Justo ayer, que la presidenta Claudia Sheinbaum afirmaba en su conferencia mañanera que “no hay operaciones conjuntas con el gobierno de Estados Unidos” y que lo único que hay es “intercambio de información sobre objetivos de interés” de los dos países, el abogado del narcotraficante, Ryan Wedding, aseguró que su cliente “no se entregó y él fue detenido”, por lo que calificó de “inexacta” la información que dio el gobierno de México sobre una supuesta entrega del deportista canadiense capturado la semana pasada en territorio mexicano y entregado a Estados Unidos.
“Bueno, él no se entregó. Fue detenido. Fue arrestado. Por lo tanto, cualquier interpretación que el gobierno de México esté dando a esto, de que se entregó, es inexacta. Si hay alguien en condiciones de saber cómo se produjo su detención y arresto, es su abogado. Así que esos informes sobre lo que ocurrió, que se entregó, son completamente inexactos”, declaró ayer el abogado de Wedding al salir de la primera audiencia de su cliente en la corte en Santa Ana, California.
Los dichos del abogado del exdeportista olímpico confirman la versión que dio el pasado viernes el director del FBI, Kash Patel, quien aseguró que a Ryan Wedding lo capturaron agentes estadounidenses de su agencia y autoridades mexicanas en una “operación conjunta compleja y de alto riesgo, sin margen de error” que se llevó a cabo en territorio mexicano mientras él estaba de visita en nuestro país el pasado viernes 23 de enero. “Estuve en el terreno con nuestro equipo en México y fui testigo de un trabajo en equipo extraordinario, precisión y confianza entre nuestros agentes y socios en México”, dijo Patel a la revista Vanity Fair.
Tanto la versión del director del FBI que habla de agentes estadounidenses actuando en México y deteniendo a Ryan Wedding, como la del abogado Anthony Colombo, coinciden en su captura en territorio de México, pero contradicen la versión oficial mexicana que dio el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, quien afirmó en su comunicación oficial que Wedding “se entregó voluntariamente”, algo que también declaró después el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson.
¿Por qué mintió el secretario García Harfuch y lo secundó el embajador Johnson? Pues por la misma razón que ayer la presidenta respondió a una pregunta en su conferencia negando que haya habido un operativo conjunto en el que los agentes del FBI, con su director Patel supervisando también en México, capturaron al peligroso narcotraficante al que ellos mismos compararon con El Chapo Guzmán y con Pablo Escobar.
Tanto la presidenta Sheinbaum como su secretario de Seguridad les mienten a los mexicanos al decir que no aceptan intervención de las fuerzas de seguridad de Estados Unidos, cuando en realidad están cediendo a que vengan aviones de guerra del ejército norteamericano a aterrizar en Toluca o a sobrevolar el territorio nacional en estados como Michoacán. “No hay operaciones conjuntas en México, lo que hay es información que puede proveer alguna agencia de los Estados Unidos o el propio Comando del Norte, a las fuerzas federales mexicanas, para la ubicación de alguien, que es de interés de Estados Unidos o de alguien que es de interés de México. No hay operativos conjuntos, por qué lo dijo el director del FBI, pues no lo sé”, contestó ayer la presidenta, quien negó que agentes estadounidenses hayan operado en México.
Mientras tanto ayer desde California, el abogado de Wedding, Anthony Colombo, reiteraba que él tiene toda la información sobre la captura de su cliente en territorio mexicano y cuando le preguntaron sobre por qué el gobierno de México hablaba de una “detención”, su respuesta fue más que clara: "Se puede entender por qué se ha hecho esa declaración. Porque si el gobierno de Estados Unidos entra unilateralmente en un país soberano y detiene a alguien, se puede entender la preocupación que pueda tener esa entidad soberana. Pero fue detenido en México", insistió el abogado Colombo.
Así que todo indica que la presidenta está cediendo y aceptando en privado, bajo las presiones del gobierno de Trump, mucho más de lo que nos dice a los mexicanos en público. Y pretende continuar con su discurso demagógico de que defiende la soberanía, cuando en la realidad ha tenido que aceptar mucho más que el “intercambio de información” con Washington.
A menos que la doctora no esté enterada y que algunos de sus colaboradores de más confianza estén aceptando a sus espaldas intervenciones conjuntas de las fuerzas estadounidenses sin darle mayores detalles a la presidenta, aunque eso sería aún más grave. En todo caso, cada vez es más evidente que desde el gobierno están ocultando información sobre los acuerdos privados que negocian con el gobierno trumpista, y pretenden engañar a los mexicanos con versiones oficiales falsas y con una supuesta defensa a ultranza de la soberanía, mientras les abren a los gringos la puerta trasera para que operen en el territorio y el espacio aéreo mexicanos.
NOTAS INDISCRETAS… Aunque la gobernadora Marina del Pilar Ávila ya confirmó que su exesposo Carlos Torres es investigado por narcotráfico, lavado de dinero y tráfico de armas por parte de la Fiscalía General de la República, hasta ahora poco se habla de los colaboradores que integran la red de complicidades del exmarido de la gobernadora que operaba todo tipo de negocios, lícitos e ilícitos en el gobierno de Baja California. Uno de los operadores de Torres es conocido como Arnulfo “Fufo” Guerrero León, quien fue impuesto como secretario general del ayuntamiento de Tijuana, como una palanca con la que el esposo de la gobernadora influía en el municipio que representa el paso más importante entre México y Estados Unidos. Al amparo del poder de Carlos Torres, El Fufo ha logrado crear una estructura de complicidad entre autoridades estatales y municipales de Baja California con la que igual extorsiona a empresarios locales, que crea una guerra sucia en contra de todo aquel que su jefe considere un enemigo. Según cercanos al exmarido de Marina del Pilar, Arnulfo Guerrero está a cargo de la guerra sucia, pues maneja portales de noticias, redes sociales y bots para atacar a periodistas, empresarios y funcionarios que rechazan sumarse a los intereses de Carlos Torres, a cambio recibe dinero y protección criminal. Y para mayores señas su chofer personal es nada menos que Alberto Castellanos “El Lima Coca”, quien fuera sicario del Cártel de los Arellano Félix. ¿De todo eso no estaba enterada la gobernadora que le dio manga ancha y todo el poder para operar a su esposo? Difícil creer que la ceguera del amor le impidiera saber con qué clase de persona compartía su vida y el gobierno de Baja California… En los pasillos de la Suprema Corte, ahora que quieren deshacer el entuerto en el que ellos mismos se metieron con sus camionetas blindadas, se escucha que toda la operación para la compra de los lujosos vehículos por asignación directa, la realizó José Alberto Gallegos Ramírez, integrante del Órgano de Administración del Poder Judicial, y quien es el hombre de todas las confianzas del presidente Hugo Aguilar Ortiz. Aguilar Gallegos fue propuesto por el ministro presidente para integrar dicho órgano administrativo en donde opera para sacar todos los asuntos utilizando a Reyna María Basilio, la titular de la Unidad Administrativa de la Corte para que apoye sus votaciones. Así se aprobó el 5 de diciembre de 2025 la adquisición de las nueve camionetas “con cualidades especiales de seguridad” en una sesión en la que los integrantes del Órgano de Administración Judicial votaron unánimemente por adjudicar directamente y sin licitaciones la compra de las 9 jeep cherokees blindadas que tuvieron un costo total de 22 millones 112 mil 73 pesos, según consta en el acta oficial de dicha sesión. Así es como en los tiempos de la “austeridad” morenista los ministros, que ante el escándalo tuvieron que renegar de sus camionetas lujosas, ahorran gastando el dinero de los contribuyentes… Los dados mandaron Doble Serpiente. Caída libre.