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Posponen iniciativa contra el outsourcing

Salvador García Soto

El presidente ganó la partida porque su propuesta no cambia

El gobierno federal y los empresarios anunciarán este miércoles que se pospone la discusión de la iniciativa presidencial para regular el outsourcing, luego de que no lograron acuerdos y entendimientos sobre algunos temas, por lo que pedirán a la Cámara de Diputados que mande hasta febrero de 2021 el proceso parlamentario para discutir y aprobar la propuesta de ley que les envió el presidente López Obrador sobre la subcontratación de servicios laborales en México. En febrero del próximo año, las reformas para normar el outsourcing tendrían carácter de “iniciativa preferente”, lo que significa que tendría que ser aprobada en un plazo no mayor a un mes por los diputados.

De ese modo, los dos meses y medio que transcurrirán de aquí a febrero, antes de que se apruebe la iniciativa de López Obrador en el Congreso, serán un “periodo de gracia” para que las compañías que hoy tengan algún esquema de contratación irregular por outsourcing lo regularicen antes de que se apruebe la nueva ley y pongan en orden sus plantillas laborales para evitar sanciones y hasta acusaciones penales a partir de la nueva legislación. “Ante la envergadura de la reforma y sus impactos operativos, las empresas solicitaron un plazo para llevar a cabo este proceso. Por ello se solicita respetuosamente al Poder Legislativo se pueda posponer al mes de febrero de 2021 la discusión parlamentaria de la iniciativa”, según dice el documento titulado “Acuerdo Tripartida entre el Sector Empresarial, el Sector Obrero y el Gobierno de México respecto a la Subcontratación”, elaborado en la oficina de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, y que sería dado a conocer mañana miércoles en Palacio Nacional.

De acuerdo con una copia de dicho documento, en poder de esta columna, son cuatro puntos los que firmarán en el “Acuerdo Tripartita” el gobierno, los empresarios y los representantes sindicales, en un esquema que recuerda el mecanismo de los viejos “pactos de concertación” establecidos durante el periodo neoliberal desde Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari hasta Ernesto Zedillo y luego revividos en el sexenio de Peña Nieto. En este pacto, ahora en la era de la 4T, los tres “sectores” se comprometen en el primer punto “a resolver el problema del abuso de la subcontratación de personal. Las empresas del país iniciarán de inmediato el proceso para regularizar sus plantillas en el marco de la iniciativa de ley presentada por el Ejecutivo Federal”.

En el punto número 2, se menciona que no ha habido acuerdos en el tema del PTU o Reparto de Utilidades, que fue uno de los puntos de mayor tensión durante las pláticas que sostuvo el presidente López Obrador con los dirigentes de organizaciones como el CCE, Carlos Salazar; de Concamín, Francisco Cervantes, y del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle. “El esquema de reparto de utilidades, en el marco de lo planteado por la iniciativa del Ejecutivo, en la que no se podrá subcontratar personal, no ha quedado suficientemente definido ni socialmente debatido. En consecuencia, se necesita tiempo suficiente para una discusión abierta entre los sectores para definir un sistema de reparto de utilidades justo, equitativo y que evite la discrecionalidad en su pago. Se iniciará dicho proceso de consulta para ser resuelto previo a la discusión de la iniciativa”.

El punto número 3 se refiere al plazo que pidieron las empresas para regularizar su situación en el outsourcing y revisar sus plantillas, ante lo cual el Acuerdo Tripartita solicita que la Cámara de Diputados posponga a febrero de 2021 la discusión de la iniciativa enviada por el presidente López Obrador, con la explicación de que a partir de esa fecha se le declarará “iniciativa preferente” y tendrá que ser aprobada a más tardar en un mes. Finalmente, en el punto 4, los tres sectores, acuerdan hacer “un llamado a las empresas que manejan nóminas, para que de inmediato dejen de desarrollar prácticas irregulares, perjudiciales para los trabajadores, como darlos de baja masivamente en diciembre. El IMSS y el SAT harán un exhorto formal a estas empresas y de encontrarse irregularidades o posible comisión de delitos, se procederá de inmediato, ya sea administrativa o penalmente”, advierte el citado acuerdo.

Así es que, finalmente, después de al menos tres reuniones que no fueron nada tersas en Palacio Nacional, el presidente López Obrador decidió ceder a la petición de los empresarios para contar con el “periodo de gracia” que les permita ajustar sus esquemas de subcontratación a lo que establecerá la nueva ley. Tres meses y medio tendrán las empresas mexicanas y extranjeras que manejen esquemas de subcontratación para revisar que no incurran en ninguno de los nuevos supuestos de ilegalidad que propone el presidente en su iniciativa; es decir, que al final, los empresarios ganaron tiempo, pero el presidente ganó la partida porque mantendrá sin modificaciones su propuesta que declara irregular e ilegal, incluso con sanciones y delitos equiparables al crimen organizado, los esquemas de abuso y defraudación del outsourcing. Podría decirse, entonces, que como en una partida de ajedrez, los dirigentes empresariales lograron detener el reloj y dejar el juego en suspenso, pero para finales de febrero de 2021, cuando se reanude la partida, el presidente les dará jaque mate, y los que no hayan regularizado sus esquemas de subcontratación, se tendrán que atener a las consecuencias hasta penales.

NOTAS INDISCRETAS…
Casi 20 minutos le dedicó ayer el presidente López Obrador en su conferencia mañanera a hablar de la inédita e histórica alianza que acordaron realizar el PAN y el PRI junto con el PRD. Con todo y risitas burlonas, que por momentos parecían nerviosas, y con descalificaciones y ataques como “en este caso no duele tener la razón, porque siempre lo dijimos, les ganó la ambición y se quitaron la máscara”, el mandatario nacional trató de disimular la verdadera preocupación y el impacto que puede tener para su partido Morena la conformación de una gran alianza opositora en al menos 150 distritos federales, la mitad de los que se van a votar, y en varias de las 15 gubernaturas. No hace falta mucha matemática para saber que, aunque Morena encabece las encuestas tanto a nivel nacional como en la mayoría de los estados, la suma de fuerzas entre PRI-PAN y PRD automáticamente supera en muchos casos a las intenciones de voto de los candidatos morenistas. Así que, aunque se ría, la alianza que él tanto nombró y satanizó, primero con el apelativo del PRIAN y luego con el invento de la BOA, finalmente se le hizo realidad y, aunque de inmediato le lanzaron sendas campañas para descalificarla y satanizarla, es un hecho que la histórica unión de los blanquiazules y los tricolores preocupa y mucho a la 4T… Por cierto, que en las explicaciones que salieron a dar ayer a la opinión pública sobre el porqué de una alianza inédita, luego de que fueron rivales y opositores históricos por 75 años, quedó muy claro que al PAN se le complica más explicar y argumentar el que hayan decidido aliarse con el PRI, mientras que los tricolores, más cínicos y avezados en las maromas ideológicas y políticas, lo explicaban con la mayor naturalidad. Ayer, por ejemplo, Marko Cortés, líder del PAN, nos decía que “no es una alianza total y que en muchos casos los panistas iremos solos” al tiempo que resaltaba los compromisos de “honestidad y congruencia” que les exigirán a los candidatos priistas y perredistas que decidan apoyar en algunos distritos. En cambio, Alejandro Moreno, líder del PRI, sin tantas vueltas, decía que la alianza con el PAN “es porque queremos que le vaya bien a México y no le está yendo bien con Morena, por eso nos unimos, para evitar la destrucción de México que está realizando el gobierno de la 4T”. En fin, que la alianza opositora va y las campañas a favor y en contra también… Anoche fuentes de la UIF confirmaban a esta columna que al menos 14 cuentas bancarias del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, han sido congeladas, como parte de las investigaciones en contra del mandatario panista y de varios de sus familiares por transferencias y depósitos en empresas familiares y la compra de bienes y casas en ciudades como McAllen y Mission, Texas. Las investigaciones de la UIF contra Cabeza de Vaca y su esposa, suegro y hermanos, que hace algunos meses revelamos en esta columna han empezado a tomar curso y este fin de semana se publicaron detalles en la revista Proceso. Todo indica que ahora sí procederán contra el mandatario tamaulipeco y sus negocios familiares, mientras que Cabeza de Vaca ha declarado que todo es un “ataque político del gobierno” en su contra y que está listo para responder a las acusaciones de la UIF que califica de infundadas. En el paquete de investigaciones y denuncias contra la familia García Cabeza de Vaca también va incluido el ex senador y abogado, Roberto Gil Zuarth, a quien también le han investigado sus movimientos financieros, a partir de que se le considera un “operador político, jurídico y financiero” del gobernador de Tamaulipas. Por cierto, que en todo esto no se menciona al delegado federal en Tamaulipas, José Ramón Gómez Leal, cuñado del gobernador, quien ha tratado siempre de deslindarse de los negocios de su familia y ha dicho incluso que no tiene ninguna relación ni con su hermana ni con Cabeza de Vaca. Sin embargo, circulan fotografías familiares en las que se ve al “JR” como le apodan al superdelegado de la 4T en la entidad tamaulipeca muy sonriente junto al gobernador, a su hermana y al resto de su familia. Así que, ante el escándalo que viene, el delegado de programas federales del gobierno de López Obrador en Tamaulipas, tendrá que tomar una decisión si no quiere verse salpicado por su “brother in law” y su hermana. ¿Renunciará el JR o esperará a que le pidan la renuncia desde Palacio Nacional?... Los dados mandan Serpiente. Caída libre.

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