No hay “fantasma de militarización”, pero sí un gobierno militarizado

Salvador García Soto

No hay duda de que estamos ante una “época de oro” para las fuerzas castrenses

Con el Ejército mexicano y la Secretaría de Marina avanzando cada vez más en labores de gobierno y administrativas que, por ley y por tradición siempre realizaron civiles en el país, el presidente López Obrador insiste en que no hay un “fantasma de militarización” en su administración, aun cuando soldados, generales y almirantes controlan ya varias áreas sustantivas del gobierno civil que van desde la construcción de obra pública, hasta la administración de vacunas contra el Covid, pasando por el control y manejo de los Puertos Mercantes, las Aduanas fronterizas, el Banco del Bienestar, el combate al robo de hidrocarburos y custodia de pipas de Pemex, Programa Sembrando Vida y, por supuesto, la seguridad pública en todo el territorio nacional.
 
Si a eso se suma que las Fuerzas Armadas, en su conjunto, hoy gozan del mayor presupuesto público de la historia con 148 mil 033 millones de pesos –el doble de los 75 mil millones que tuvieron en el último año de Peña Nieto–, que el próximo año les aumentarán 50 mil millones de pesos más para el manejo de la Guardia Nacional, que dejará de ser una policía “civil”, al menos en la ley, para convertirse en un cuerpo de policía militar, y que ahora el Ejército y la Marina también tendrán sus propios ingresos financieros por la administración de Aeropuertos, Tren Maya y otras “concesiones” financieras y administrativas que les está otorgando el presidente, no hay duda de que estamos ante una “época de oro” para las fuerzas castrenses, que se reconozca o no, cada vez acumulan más tareas civiles –y con ellas el poder que conlleva— además del presupuesto público.
 
Muy lejos ha quedado aquel discurso de campaña del candidato López Obrador que cuestionaba “el uso del Ejército para tareas para las que no fue creado” y afirmaba que si él llegaba a la Presidencia “voy a devolver a los militares a sus cuarteles”. No sólo nunca los devolvió, sino que los metió a muchas más áreas de naturaleza civil y, de haber sido enviados por Felipe Calderón y Peña Nieto a encargarse de la seguridad y el combate al narcotráfico, hoy los militares no sólo han ampliado su rango de acción y su capacidad financiera y administrativa, sino que también son considerados por este gobierno, como las dos instituciones más importantes del Estado, por encima y con “superioridad moral” que cualquier dependencia o institución civil.
 
“Acerca del fantasma de la militarización, yo quiero comentar que no hay esa idea, ese propósito de querer enfrentar el problema de la inseguridad solo con el uso de la fuerza. No hay afanes autoritarios, no hay una guerra… Queremos que la Guardia Nacional se consolide y que antes de terminar nuestro gobierno esté dependiendo de una institución fuerte, disciplinada, profesional, leal, como la Secretaría de la Defensa, lo mismo que la Secretaría de Marina, que siempre he dicho, son los dos pilares del Estado nacional, que nos están ayudando mucho”.
 
Sin poner en duda los conceptos de lealtad, disciplina y profesionalismo que el presidente López Obrador exalta en las Fuerzas Armadas y  la contundencia de las encuestas que siguen ubicando a las fuerzas militares como una de las instituciones en las que más confían los mexicanos, la realidad es que la militarización del gobierno y de la administración pública en lo que va de este gobierno es claramente medible por el número de tareas civiles y el presupuesto que manejan las instituciones militares.
 
No es casualidad que con los recursos otorgados este año a las Fuerzas armadas en su conjunto sean el único rubro presupuestal que más ha crecido en lo que va de este gobierno, con casi 96% de aumento y tampoco lo es que los 148 mil millones que este año tienen las instituciones castrenses –112 mil 557 millones la Sedena y 35 mil 476 millones la Semar— superen a otras áreas sustantivas del gobierno como la cultura, que apenas tiene 13 mil millones de pesos con los recortes de este año, la ciencia con 86 mil 600 millones de recursos fiscales y 102 mil 600 contando sus recursos propios.
 
Incluso si se le compara al presupuesto militar con los presupuestos más grandes que maneja el gobierno, en 2022 con los 50 mil millones de pesos más que ha anunciado el gobierno para la Sedena por la Guardia Nacional, el presupuesto militar alcanzaría casi 200 mil millones de pesos, que representan la cuarta parte del total del gasto en educación que invierte el gobierno este año 836 mil 400 millones; un 40% del gasto en salud que este año fue de 496 mil 912 millones; y un porcentaje similar de 40% representa el gasto castrense comparado con los 505 mil 262 millones que este año destinó el gobierno federal a los programas sociales, que son una de las mayores prioridades de la administración lopezobradorista.
 
Pero la medición más real del terreno que han ganado los militares en el gobierno civil no está solo en los recursos presupuestales y en sus más de 12 tareas civiles que hoy controlan, sino en las afirmaciones y la constante presencia e influencia de los dos jefes militares en Palacio Nacional, el general Luis Cresencio Sandoval y el almirante José Rafael Ojeda, dos de los hombres de mayor confianza y cercanía del presidente. El general Sandoval ha dicho en discursos y en comparecencias ante el Senado “que no hay militarización y no hay por qué preocuparse porque no estamos en el gobierno para dirigir alguna área que no sea de nuestra especialidad”, además de que también ha acusado que el “sistema Judicial es el que menos cumple sus funciones en el tema de seguridad y narcotráfico”, mientras que el almirante Ojeda de plano acusó: “Parece que al enemigo lo tenemos en el Poder Judicial” y recientemente dijo que “México carece de servidores públicos honestos. Por eso tenemos este problema de una alta corrupción”.
 
Ese es quizás el más claro indicador del avance militar en la vida civil de este país, que junto al cada vez mayor poder económico y político que se le está dando a las instituciones castrenses al controlar áreas enteras del gobierno, también viene el discurso de “superioridad moral” de los militares sobre los civiles, algo que puede parecer para muchos cierto y hasta inofensivo, pero que va construyendo una narrativa en la que los castrenses pueden hacerlo todo de manera más eficiente y honesta que los civiles. Entonces ¿quién necesita un gobierno civil ineficiente y corrupto?

NOTAS INDISCRETAS… 

Hablando de militares, al que se ha visto ya muy activo y retomando sus actividades personales y sociales es al exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos. Al general que fue detenido y acusado por la DEA y luego regresado a México por una petición directa del gobierno de López Obrador que tuvo que solicitar la devolución del extitular de la Sedena porque enfrentó una amenaza de retiro del Ejército y la Marina de abandonar cualquier labor en seguridad y de otro tipo en su gobierno, se le ha visto departir con sus amistades en varios restaurantes de la Ciudad de México, en donde los comensales lo reconocen y se acercan a saludarlo. Uno de esos comensales que se paró de su mesa para saludar y reconocer al general Cienfuegos, le escuchó decir que él “estaba de regreso” y que pudo librar el encarcelamiento y las acusaciones del Departamento de Justicia y la DEA que pretendían abrirle un juicio por presuntos vínculos con grupos criminales, “gracias a que mis amigos militares se le plantaron al presidente y le exigieron que me trajera, si hubiera sido por este gobierno, yo allá siguiera en la cárcel”. Y seguro que don Salvador, al que se le ve muy bien en su reaparición pública, sabe bien de lo que habla cuando habla de cómo logró algo de lo que muy pocos personajes en el mundo pueden ufanarse: librar a la justicia estadunidense… Anoche se habían despejado ya las cosas en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y con la renuncia del magistrado Reyes Rodríguez a la presidencia para la que fue electo por la mayoría de sus cinco compañeros, quedaba claro que la mediación del presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, tuvo efecto y que tanto Reyes como el depuesto José Luis Vargas aceptaron hacerse a un lado para dar paso a una nueva votación que ocurrirá en las próximas horas cuando se reúnan a sesionar los 7 magistrados de la Sala Superior. Anoche sonaba fuerte el nombre del magistrado Indalfer Infante para asumir la Presidencia del TEPJF, y se decía que había un acuerdo impulsado por el líder del Senado, Ricardo Monreal, y por la dirigencia del PAN, a través de Santiago Creel y Marko Cortés, para que Indalfer entrara como tercero en discordia y pusiera fin a la crisis del Tribunal, para que puedan retomar a la brevedad, a más tardar el próximo miércoles, sus tareas constitucionales y sustantivas que son la calificación y validación o anulación, según sea el caso, de las elecciones federales de diputados y las locales en estados como Chihuahua, Nuevo León, Michoacán y San Luis Potosí, además de temas como las multas al PVEM y a MC por el uso ilegal de influencers en sus campañas. Veremos si para mañana o a más tardar el miércoles los 7 magistrados ya se “aclimataron” y resolvieron una crisis que ellos mismos desataron… Los dados mandan Escalera doble. Mejora el tiro y también la semana.

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