum y el presidente Donald Trump, anoche fuentes del gabinete mexicano confirmaban que parte de lo que se discutirá en esa reunión en Washington serán la listas de nombres de políticos mexicanos, gobernadores y funcionarios, que Estados Unidos ha entregado al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y a los que acusa de “proteger a los cárteles de la droga” que operan en varios estados del país. En esa lista, nos dicen, figuran los nombres de al menos 5 o 6 gobernadores, en su mayoría de Morena, y de dos ex secretarios de Estado militares, uno del gobierno de López Obrador y otro del sexenio de Peña Nieto, así como algunos exgobernadores que hoy ocupan otras posiciones políticas, y a los que el gobierno de Donald Trump exige que se les investigue y enjuicie en México, con posibilidades de ser después extraditados a los Estados Unidos. Ese es el primer golpe “concreto” que el secretario de Estado, Marco Rubio, le pide a México para demostrar su compromiso con la cooperación y el combate a las “organizaciones narcoterroristas” y su violencia en territorio mexicano, además de frenar el flujo de fentanilo y otras drogas a su país. Veremos si la presidente Sheinbaum, que ayer presumió su llamada telefónica “cortés” de 15 minutos con Trump, está dispuesta, y sobre todo si puede, atender la petición estadounidense que significa sacrificar a varios morenistas que hoy son vistos por Washington como “protectores del narco” en sus estados y a los que exigen procesar en la justicia mexicana… A propósito de la demanda por daño moral que presentó Julio Scherer Ibarra en contra del exfiscal Alejandro Gertz Manero, en la parte final de su escrito de denuncia presentado el pasado viernes ante el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, el exconsejero jurídico ofrece presentar como sus “testigos” en el proceso judicial que pide que se le abra a Gertz, a una lista de personajes políticos y de la abogacía que testificarían en favor de su causa y confirmarían los hechos y delitos de los que acusa al extitular de la FGR. Dice Scherer en cuanto a sus testigos: “En términos de lo dispuesto por la fracción V del artículo 255 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, me permito anunciar como testigos de los distintos hechos narrados en la presente demanda, a los siguientes: Jorge Carrasco Araizaga, César Omar González Hernández, Roberto García González, Guillermo Barradas Cendón, José Javier López García, David Gómez Arnau, Adán Augusto López Hernández, Juan Ramón Collado Mocelo, Antonio Collado Mocelo, Alejandra Cuevas Morán, Gerardo Álvarez Morphy Alarcón, Francisco Álvarez Morphy Alarcón y Ernesto Álvarez Morphy Alarcón”, son los nombres que propone como testigos. Y en la parte final de su denuncia, bajo el título de “Capítulo Conclusivo”, el exconsejero jurídico de la Presidencia le pide al juez condenar a Gertz Manero, con los siguientes argumentos: “Ante ello, lo único que resta será condenar a AGM al pago y cumplimiento de las prestaciones que se le reclaman, pues en su desempeñó como Fiscal General de la República, violentó mis derechos de personalidad, como lo hizo con varias personas, al utilizar de manera facciosa a la Fiscalía General de la República, en la cual intentó fabricar delitos para perseguir a sus adversarios, de entre los cuales se encuentra el Suscrito, al no haber accedido a peticiones ilegales. No dejando de señalar que las expresiones que llevó a cabo AGM en la Conferencia de Prensa no son más que el clímax de la persecución de “Estado” que realizó en mi contra, con el afán de denostar mi imagen y afectar con ello mi patrimonio moral, por ello acudo a su Señoría para que condene al otrora Fiscal General de la República a que pague las prestaciones que aquí se le reclaman, al haber dejado de observar sus obligaciones como Fiscal del País y pretender utilizar dicha institución como oficina privada, denostando mi nombre y reputación. No se deja de hacer referencia a que con fecha 28 de noviembre, se hizo del conocimiento del público en general, que el otrora Fiscal General de la República, renunció a su cargo, sin que se haya actualizado una causal grave como lo establece la Constitución, lo que deja en evidencia que ni durante el ejercicio del cargo, ni en el momento en el que terminó con el mismo, pudo cumplir AGM con las disposiciones legales que deberían haber regido su actuar. No obstante, gracias a su renuncia, México respira. No es una metáfora, es un respiro hondo, largo, el que sigue a una opresión sostenida. La salida de AGM de la Fiscalía General de la República pone fin a uno de los capítulos más oscuros de dicha Institución. Ningún fiscal en la historia reciente había acumulado tanto descrédito, tantos agravios ni tal distancia moral respecto al encargo que recibió. La institución, que nació para ser contrapeso y garantía, quedó sometida al vaivén de un hombre dominado por rencores antiguos. El país fue testigo. Vio cómo la Fiscalía se torcía en manos de quien confundió lo público con lo personal; cómo la justicia se volvió herramienta de intimidación, de miedo, de castigo a conveniencia. Observó el uso del Estado como un arma personal para perseguir obsesiones privadas, como si la ley fuera una propiedad y no un deber. Se va Gertz Manero, el fiscal que convirtió motivos personales en asuntos de la Nación. Para quienes fuimos blanco de su perversidad, este día no llega sin costo. Durante años cargamos el peso de acusaciones sin sustento, sostenidas a golpes de arbitrariedad, filtraciones y abuso de poder. Vivimos bajo un hostigamiento que se ocultaba bajo el abrigo de una ley a su medida, con forma de venganza. Esa herida existe, no se borra. Pero su renuncia cierra, por fin, un ciclo de injusticia. Terminó la era en que la justicia perseguía los rencores de un solo hombre. Gertz Manero se marcha como llegó a la conciencia pública: señalado, cuestionado y repudiado. Un fiscal que nunca entendió la dimensión ética del cargo. Un símbolo de lo que no debe repetirse: la justicia al servicio de un ego, las instituciones a merced de un carácter. Su partida es más que la caída de un funcionario. Es la oportunidad de que la justicia mexicana salga del secuestro que la mantuvo cautiva. Es la posibilidad —por primera vez en estos años— de que la Fiscalía emprenda un proceso de reconstrucción, de limpieza, de restitución de su propósito elemental: servir a la nación, proteger a las víctimas, ejercer la ley sin favoritismos ni amenazas. Hoy, México pasa la página. Los perseguidos por su capricho pueden mirar hacia adelante sin la sombra que utilizó la ley como arma. El país se libra de un fiscal que confundió autonomía con arbitrariedad y poder con dominio”, sostiene Julio Scherer en la conclusión de su demanda… Los dados mandan Doble Serpiente. La primera del año.