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La Consulta, la Constitución y la apatía de la 4T

Salvador García Soto

Nadie se acordó de incluir la Consulta Popular para enjuiciar a expresidentes en el Presupuesto 2021

Con la dichosa “Consulta Popular para enjuiciar a expresidentes”, que tanto promovió y presionó el presidente López Obrador —al grado de revivir muertos para que firmaran y de someter a la Suprema Corte— están pasando cosas muy extrañas una vez que este ejercicio fue aprobado por el Congreso y que comenzó oficialmente el proceso constitucional para su realización. La primera cosa inexplicable es que, habiendo sido una propuesta presidencial, ni el Ejecutivo ni la mayoría de diputados de Morena se acordaron de incluirla en el Presupuesto de Egresos federales 2021, en donde no hay ningún apartado o partida para costearla y ni siquiera se menciona a la Consulta Popular.

La otra cosa aún más extraña y que representa una violación a la Constitución, fue lo que hicieron las Cámaras de Diputados y Senadores al modificar el decreto original por el que se expidió la Convocatoria para la Consulta Popular y cambiar la fecha de entrada en vigor de dicho decreto. El Congreso de la Unión publicó en el Diario Oficial de la Federación el 28 de octubre de 2020 el decreto con la Convocatoria a la Consulta con la redacción de un artículo Primero Transitorio que a la letra decía: “El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación”.

Eso significaba que a partir del 28 de octubre arrancó el proceso para la consulta popular, pero 7 días después, el 5 de noviembre pasado, las mismas mayorías de Morena en ambas cámaras modificaron ese transitorio y le cambiaron la redacción y la fecha de entrada en vigor: “El presente Decreto y la Convocatoria de Consulta Popular que se expide, entrarán en vigor el jueves 15 de julio de 2021, sin perjuicio de que el INE ejecute las acciones preparatorias para la realización de consulta popular”, dice la nueva redacción aprobada por los morenistas.

Lo que ocurrió fue que, después de que habían publicado el decreto con la primera fecha de entrada en vigor el 28 de octubre, las bancadas de Morena se dieron cuenta de que habían cometido un error, pues el artículo 35 de la Constitución, que regula las consultas populares, establece claramente que “durante el tiempo que comprende el proceso de consulta popular, desde la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental, de cualquier orden de gobierno, salvo aquellas que tengan como fin difundir campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a los servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia”.

Es decir, que al entrar el vigor la convocatoria de la Consulta el 28 de octubre pasado, desde ese momento el gobierno federal no podía difundir ninguna campaña de propaganda ni publicidad gubernamental, incluidas las conferencias mañaneras del presidente López Obrador, porque la Constitución lo prohíbe tajantemente para que las autoridades federales no puedan influir en los ciudadanos y sus respuestas a la pregunta de la Consulta Popular. Cuando alguien en Palacio Nacional, seguramente en las áreas jurídicas, puso el grito en el cielo y les señaló su error a los diputados y senadores morenistas, estos trataron de resolver su yerro que hubiera molestado mucho al presidente, al más puro estilo mexicano y violentando todo el proceso parlamentario y constitucional: “modifica el transitorio y cámbiale la fecha para que entre en vigor hasta el 15 de julio, dos semanas antes de que se realice la Consulta el 1 de agosto, y de ese modo la prohibición de propaganda y campañas del gobierno y, sobre todo de la Presidencia, sólo se tendrán que suspender dos semanas”.

El tema es tan delicado que ya varios juristas y constitucionalistas han cuestionado la manipulación y el desaseo del Senado y la Cámara de Diputados al mover una fecha que ya había entrado en vigor desde el momento que se aprobó y publicó en el DOF y cambiarla por otra fecha aprobada en fast track para permitir que el gobierno federal continuara con su difusión y propaganda.

Pero los problemas para la Consulta no terminan ahí. Ante el hecho de que los diputados de Morena hayan ignorado prácticamente la solicitud del presidente y el mandato de la Suprema Corte para que se publicara y realizara dicha Consulta, y que no le hayan destinado ni un solo peso para su realización, incluso eliminando el presupuesto de 1,400 millones de pesos que había solicitado el INE, ahora los consejeros electorales se preparan para presentar una Controversia Constitucional ante la Corte, en contra de la Cámara de Diputados por obstaculizar el proceso para la Consulta y tratar de evitar así el derecho de participación que la Constitución otorga a los ciudadanos. “Ahora el INE será el primer promotor de que se realice la Consulta y de que se haga en las mejores condiciones para los ciudadanos que tienen derecho a ser consultados”, nos explicó un integrante del Consejo General del INE que cuestionó que “ahora parece que ni a López Obrador, que tanto insistió, ni a las bancadas de Morena en el Congreso les importa la Consulta”.

Así es que veremos cómo termina todo este asunto de una Consulta que primero fue un capricho presidencial, que los llevó a presionar y someter a ministros de la Corte para que la declararan constitucional, y que luego el mismo gobierno y su mayoría legislativa le negaron los recursos para llevarla a cabo. Pareciera que luego de la redacción confusa y pantanosa que aprobó la mayoría de la Corte, en la que incluso se abre la puerta no sólo a enjuiciar a los expresidentes, sino al actual presidente de la República o a sus funcionarios, López Obrador perdió interés por este ejercicio que tanto promovió y que, tal y como quedo planteada su redacción, podría ser un arma que utilizara la oposición en contra de su propio gobierno. ¿Ya no gustó la Consulta y por eso ahora la quieren sabotear? Es pregunta.

NOTAS INDISCRETAS…

El desencuentro o choque, como se le quiera llamar, entre Marcelo Ebrard y Hugo López-Gatell es ya público e inocultable. Cada que el canciller sale a hablar por la mañana de la inminente llegada de una vacuna contra el Covid a México, el subsecretario lo contradice y descalifica por la noche en sus alocuciones vespertinas. El martes, por ejemplo, Marcelo anunció que la vacuna de Pfizer podría llegar a nuestro país en diciembre próximo y comenzar a aplicarse de inmediato, luego de que ese laboratorio ya está por obtener el registro de las autoridades sanitarias estadunidenses de la FDA, y lo que durante todo el día los medios dijeron que era sin duda “una buena noticia”, por la noche López-Gatell la cuestionó diciendo que “no cantemos victoria anticipadamente, tampoco seamos pesimistas, creo que es fundamental tener una postura mesurada, amparada en el conocimiento técnico específico de las cosas y todos busquemos facilitar que todos tengamos vacunas lo más pronto posible”, al señalar que la disponibilidad de la vacuna en México depende no sólo de un trámite administrativo sino también de verificaciones técnicas y científicas. ¿Entonces, a quién le hacemos caso, al canciller que nos dice que en diciembre habrá vacunas, o al subsecretario que dice que, aunque es su deseo, no hay que anticipar vísperas? Usted decida… Mientras intenta apagar los fuegos en Nuevo León y San Luis Potosí, donde los morenistas rechazan las alianzas con PT y PVEM, Mario Delgado sigue operando en los otros estados donde se elegirá gobernador para tratar de definir a los candidatos de Morena, ya sea por medio de un consenso entre todos los aspirantes o a través de una encuesta que defina al mejor posicionado. El martes por la tarde el dirigente morenista se sentó en sus oficinas con los aspirantes a Baja California a los que pidió “privilegiar el proyecto de la 4T antes que sus intereses”. Al encuentro en la sede morenista acudieron Mario Escobedo, secretario de Economía estatal; los alcaldes de Ensenada, Armando Ayala, y de Tijuana, Arturo González; el senador Gerardo Novelo y la alcaldesa con licencia de Mexicali Marina del Pilar. Al salir de la reunión que duró un par de horas, entre algunos de los asistentes aseguraban que si la candidatura se define por encuestas la que llevaría ventaja sería Marina del Pilar, pues además de su buen posicionamiento en los sondeos, es la que mejor transita con el gobernador Jaime Bonilla, que prácticamente ha vetado al alcalde de Tijuana, Arturo González. Además, la idea de una mujer candidata en BC ayudaría también a que Morena cumpla la cuota de género impuesta por el INE… Se baten los dados. Escalera doble.

@SGarciaSoto

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