Ley eléctrica, empieza la batalla real

Salvador García Soto

La contrarreforma eléctrica del Presidente enfrentará una artillería de fuego jurídico en el que la última palabra la tendrán los ministros de la Corte

Si lograr que le aprobaran la Ley de la Industria Eléctrica fue un asunto de trámite para López Obrador, que en pos de su reforma hizo valer no sólo su derecho de iniciativa preferente, sino también su mayoría de Morena convertida en aplanadora incondicional en el Congreso, ahora que ya fue promulgada y entró en vigor la nueva legislación —con su publicación el martes pasado en el Diario Oficial de la Federación— comienza la verdadera batalla que enfrentará el presidente y su 4T en tribunales del Poder Judicial y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación a donde llegarán las acciones y controversias para impugnar la constitucionalidad de la reforma eléctrica lopezobradorista.
 
Los empresarios e industriales afectados con las disposiciones de la nueva ley, que le devuelve a la CFE el monopolio de la generación eléctrica en el país, ya anunciaron que interpondrán en las próximas horas una “ola de demandas de amparo” en contra de la legislación que afecta contratos y derechos adquiridos por las empresas privadas en el sector eléctrico. La Concamin, que agrupa a las principales cámaras industriales, y un grupo de empresarios de Nuevo León, que amenaza con un “tsunami de amparos” que se cuentan por cientos, pedirán a la justicia federal que analice y resuelva los daños que la nueva legislación causará a los esquemas de autoabasto y con ello a la competitividad de las empresas, por el encarecimiento que prevén en la energía generada por CFE, además del daño al medio ambiente.
 
Pero, aunque los amparos de empresas privadas se contarán por cientos y quizás hasta miles, esa será la vía más lenta para tratar de tirar la reforma eléctrica de López Obrador. Las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad, que ya preparan varios gobernadores estatales y grupos de senadores y diputados de oposición, serían la ruta jurídica más rápida y efectiva para intentar echar abajo las reformas aprobadas en fast track y sin atender las exigencias de la oposición para un ejercicio de parlamento abierto, por las mayorías de Morena en el Senado y la Cámara de Diputados.
 
Eso sí, lo más rápido que podrían presentarse las primeras acciones y controversias sobre la constitucionalidad de la Ley de Industria Eléctrica, sería en al menos tres semanas, pero de ahí a que se arme el proceso para su admisión y discusión por el pleno de la Primera Sala de la Corte, pasarían meses, según estiman fuentes consultadas en la propia Corte. Lo que significa que, cualquier discusión y decisión que se dé entre los ministros de la SCJN, sería necesariamente después de las elecciones federales y locales del próximo 6 de junio.
 
“Veo muy difícil que salga antes… por el tiempo que toma armar el proceso, notificar los trámites, estudiar, listar, circular para estudio de todos, etc.”, comentó a esta columna un funcionario de la Suprema Corte, que consideró muy probable que se admitan tanto las controversias como las acciones de inconstitucionalidad, pero el resultado final de la votación de los ministros, dependerá de los argumentos y planteamientos que hagan los actores políticos que decidan impugnar la constitucionalidad de la ley eléctrica.
 
En el caso de los gobernadores, entre ellos los de Jalisco, Enrique Alfaro, o de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, entre otros que ya han pedido a las áreas jurídicas de sus gobiernos que preparen recursos de inconstitucionalidad contra la reforma de López Obrador, lo más probable es que los estados opten por presentar acciones de inconstitucionalidad, porque la Controversia Constitucional se refiere más a un tema de invasión de competencias que no se aprecia, de entrada, en la nueva ley eléctrica, aunque al final todo depende de la argumentación jurídica que cada actor plantee en sus recursos.
 
Así que, ya sea por vía de los amparos, que serán masivos pero tardan mucho más para llegar a la Corte porque primero deben de resolver los jueces de distrito, o sea por los recursos directos de la Controversia o la Acción de Inconstitucionalidad, que van directos al conocimiento de los ministros, aunque también llevarán varios meses para ser analizados y discutidos, lo que es un hecho es que la contrarreforma eléctrica del presidente, que  buscó borrar la reforma de Enrique Peña Nieto en ese sector, devolviéndole todo el control y la preponderancia a CFE en contra de las empresas privadas, enfrentará una artillería de fuego jurídico en el que, una vez más, la última palabra la tendrán los ministros de la Corte. Y a ellos también les lloverá fuego y todo tipo de presiones para saber si en este tema apoyan o rechazan una ley que es de la mayor prioridad para López Obrador.
 

NOTAS INDISCRETAS…

El reportaje del diario español El País, que señaló ayer a la senadora Sylvana Beltrones de haber realizado un depósito por 9 millones de dólares en la Banca Privada de Andorra en el año 2009, generó todo tipo de reacciones. Desde las especulaciones sobre el origen del dinero con el que vinculaban al padre de la senadora, el exdirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, hasta los señalamientos de un trasfondo político y electoral, con miras a los próximos comicios de junio, en donde algunos políticos quisieron mandarle un mensaje al exlíder priista que mantiene una fuerte influencia en su natal Sonora. La investigación del periodista José María Irujo asegura que el dinero que habría depositado Sylvana era propiedad de Alejandro Capdeville, exdiputado y exdueño de medios en Sonora, quien una semana antes del depósito de la senadora Beltrones habría cobrado en el mismo banco 10 millones de dólares de una firma que gestionaba los derechos de la empresa Televisa. Según el periodista, el caso estaría siendo investigado ya por la Fiscalía General de la República, que estaría indagando no sólo a la senadora, sino también a Manlio Fabio, a su esposa y al empresario Capdeville. Anoche mismo tanto Sylvana Beltrones como el exdirigente del PRI emitieron cartas de respuesta a la publicación del diario español. La senadora priista dijo no tener “ninguna cuenta ni fondos bancarios en el Principado de Andorra ni en Banca Privada de Andorra (BPA) ni en ninguna entidad, ni a mi nombre ni de ninguna sociedad o estructura que pueda ser última beneficiaria”. Explicó que el dinero mencionado provenía de una compra de un inmueble ubicado en Julio Verne 39, en Polanco, que fue adquirido por el Consejo de Administración del banco BPA, en donde operaba una empresa comercial de nombre HABICA, de la que ella era socia del 50%, mientras que la propiedad y la licencia de uso comercial eran de Alejandro Capdeville, quien recibió una oferta del banco andorrano, misma que aceptó y les vendió el inmueble junto con la licencia comercial para instalar oficinas del BPA. Según Sylvana Beltrones, por esa transacción ella recibió parte del pago como socia de HABICA y ese dinero le fue depositado en el mismo banco BPA por lo que “el origen de los fondos fueron los propios de la entidad bancaria andorrana, por tanto, los fondos son de origen lícito y no cabe de ninguna manera ningún otro posible origen”. Por su parte Manlio Fabio Beltrones afirma que “mi esposa y yo no tenemos cuenta bancaria alguna en Andorra. Jamás he depositado, transferido y/o invertido recurso alguno en ese país que, por cierto, no conocemos. No existe elemento objetivo alguno que permita a las autoridades andorranas involucrarnos en investigación alguna. Deben tener claro que México es un país de leyes, con instituciones sólidas, las que el sistema democrático les ha permitido consolidarse como garantes de los derechos humanos de los ciudadanos”. El exdirigente del PRI remata su carta acusando que “formular acusaciones sin sustento resta seriedad a las investigaciones y sólo podría obedecer a otras intenciones en tiempos electorales”. Habrá que ver si la información que difundió El País corresponde realmente a una investigación de la Fiscalía mexicana o si se trata sólo de datos que salieron a relucir en el proceso judicial llevado a cabo en Andorra en contra de varios políticos mexicanos. Porque en el reportaje del periodista José María Irujo se cita un dato que señala que en su momento la jueza andorrana que llevaba el caso situó el pago de la filial de Grupo Televisa a Capdeville como una supuesta comisión a Manlio Fabio Beltrones en compensación por la aprobación de la llamada “Ley Televisa” aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados en abril de 2006. Sin embargo, cuando se aprobó esa ley fue en marzo de 2006 y se publicó en el Diario Oficial el 11 de abril de 2006. En ese momento Beltrones Rivera no era diputado federal porque su periodo inició en septiembre de 2006, es decir que no participó ni votó en al proceso de la citada Ley Televisa. Anoche entre el cúmulo de especulaciones que rodeaban a la publicación española, algunos afirmaban que era información que estaba proporcionando a las autoridades mexicanas el abogado Juan Collado, amigo cercano de Beltrones. Le preguntamos directamente a un político de los más allegados al sonorense por ese supuesto origen y su respuesta fue: “Estamos seguros que no (de Collado), pero sí de algún político interesado. Las imprecisiones lo descalifican por completo. En todo caso habría que preguntarse en el clima electoral que estamos viviendo ¿quién le teme a Beltrones?”, dijo el colaborador beltronista. Veremos si la Fiscalía de Alejandro Gertz Manero tiene algo que decir al respecto…Los dados mandan Capicúa. Se repite el tiro.

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